Y en ese error entregamos / La grandeza del pasado / Y en ese error nos quedamos / 300 años esclavos (La maldición de Malinche, Gabino Palomares)
El gobierno de Javier Milei sigue firme con su proyecto de ley de libertad educativa que, entre otros objetivos, busca quitarle la responsabilidad al Estado de garantizar el derecho a la educación. La mercantilización educativa y la desobligación de ir a la escuela son dos de las consecuencias inmediatas de lo que pretende la iniciativa del Ejecutivo.
Este avance de la derecha fue una de las alertas que manifestaron las y los docentes durante la última jornada de lucha –el lunes 3 de agosto– convocada a nivel federal por la Ctera.
“La escuela sigue siendo la última frontera de lo público; por eso el ataque y el intento de ley de libertad educativa”, advirtió la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, durante la marcha que acompañó al paro nacional de la organización docente. Vinculó la iniciativa oficial con la entrega de la soberanía en todos los órdenes que impulsa el gobierno libertario. “Es extranjerizar la educación”, subrayó. “Ese proyecto de ley, que está difundiendo por todos lados el gobierno de Milei, va a profundizar el ajuste”, resaltó la dirigenta del magisterio.
El gobierno presentó esta iniciativa de libertad educativa públicamente y para su tratamiento el 9 de diciembre de 2025. A grandes rasgos, pretende derogar y reemplazar la actual ley de educación nacional 26.206, aprobada con importante apoyo de los distintos sectores de la democracia en 2006.
Alesso recordó que el articulado de la idea libertaria “autoriza a grandes empresas a brindar educación e incluso autoriza al homeschooling”, como mejor se conoce a la «educación en la casa», por fuera de la escuela. Una y otra medida buscan borrar la obligatoriedad de la enseñanza pública y abrirle la puerta a la privatización educativa.
En sus declaraciones, Alesso repasó la reforma menemista de los 90, expresada en la Ley Federal de Educación 24.195. Lo hizo para asegurar que el actual proyecto libertario es peor que el de aquellos años. La Reforma Educativa –como también se conoció a la ley federal– “intentó que la escuela sea una escuela mínima” para los sectores de las y los trabajadores. Quiso “destruir esa posibilidad de progreso y ascenso social” que representan la escuela secundaria y la universidad.
La dirigenta de Ctera rechazó el proyecto oficial en marcha y reiteró el reclamo de inversión educativa, de asegurar el financiamiento y que se convoque a la paritaria nacional docente.
Siete puntos clave
La Secretaría de Educación de la Ctera presentó un material digital con aportes de los gremios docentes de las distintas jurisdicciones, de especialistas en educación de diferentes ámbitos, acerca del proyecto de ley de libertad educativa.
A manera de síntesis, la Ctera repasa una serie de puntos centrales que caracterizan al proyecto de Milei y dan razones para el rechazo.
-Antidemocrático y antipopular: Al proponer la derogación de la Ley de Educación Nacional 26.206 desconoce el proceso histórico de aprobación de esta norma, además de las “instancias democráticas de debates plurales y construcción colectiva” que se dieron para llegar a la actual ley.
-Desconoce el rol principal e indelegable del Estado: El proyecto de Milei desplaza al Estado “como garante del derecho a la educación pública y del financiamiento educativo”. Traslada esa responsabilidad a las familias. Lo hace a través del subsidio a demanda, del sistema de vouchers educativos, de vales y créditos para familias y estudiantes, entre otros medios de financiamiento.
-Define a la educación como un servicio y al conocimiento como una mercancía: La iniciativa libertaria “promueve un cambio radical sobre el sentido de la educación basado en el principio del derecho social y humano”. Así, pasa a ser considerada como un servicio, “quedando sometida a las reglas del mercado y a un proyecto de país dependiente”.
-Vulnera derechos laborales: El proyecto es “una reforma laboral encubierta”. Al considerar a la educación como “un servicio esencial” va en contra del derecho a la protesta y profundiza “la tendencia privatizadora en el campo educativo”. Entre otras cuestiones, “impulsa la evaluación de la tarea docente vinculada al desempeño estudiantil y plantea de manera anti estatutaria el acceso, la promoción y la remoción docente”.
-Fragmenta el sistema educativo nacional: La propuesta “desarticula la unidad nacional de los conocimientos y de la cultura”. Y afecta “la construcción de la identidad nacional y la distribución democrática de los conocimientos”.
-Desvirtúa los principios de “libre elección”y “autonomía institucional”: Por un lado, “la supuesta libre elección que tendría cada familia para escoger la escuela de sus hijos queda condicionada por los recursos económicos y las trayectorias sociales y culturales”. Por otro, la creación de Consejos Escolares de Padres –contemplados en el proyecto libertario– “además de patriarcal, abre las puertas a una injerencia que, bajo la idea de la autonomía, no hacen más que interferir en la toma de decisiones”.
-Promueve la desescolarización. La iniciativa de la derecha “promueve el individualismo, la meritocracia, la competencia y el «sálvese quien pueda»”. Lo hace a través de la habilitación del homeschooling o de plataformas que “también avanzan con la colonización cultural”.
Más aportes para “la resistencia organizada”
Entre otros aportes reunidos en el documento está el artículo Ley de libertad educativa: un primer ejercicio de análisis, de la educadora Gabriela Diker. Un valioso análisis en el que, entre otros conceptos, asegura: “El propósito central de esta ley no es mejorar la educación sino extender la aplicación de los principios antiestatistas al campo educativo, con independencia de la complejidad y la especificidad de los problemas del sistema, de su historia, sus tradiciones, del análisis de lo que ya se probó y no funcionó; dicho de otro modo, la ley de libertad educativa no es otra cosa que un capítulo más (junto con el laboral, el cultural, el científico, el de la salud) de la batalla contra el Estado que este gobierno convirtió en política de Estado”.
Otra de las contribuciones para este debate necesario –y que desde la Ctera denominan “para la resistencia organizada”– está el elaborado por Renata Giovine (Unicen), María Betania Cerrutti (UNLu), Myriam Feldfeber (UBA), Fernanda Saforcada (UBA) y Nora Lanfri (UNC), de la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación (Anfhe).
Según analizan, una pregunta fundamental “a realizarse frente al documento pasa por el tipo de educación que pretende, para qué proyecto de país y para cuántos”. Señalan que “los dos primeros años de gobierno de Milei no dejan lugar a dudas de que sus políticas responden a las demandas del capital internacional y nacional, que prioriza lo financiero por sobre lo productivo, avanzando de esta manera en la destrucción de la industria nacional y de los puestos de trabajo”.
Y que –concluyen– “en el marco de las políticas anarco-capitalistas y conservadoras, todo parece indicar que estamos frente a un modelo de país que renuncia a su soberanía en muchos aspectos”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 8/8/26
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