El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia informó que existe “profunda preocupación por la amenaza proferida por parte del grupo paramilitar «Los Rastrojos – Comandos Urbanos», fechada en abril" pasado contra varios senadores de ese país y más de 60 organizaciones de derechos humanos.
A través de la amenaza, que fue enviada a varios correos electrónicos, “Los Rastrojos” declaran a estas organizaciones como objetivo militar. Según el Movice, el grupo paramilitar profirió su intimidación “luego de un nuevo exhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones de derechos humanos, desplazados y sindicalistas en los departamentos de Nariño y Norte, Centro y pacifico del Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta, Boyaca y Antioquia y comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente defienden los derechos humanos”.
El organismo exige que la Fiscalía de Estado de Colombia investigue los hechos denunciados.
Agresiones durante el 1° de Mayo
El Movice, además, expresó su “profunda preocupación” por la detención de un integrante del Capítulo Risaralda durante la marcha del 1° de Mayo y la oleada de agresiones en contra de integrantes de ese organismo durante 2010. “Rechazamos la labor de agentes de la Fiscalía y la SIJIN dirigida hacia la criminalización de la labor legitima en defensa de los derechos de las víctimas”, plantea un comunicado de la organización.
Los hechos
La entidad señaló: “Al finalizar la marcha del 1° de Mayo los miembros del Movice participante se disponían a retirarse del evento. Inmediatamente, varios agentes de la SIJIN de civil y sin identificación en compañía de miembros de la Policía Nacional uniformados y sin placas que estaban filmando a los asistentes, retuvieron al integrante del Capítulo Risaralda Julián Andrés Montaño e intentaron detener a otros tres miembros del Movice”.
Gracias el apoyo de sindicalistas y transeúntes se logró evitar la retención ilegal de los otros miembros del Movice. Sin embargo, Julián Andrés Montaño fue detenido y llevado a la sede de la SIJIN, donde fue intimidado psicológicamente, aduciendo que lo iban a judicializar por terrorismo. Cuando se disponía a realizar la legalización en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía fue puesto en libertad dado que la única prueba que tenían eran fotos de la marcha del 1° de Mayo.
Antecedentes
– El Movice fue declarado objetivo militar en Risaralda por la estructura paramilitar “Los Rastrojos” en comunicado fechado el 10 de abril de 2010.
– El 13 de marzo de 2010 se realizó un allanamiento en la casa de un integrante del Capítulo Risaralda, en el que fueron incautados entre otros materiales del Movice, que fueron presentados como publicidad del Movimiento Bolivariano. Entre marzo y febrero fueron realizados un total de 17 allanamientos en contra de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y lideres barriales, con el pretexto de capturar a integrantes del Movimiento Bolivariano y grupos guerrilleros.
– El lunes 8 de marzo el Movice acompañó a las organizaciones de mujeres en un acto simbólico en conmemoración del día de la mujer. La Fuerza Pública se acercó con funcionarios del espacio público para preguntar de manera inquisidora e intimidante sobre el permiso, ante lo cual responde una de las participantes que es un acto simbólico que no afecta en nada la movilidad. Ese mismo día miembros del Movice observan dos camionetas polarizadas que realizaban un seguimiento continuo a los participantes del evento.
– El sábado 6 de marzo se conmemoró en Pereira el Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado mediante un acto simbólico para lo cual la Fuerza Pública desplegó un pie de fuerza en la plaza insinuando que estaban esperando una acción de hecho, desde ese momento policías de civil tomaban fotos a todos los miembros del Movice que desarrollaron el acto.
– El 29 de enero de 2010 fue amenazada la presidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda, la señora Maria Eugenia Londoño Ocampo, en vísperas de la Audiencia Pública por la Verdad, organizada entre otros por el Movice y la Comisión de Paz del Congreso de la República y que tenía como objetivo la visibilización de las violaciones de derechos humanos en el departamento.
Por último, el Movice exige que la Procuraduría General de la Nación investigue los hechos, y que cese la criminalización de integrantes del organismo por parte de la Fiscalía, el CTI y la SIJIN en Risaralda. “Responsabilizamos al Estado colombiano de la integridad física y la vida de los integrantes del Movice Capítulo Risaralda”, reza el comunicado.
