El Señor I ya no se sorprende ante un nuevo desfalco protagonizado por Clarín, pero no por eso lo va a obviar. Pocos días después de que el gobierno nacional presentara el anteproyecto de ley de Comunicación, que busca reemplazar la norma redactada en la dictadura, desde Artear (peso pesado clarinense) salieron a denunciar interferencias en sus señales. Sin saber a ciencia cierta cuál era la causa de los desperfectos técnicos, enseguida apuntaron los cañones contra la administración kirchnerista. Una vez que se confirmó que la señal que interfirió durante tres días la emisión de Artear provino de México, las empresas de Clarín no sólo ocultaron la información o la dieron a medias (que para el caso es lo mismo) sino que continuaron ligando las interrupciones en las ondas satelitales con una supuesta represalia del gobierno.
La noticia de las interferencias a Artear fue presentada por el canal Todo Noticias (TN), una de las empresas involucradas, como un atentado a la libertad de expresión pensado y ejecutado desde algún lugar oscuro de la Casa Rosada. Si bien no eran estas las palabras repetidas por los periodistas de turno –que dicho sea de paso tienen un nivel de altanería que sobrepasa la paciencia, al menos la del Señor I–, cada minuto de transmisión sobre el tema sentaba sospechas en ese sentido, por supuesto, sin ninguna prueba contundente.
En declaraciones al sitio web Política&Medios, Luis Lázzaro, del Comfer, resumió en pocas palabras lo sucedido, según su prisma: “Se trató de la manipulación de una circunstancia de origen técnico con una clara intencionalidad política”.
Y de esto algo sabe el Grupo Clarín, el mismo que fogonea desde la trinchera opositora cada escalada agromediática contra un gobierno elegido por el voto popular en elecciones libres. No, no soy el Señor K, soy el Señor I, pero es un dato que no puede pasar por alto ante tanta deformación de la realidad. Y sí –dirá más de uno–, desde la bienvenida a la “reorganización nacional” de la dictadura videlista, el grupo, con el gran diario argentino a la cabeza, ha seguido un línea editorial bastante coherente.
Este holding mediático que cotiza en Bolsa controla más de treinta empresas ligadas a la comunicación y a la producción de contenidos audiovisuales y gráficos: un importante actor de la vida política argentina con gran impacto en la opinión pública mediatizada. Un actor político que detesta que se lo trate como tal. Un actor político que no quiere perder privilegios.
El anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentado el 18 de marzo en la ciudad de La Plata y ya se comenzó a discutir en foros provinciales antes de que entre al Parlamento nacional. Claro está, al Grupo Clarín esta iniciativa tan esperada y peleada por organizaciones del campo popular no le hace ninguna gracia.
El grupo de Ernestina (in)Noble no le dio demasiada bolilla a la presentación de la nueva ley de radiodifusión y puso todo su énfasis en “la inseguridad que acecha al país”. Entre los puntos principales del anteproyecto comunicacional, no está demás recordarlo, se cuenta el límite a los monopolios, abre el micrófono para sectores silenciados por los grandes medios y propone que los partidos de fútbol relevantes lleguen por televisión abierta. Clarín, irritado, comenzó a despotricar contra la medida gubernamental, diciendo que atentaba contra la libertad de expresión. Y para completarla, luego se victimizó con las interferencias a Artear, insinuando que se trataba de un atentado.
Sin embargo, Eduardo Bayo, gerente técnico de Artear, explicó al diario Crítica que “si bien desconocemos la ubicación precisa del lugar, se ha logrado circunscribir el área en la que estarían instalados los equipos. Y el área, de acuerdo con Intelsat (empresa de satélites que emite la señal), corresponde a Yucatán, a una amplia zona del Caribe”.
En este sentido, Luis Lazzaro, coordinador General de Comité Nacional de Radiodifusión (Comfer), opinó en una entrevista con Política&Medios que “se intenta censurar u obstaculizar el tratamiento del debate sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en la cual se pone en debate ante la sociedad los niveles de concentración logrados en el negocio de la comunicación por parte de este sector”.
En vez de discutir el contenido de lo que se propone en el anteproyecto de ley, “se descalifica políticamente para correr el eje. La oposición adquiere visibilidad mediática con ese mismo discurso, que tampoco contesta ni pone en debate los aspectos concretos de la propuesta”, analizó el funcionario.
Según se supo, el viernes 27 de marzo la información de la procedencia de la señal ya había llegado a las manos de Artear, según explicó Bayo. No obstante, al día siguiente el grupo mediático más poderoso del país machacó con la hipótesis sobre una supuesta presión por parte del gobierno.
“La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) –una institución propatronal– deploró las interferencias a las señales de Artear y Radio Mitre” en una nota publicada en Clarín. La entidad, según se publica, “asoció el hecho con el clima de tensión que se vive en el país con los medios”. En ningún párrafo se hace referencia a los motivos ya sabidos que generaron las interrupciones satelitales. Marche un manual de ética periodística.
La única denuncia por las interferencias a Artear fue presentada por el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, a fines de que la Justicia investigue lo ocurrido.
Sin embargo, el diario Clarín escribió que “todas las gestiones oficiales para esclarecer las interferencias se reducen a la presentación judicial del Comfer. Esa presentación se despliega en un escrito, breve, de apenas dos párrafos y acompañado de recortes periodísticos relativos a la cuestión. Solicita la aplicación de penas a toda persona responsable, si efectivamente se comprueba la comisión de un delito. El escueto escrito de Mariotto fue presentado en el Juzgado Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi”.
El Señor I ya no se sorprende, pero no deja de indignarse ante tanta manipulación de la información.
