Ante el primer aniversario de la tragedia de Sol Líneas Aéreas ‒el avión de la empresa rosarina del grupo Transatlántica caído sobre la cordillera de los Andes el 18 de mayo de 2011 en el que murieron 22 personas‒, recuperó espacio en los medios de comunicación el reclamo de los familiares de las víctimas, un clamor que estuvo desaparecido de la agenda pública durante meses. El lunes 14 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la denuncia realizada en agosto de 2011 por la Asociación de Pilotos de Línea Aéreas de Argentina (ALPA), sobre “ocultamiento deliberado de restos humanos y piezas” de la aeronave, y la noticia provocó una airada reacción de madres, hermanos e hijos de pasajeros y tripulantes, quienes sostienen que una red de complicidades ha tendido un manto de impunidad sobre la investigación.
En el marco de un notable silencio los familiares de los 22 fallecidos realizan desde hace casi un año, y a través de las redes sociales, una campaña de memoria y reclamos que tiene como principal blanco de sus críticas a la propia empresa de aeronavegación. “Las pruebas no aparecen, los empleados de la empresa venían denunciando deficiencias, las causas del accidente todavía son un misterio. A pesar de eso, la empresa reanudó sus vuelos”, dice uno de los volantes colgados en la web por los familiares, que después remata: “No vueles con Sol, te puede costar la vida”.
Un simple correo
La reciente y cruel novedad llegó a los familiares a través de un correo electrónico enviado por orden del juez de la causa, Leónidas Moldes. “En atención a los resultados enviados por al Área de ADN del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comienza el mail tipeado por los empleados del juzgado federal de Bariloche. “Se ha establecido de forma inequívoca por medio de la técnica de ADN que entre los elementos hallados con posterioridad a retirarse el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del lugar de hecho, se han encontrado restos óseos de la totalidad de las víctimas adultas del siniestro”, concluye el mensaje.
“Esta confirmación incrementa nuestro dolor y reafirma nuestra teoría que las cosas se hicieron mal desde un principio. Por eso creemos que hay pruebas suficientes para que se aparte el juez Leónidas Moldes y al fiscal de la causa. Es lo mínimo que pedimos, que la Corte Suprema le saque la causa por ineptitud”, declaró al diario Río Negro, Jorge Vargas, hermano de Luis, una de las 22 víctimas.
Vargas recordó que el pasado 2 de julio, cuando se instaló una cruz en el Cerro Negro, sorprendió a los familiares que asistieron a la ceremonia el hallazgo de gran cantidad de pedazos de la aeronave desperdigados por el lugar, que la gente fue juntando y dejando al pie de la cruz. “Esa fue la primera vez que pudimos acceder al lugar. Si bien muchos de los familiares llegaron al día siguiente del accidente, nadie nos dejó acercar ni se nos brindó información. Había un cordón policial que lo impedía. Y el juez de la causa llegó cuatro días después. En ese ínterin se veían salir vehículos transportando los restos humanos y del avión en bolsas de nailon. Todo fue muy desprolijo desde un principio por eso sospechamos que hay muchas cosas oscuras”, sostuvo Vargas.
El familiar dijo al mismo diario que desde el día del accidente y a pesar de los pedidos, no pudieron acceder a la información de la causa 8450/11 que lleva adelante del juez Moldes.
Vargas calificó como “muy frío” al correo electrónico en el que el Juzgado Federal les comunicaba la confirmación de la Corte, que establecía un plazo para poder retirar los restos de los familiares hallados en el pozo, y que indicaba que vencido ese tiempo se “dispondría su cremación”.
Pablo Mattar, abogado de familiares de las víctimas, entre ellos los de la azafata rosarina Jéssica Fontán que murió en el accidente, señaló, en diálogo con El Eslabón, que los restos de los pasajeros “se encontraron en fosas donde estaban enterrados restos humanos y del avión” y detalló que fueron descubiertos por una persona que pasaba por el lugar. “Vio que estaba removida la tierra, hizo la denuncia y de esa denuncia surge que había restos humanos y partes del avión”, remarcó Mattar.
El abogado denunció que la zona del siniestro “había sido liberara erróneamente por el juez de Bariloche Leónidas Moldes, quien levantó el cerco al poco tiempo de que se había precipitado el avión”.
