Un padrón de 3.891.397 ciudadanos decidirá si aprueba o rechaza la Carta Magna impulsada por Evo Morales. Será la primera de las 15 que ya conoció Bolivia desde que fuera fundada en 1825, que será sometida "al voto del pueblo". La nueva Constitución, consensuada en octubre con una parte de la oposición, que introdujo más de 100 modificaciones, propone la "refundación" de Bolivia como Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, democrático y con autonomías", según lo establece el primero de sus 411 artículos.
Un padrón de 3.891.397 bolivianos decidirá mañana si aprueba o rechaza una nueva Constitución, la primera de las 15 que ya conoció Bolivia desde que fuera fundada por Simón Bolívar, en 1825, que será sometida "al voto del pueblo"..
Este proyecto constitucional constituye la columna vertebral del proceso de cambio y la "revolución democrática y cultural" con la que Morales quiere construir la "nueva Bolivia" que rompa definitivamente con su pasado "colonial" y "neoliberal".
Orientado a la integración de los pueblos indígenas o "naciones originarias", el texto garantiza "su libre determinación en el marco de la unidad del Estado" y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) y en el Tribunal Constitucional.
El texto también recoge la demanda autonómica de varios departamentos (provincias) del país, aunque sin las facultades de estatutos aprobados fuera de todo marco constitucional, que reivindican sus prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, los principales defensores del "No" a la nueva Carta Magna.
El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de nuevos estatutos autonómicos.
En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo que también reconoce la propiedad privada, comunitaria y cooperativa, con la obligación de generar "trabajo digno" y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.
Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad inalienable del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función del interés colectivo", por lo que asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.
El nuevo texto también define el carácter de la Función Económica y Social que debe tener la tierra para no ser considerado un latifundio improductivo y pasible de ser redistribuido entre comunidades indígenas, campesinas o pequeños productores.
Una de las virtudes del proyecto -reconocida hasta por algunos de sus detractores- es su amplia carta de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos.
Destacan en este capítulo las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal a servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.
Se define a Bolivia como un Estado pacifista en el que queda prohibida la instalación de bases militares extranjeras y se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, en el que queda vedado el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.
La propuesta define un Estado laico separado de la Iglesia Católica, que deja de tener el carácter de religión oficial, y se establece en igualdad de condiciones con todos los otros cultos, incluido los indígenas de los pueblos originarios.
El texto legal recoge la llamada "demanda marítima", en la que el Estado boliviano "declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo", en relación al litoral que perdió en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.
La coca, hoja sagrada del mundo altiplánico, también tiene su sitio en la nueva Constitución ya que el Estado debe protegerla como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente".
En la consulta de mañana los bolivianos deberán decidir por un lado sobre todo el texto constitucional y, en otra pregunta, dirimir el tamaño máximo -5 mil o 10 mil hectáreas- de las propiedades agropecuarias reconocidas legalmente.
La compulsa de mañana será observada por enviados de 10 países de la OEA y el Mercosur, y se desarrollará con varias medidas extras de seguridad, entre ellas que las boletas y actas de escrutinio tienen hologramas de autenticidad y las urnas tienen su parte frontal transparente.
Télam
