“La estafa a los trabajadores es de tal dimensión que todos los meses les llegan los recibos de sueldo pero jamás les depositan sus salarios”, repudió el diputado Carlos del Frade al reclamar al gobierno provincial que intime a los dueños de la empresa láctea por la situación que alcanza a 700 empleados.

Lejos de una resolución, el conflicto con Lácteos Verónica se agrava. A sus 700 trabajadores de las tres plantas de la firma siguen sin pagarles y la deuda ya acumula ocho meses. A raíz de esto, el diputado provincial Carlos del Frade envió un proyecto a la legislatura santafesina.

El legislador reclama que el Ejecutivo provincial –a través de su Ministerio de Trabajo– intime a los titulares de la empresa a pagar los salarios adeudados y además genere medidas para retrotraer los cincuenta despidos de personal administrativo que se produjeron entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto de 2026.

Además, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) reclama “que la provincia verifique si algunas de las plantas están trabajando para capitales mexicanos en alquiler que se tributa a la familia Espiñeira, la propietaria y responsable de esta estafa a las trabajadoras y los trabajadores de la provincia de Santa Fe”.

Verónica cuenta con plantas en las localidades santafesinas de Lehman, Suardi y Classon. A los 50 despidos en las áreas de administración y ventas, se le podrían sumar “una segunda tanda”, lamentó Del Frade, quien además apuntó contra el cierre de la sucursal de Rosario, con 9 personas en la calle. También se registraron dos despidos en Totoras “al mismo tiempo que se desmantelaron otras en la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata y Boulogne”, cuestionó el dirigente.

“La estafa a los trabajadores es de tal dimensión que todos los meses les llegan los recibos de sueldo pero jamás les depositan sus salarios.Una medida empresarial más parecida a la provocación que a la solución del conflicto producido por la familia Espiñeira, propietaria de la misma”, se quejó Del Frade, y afirmó que “resulta inadmisible” que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe “no haga valer su dimensión estatal a favor de las 700 familias de Lácteos Verónica”.

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