El letrado señaló que “ahí se produjo una irregularidad muy importante. Todos sabemos que en un accidente, el cerco se debe levantar cuando ya se colectaron todas las pruebas. Este levantamiento del cerco ocurrió a poco tiempo de ocurrido el accidente e hizo que familiares, cuando fueron a realizar un homenaje a las víctimas en el lugar, iban caminando por el campo e iban encontrando pertenencias”. “Esto no sólo es una irregularidad sino un delito ‒subrayó Mattar‒ porque escondieron o evadieron pruebas de la investigación principal, con el agravante de haber enterrado restos humanos”.
El abogado indicó que apenas se descubrió el hallazgo de los restos escondidos, “la asociación sindical que nuclea a los pilotos de las aerolíneas inició una causa paralela a la del accidente que se abrió en la justicia federal de Buenos Aires”. La denuncia sufrió varias idas y vueltas, ya que según explicó Mattar, “el juez de Buenos Aires se declaró incompetente y giró las actuaciones a Bariloche. Cuando el juez Moldes empezó a trabajar con este material que se encontró, juntó todo el material que se halló, se cruzaron los ADN y así se determinó que esos restos pertenecían a las personas fallecidas en el accidente”.
Si bien Mattar sostuvo que “se debe investigar toda la cadena de responsabilidades relacionadas con el accidente” entre las que incluyó a los diferentes niveles del los estados municipal, provincial y nacional, y sus “respectivos órganos de control”, el letrado subrayó que el centro de la investigación se debe enfocar sobre la empresa Sol.
“Tengo una carpeta con sesenta planillas de denuncias en las que Jésica Fontán ‒la azafata rosarina fallecida en el accidente‒ informaba fallas en las aeronaves de Sol”, precisó el abogado.
“Ante la confirmación del ocultamiento de los restos humanos y de piezas del avión, la empresa debería explicar qué hacían hombres de Sol, identificados con ropa de la compañía, en el predio donde fue el accidente días posteriores a la tragedia” y remarcó que en ese sentido “quien también debe dar explicaciones es el juez Moldes”, que fue el que autorizó esa intromisión.
Este periódico se comunicó por teléfono con el Juzgado Federal de Bariloche, pero empleados del magistrado Leónidas Moldes se negaron a atender a El Eslabón, y respondieron que tenían órdenes del magistrado de no atender a este ni a ningún otro medio.
Desde el principio
El avión Saab340 de la empresa Sol Líneas Aéreas se precipitó a tierra el miércoles 18 de mayo alrededor de las 21 en una paraje cercano a la localidad rionegrina de Los Menucos, en el centro de la provincia, y murieron sus 22 ocupantes, 19 pasajeros ‒entre ellos un menor‒ y tres tripulantes. La máquina había partido de Córdoba y tenía como destino final la ciudad de Comodoro Rivadavia con escalas en Mendoza y en Neuquén, pero al partir de esta última ciudad, dio un aviso de emergencia a las 20.50 y diez minutos después cayó a tierra, donde explotó y se incendió.
Sol Líneas Aéreas pertenece al grupo rosarino Transatlática, propiedad del empresario Giuseppe Angeli. La compañía dio sus primeros pasos de la mano del ex gobernador justicialista Jorge Obeid, quien ofreció un subsidio de 9 millones de pesos para costear el precio del combustible.
Sol Líneas Aéreas comenzó a tomar vuelo el 28 de diciembre de 2005 cuando el Senado santafesino aprobó a libro cerrado –y con la sola presencia de los legisladores justicialistas y socialistas– el convenio firmado entre la empresa y el gobierno de Jorge Obeid, por el cual el Estado subsidiaba con unos 9 millones de pesos a la naciente compañía aérea, durante los tres años que duraba el convenio. A cambio, la firma se comprometía a cubrir una serie de rutas como la de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Estas dos últimas nunca se cumplieron y tampoco se fijaba en el convenio la banda horaria que debía cumplir la aerolínea.
Al poco tiempo de andar, Sol dejó de prestar el servicio en la ciudad de Rafaela aduciendo que la Municipalidad de esa ciudad del oeste santafesino no había ampliado la pista de aterrizaje tal cual se había comprometido.
Actualmente Sol opera desde Rosario hacia múltiples destinos nacionales e internacionales, como General Pico, Merlo, Córdoba, Montevideo, Punta del Este, Santa Fe, Río Cuarto, Santa Rosa, Villa Mercedes, Mar del Plata, Villa Gessel, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Neuquén y, Comodoro Rivadavia.
Sobreprecios
Caber recordar las sanciones que recibió la compañía en 2009 de parte de la Secretaría de Transporte de la Nación. El mencionado ente, sancionó en enero de ese año a Sol por superar las bandas tarifarias fijadas por el gobierno.
Aquella resolución oficial señaló que en “un vuelo Buenos Aires-Gesell-Buenos Aires, al valor de la tarifa de 374 pesos se le adiciona un monto de 318,36 pesos en concepto de tasa, incluyéndose en el mismo un índice denominado de «Service Fee» por un valor de 254,32 pesos, el cual no se encuentra contemplado en las normativas en vigencia”. Por esa razón la Secretaría de Transporte decidió sancionar a la empresa aerocomercial Sol por superar las bandas tarifarias fijadas por el gobierno.
La secretaría de Transporte sostuvo que la firma “estaría violando la resolución 315 de fecha 16 de Mayo de 2008, habida cuenta que de los informes obrantes se determina que la empresa ha superado ampliamente las bandas tarifarías establecidas en todos los servicios por ella prestados”.
Por el caso la diputada provincial de Solidaridad e Igualdad (SI) Alicia Gutiérrez ingresó en febrero de 2009 a la Cámara un pedido de informes, en el que solicitó se le indique qué “fondos fueron presupuestados y cómo se ejecutaron los mismos y se explicite si la empresa ha alterado y omitido escalas, frecuencias y destinos”.
La diputada, que elevó su pedido ante una nueva solicitud de subsidios por parte de la empresa Sol, requirió “comprobar si se había cumplido con lo establecido en el convenio de colaboración entre el gobierno de la provincia y la empresa Sol Líneas Aéreas”.
“La empresa Sol Línea Aéreas ha ampliado sus destinos pensando más en una demanda turística que productiva” denunció por esos días la diputada. “Su posición monopólica en esos destinos turísticos generó abusos comerciales y superó las bandas tarifarias establecidas por la resolución 315 del 16 de mayo de 2008″.
Gutiérrez mostró en aquel pedido de informes su preocupación ante el pedido de Sol SA “de solicitar un nuevo subsidio no reintegrable”, y expresó que su inquietud se debía a “lo inadecuado de volver a subsidiar una actividad económica de riesgo para brindar un servicio de transporte aéreo regional a los sectores de altos ingresos de la población con un fin fundamentalmente recreativo y turístico”.
Gutiérrez concluyó su pedido de informes, señalando que “sería oportuno desarrollar una política de transportes de carga y de pasajeros más diversificada y que genere beneficios al conjunto de la población y no solamente a un sector de la misma. Por ello consideramos imprescindible la utilización de los dineros públicos en apoyo de los medios masivos de transporte y en detrimento de aquellos medios considerados de elite como las líneas aéreas”.
Durante la gestión del ex gobernador Binner, diferentes líneas de subsidios se siguieron sucediendo en favor de Sol.
“No fue un accidente”
“Siento que lo que pasó no fue un accidente, creo que con mayores precauciones se pudo evitar”, dijo una de las trabajadoras de Sol Líneas Aéreas el martes 24 de mayo de 2011, compañera de Jésica Fontán, la azafata rosarina fallecida en el avión estrellado. La tragedia sufrida por los 22 pasajeros ‒entre ellos un bebé‒, no parece haber sido mensurada con la misma vara que otros “accidentes” como el de Lapa o el más reciente ocurrido en la estación de trenes de Once.
Las denuncias realizadas por la Asociación Argentinas Aeronavegantes (AAA) a una semana de la tragedia, desde donde se señaló que Fontán había radicado reclamos sobre las malas condiciones laborales en las que exigían volar a la tripulación, fortaleció la demanda de Justicia de los familiares, quienes desde un perfil de facebook, solicitan nada menos que “castigo a los responsables”.
Las declaraciones de las cuatro compañeras de Jésica Fontán realizadas a pocos días del siniestro ‒ya publicadas en este medio‒, más las irregularidades señaladas por los abogados de las víctimas, multiplicaron las críticas hacia la compañía.
El secretario general de la Asociación de los Aeronavegantes, Ricardo Frecia, había manifestado a pocas horas de conocida la mortal caída de la nave, que la azafata rosarina Jésica Fontán, había denunciado “irregularidades en las condiciones de trabajo”.
“No tenemos constancia de esas denuncias en la empresa”, se había apurado en desmentir esos días el vicepresidente de Sol Líneas Aéreas, Juan Nyffenegger. Nyffenegger no se salva de la polémica que rodea a la compañía, ya que desde el despegue de la empresa de aeronavegación, el actual vicepresidente Nyffenegger, fue ejecutivo de Sol mientras al mismo tiempo era funcionario del Ente Turístico Rosario (ETUR) de la Municipalidad de Rosario, cargo que ya no ocupa pero que le permitió cosechar observaciones en el Concejo Municipal por incompatibilidad de funciones.
El secretario General de AAA, Ricardo Frecia, señaló el martes 24 de mayo que las compañeras de Jésica Fontán, “se encuentran en estado de conmoción emocional”, y que “se declaran con temor a volver a volar hasta tanto se realicen las investigaciones sobre el resto de la flota de Sol, solicitada por este gremio”.
El dirigente manifestó que la empresa Sol “ha intentado, todos los días desde el accidente, comunicarse una por una con ellas, en una actitud que suponemos de presión laboral”, y agregó que “el objetivo de los directivos de Sol es volver a la normalidad cuanto antes, intentando dejar atrás las repercusiones del accidente”.
Frecia fue más allá en su denuncia contra la empresa. Según el referente gremial, a las 6 de la mañana del 19 de Mayo de 2011, a tan solo siete horas de caído el avión, el jefe de tripulaciones de Sol SA envió un correo electrónico a todas las tripulantes cuyo último párrafo dice textualmente: “Me gustaría que cada una, como dije antes, trate de superar esto que paso y saquen fuerzas para seguir en esta profesión que eligieron que algunas veces tiene estos momentos duros de pasar”.
Otro de los hechos que generó indignación en los familiares de las víctimas ocurrió en septiembre del año pasado, cuando se conoció un documento preliminar de la Junta de Investigaciones de Accidentes de la Aviación Civil (Jiaac), sobre el “accidente” en el que se pretendía responsabilizar al piloto de la aeronave, Juan Raffo, por “no haber planificado bien” el vuelo y tomar una “decisión errónea” en momentos en que el avión perdía estabilidad por la acumulación de hielo. La cuestionada Junta, evaluó como uno de los factores que contribuyeron al accidente la extraña categoría de “probable pérdida de la conciencia situacional de la tripulación de cabina de vuelo”, y el no menos raro concepto de “Complacencia”, que según la Jiaac se explica por un “exceso de confianza que provoca una baja en el estado de alerta”.
Transaclásica
La empresa es liderada en el último tiempo por Horacio, el hijo de Giuseppe Angeli, quien es en la actualidad diputado italiano en representación de los inmigrantes que viven fuera de aquel país. Hace dos años Giuseppe fue denunciado por la oposición italiana por haber “sospechosamente” cambiado un voto a favor del escandaloso ex presidente Silvio Berlusconi, cuando este corría riesgo de ser desbancado del gobierno por primera vez. Para la oposición del parlamento italiano, el pase de Angeli a los brazos de Il Cavaliere ‒el empresario rosarino un tiempo antes a la interpelación que sufrió el primer ministro italiano en el parlamento se había alejado del partido oficialista‒, inició “la campaña de adquisiciones” de Berlusconi.
En agosto de 2009, el periódico El Eslabón informaba que Transatlántica, la empresa perteneciente Giuseppe Angelli, “dueña” de Sol Líneas Aéreas, desde hacía tres años no presentaba un balance en la oficina de personería jurídica de la provincia de Santa Fe, por lo que se desconocía su verdadero estado patrimonial. Eso fue lo que le habían notificado por escrito en ese organismo oficial al entonces diputado provincial del ARI, Aldo Strada, quien trataba de cerciorarse en esa oficina sobre el estado financiero de la empresa que se dedica a la venta de viajes, casa de cambio, operaciones bursátiles y a la aeronavegación, entre otras actividades.
Esta información ponía al descubierto el engranaje poco transparente que puso en marcha el gobierno de Jorge Obeid para que los aeropuertos de Santa Fe y Rosario, donde su gestión invirtió más de 44 millones de pesos –entre obras de infraestructura, reparaciones y accesos viales– no continúen vacíos no sólo de aviones sino de gente que compre en los negocios que se montaron en sus galerías, como si fuera una especie free shop.
La palabra de Giuseppe, líder local del derechista Per Italia Nel Mondo, bastó como aval para poner en marcha una compañía que recibe subsidios millonarios desde su formación hasta la actualidad por parte de los sucesivos gobiernos provinciales.
Los aportes a la empresa no se reducen a la gestión del ingeniero Obeid. En julio de 2009 Estado provincial financió la construcción de un hangar para Sol que demandó una inversión superior a los 2,5 millones de pesos. El hangar inaugurado, “permite la reparación de los aviones, en este caso de la empresa Sol”, según dijo Binner aquella jornada. “Son aviones grandes y necesitan un espacio más amplio para poder llevar adelante estas tareas”, explicó el entonces primer mandatario santafesino.
En un parte de prensa que todavía se puede leer en el portal oficial de la provincia, subido en ocasión del cuarto aniversario de la empresa, el ex gobernador Binner afirmó que “estas inversiones tienen un sentido fundamental en la integración y construcción de la sociedad”, para luego resaltar que el hecho de que “la vinculación de lo público con lo privado no solamente se da en la palabra, sino desde los hechos”. Binner refrendó en ese momento el apoyo oficial brindado al proyecto encarado por Sol “con el subsidio del combustible hasta que la empresa sea rentable, y también con la construcción de instalaciones para que pueda operar cómoda y eficientemente”.
Público y privado
El 14 de abril pasado, a casi once meses de la tragedia, el gobernador Antonio Bonfatti visitó las instalaciones de la empresa Sol Líneas Aéreas en el aeropuerto de la ciudad de Rosario. Según el parte de prensa colgado en el portal de la provincia, Bonfatti arribó a la terminal aérea rosarina pasada las 14 y se dirigió al hangar de la compañía aérea para recorrer las instalaciones y reunirse con sus directivos, Horacio Angelli y Juan Nyffenegger.
En declaraciones a los medios presentes y al personal de la empresa, el mandatario provincial sostuvo que “estamos orgullosos de que Santa Fe tenga su línea aérea”, y agregó que “es fundamental el entendimiento entre lo público y lo privado”.
“En la provincia –prosiguió– estamos trabajando en tres ejes: inclusión social, integración y economía del desarrollo, para fortalecer el desarrollo económico y social. Estamos en el buen camino, sigamos trabajando” concluyó Bonfatti. A su turno, Angelli, consideró que “es un honor para nosotros que el gobernador y su comitiva nos estén acompañando hoy aquí y, por sobre todo, contar con su apoyo hacia una empresa local”, y destacó que “nacimos en esta ciudad y queremos seguir creciendo aquí”.
Textuales de azafatas de Sol SA
Azafata 1: “Siempre me preocupó que las novedades de cabina las tenemos que registrar en el RNC solamente cuando la aeronave terminaba el vuelo en Rosario, porque es el único lugar donde hay mantenimiento con la capacidad de solucionar todas las novedades, si hay novedades en Buenos Aires no se pueden informar porque sino no saldría el avión y la empresa quiere que salga si o si”. “Todas, me incluyo, tenemos miedo. Yo particularmente quiero seguir volando pero me da miedo en estos aviones y me pone mal recordar a mis compañeros”.
“Siento que lo que paso no fue un accidente, creo que con mayores precauciones se pudo evitar. No creo que estén todavía dadas las circunstancias, creo que todo sigue igual que antes. Es más, ahora deben estar peor por la carga psicológica negativa que todas tenemos. Incluso me llamaron para salir a volar por parte de los reprogramadores pero se que era una orden «de arriba», ellos no me presionaron sino que cumplieron órdenes de la empresa”.
Azafata 2: “En una ocasión, nos dejaron el avión en Comodoro Rivadavia con una novedad, la alarma de fuego en bodega permanecía encendida, con lo cual no deberíamos haber salido sin antes solucionarlo. El copiloto que falleció el 18-5-2011, Adriano Bolatti como era mecánico también, lo solucionó parcialmente pero seguía encendido, despegamos con los equipajes dentro de la cabina y los pasajeros también, lo cual es una incomodidad y peligro”.
Nota publicada en la Edición N° 116 de El Eslabón
