“La UOM no tiene ninguna actitud diferente con respecto a la posición del Gobierno", fue la desmentida del dirigente de la UOM, Francisco Guitiérrez, a la invención de los multimedios sobre un conflicto entre ese organismo y el gobierno nacional.
El integrante de la mesa de conducción de los metalúrgicos, le pinchaba así el globo al multimedios Clarín y a La Nación, que se habían subido al ventilador encendido por el voto no positivo de Francisco Cudof, representante sindical del metalúrgico Naldo Brunelli en Siderar, en ocasión del rechazo a la designación del economista Axel Kilisoff propuesta por la Anses para ocupar una de los sillones del directorio de la multinacional.
“La UOM no tiene ninguna actitud diferente con respecto a la posición del Gobierno en cuanto a la intervención y participación del Estado Nacional en las empresas donde la Anses tiene fondos invertidos”, aseveró el Barba Gutiérrez la semana pasada como para liquidar el supuesto pleito iniciado en realidad por el dueño de la acería, Paolo Rocca, e inflado por los medios amigos.
En los hechos, la ofensiva mediática de Rocca arroja luz sobre un entramado de intereses que nació con la venta de Somisa y que se fortaleció al amparo del Programa de Propiedad Participada (PPP) de acciones, la zanahoria que urdió el team privatizador de la década menemista para avanzar con el desguace del Estado.
En el caso puntual de la acería, los trabajadores fueron inducidos a convertirse en accionistas, al tiempo que el esquema permitía a la seccional San Nicolás de la UOM ocupar un sillón en el directorio de la empresa. Por esos años, Hugo Moyano tejía, casi en soledad, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).
Quienes conocen la interna de la UOM, aseguran que el último que modeló a su imagen y semejanza el sindicato fue Lorenzo Miguel y que su actual titular, Antonio Caló, suele estar condicionado. Recuerdan, además, que Brunelli hizo poco y nada para evitar la privatización de Somisa, cuando la planta se la quedó Techint por 340 millones de pesos. El Programa de Propiedad Participada representó el 20 por ciento del paquete accionario, unos 46 millones.
“Las acciones se pagaron al cinco por ciento del valor que abonó Rocca y se dividió en partes iguales entre los trabajadores. A los pocos años, al compás de la racionalización laboral, los trabajadores fueron vendiendo. Techint, en tanto, recompraba en el mercado secundario”, explicó al semanario Miradas al Sur una fuente sindical. Hoy, la participación de los trabajadores apenas alcanza al 2,5 por ciento del paquete accionario.
La misma fuente agregó que el peso “de Brunelli se nutre, en gran medida, de los tres mil trabajadores de la planta de Siderar”.
Hay otro dato que arroja luz sobre el voto del representante de Brunelli. “El año pasado, Caló se bajó de un viaje con Cristina a Canadá por sugerencia de las seccionales Campana, Morón y La Plata, todas regiones donde Techint tiene plantas. Cristina quería que Caló acompañara a Moyano a un congreso de la Confederación Sindical Internacional”, relató la fuente, ligada a las 62 Organizaciones.
Por esa misma época, Brunelli y Gerónimo Momo Venegas discutían con el obispo Jorge Casaretto, en el ámbito de la Pastoral Social, la necesidad de construir nuevos liderazgos.
Los argumentos de la Anses
La presentación realizada por los abogados del organismo, encabezados por el especialista en derecho comercial Ricardo Nissen, detalla una larga serie de irregularidades en las que incurrieron los accionistas mayoritarios de Siderar.
El escrito, que desde el miércoles pasado está en poder de Hernán Papa, titular del Juzgado Comercial Número 12, pone el acento en la “clara violación de la legislación vigente” en que incurrieron los representantes de Siderar.
La presentación subraya que el DNU entró en vigencia un día antes de la asamblea y que, eventualmente, podrían haberlo impugnado por vía judicial –como finalmente hizo Siderar–, pero nunca desconocido o evaluado su validez en la propia asamblea.
Los letrados de la Anses también señalaron la irregularidad del doble cómputo de la tenencia accionaria del organismo. De allí que pidieran que las decisiones de la asamblea sean declaradas “nulas de nulidad absoluta”.
En síntesis, el escrito concluye que “la asamblea se constituyó en una clara violación a una norma vigente”. Situación que alcanza, en consecuencia, a la decisión de los accionistas mayoritarios de distribuir 1.500 millones de pesos y de mantener unos 6.100 millones en la cuenta “reserva de futuros dividendos” sin mayores justificaciones sobre la decisión. Una situación sobre la que ya se expidió la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
“Me cago en el Congreso”
Fuentes del grupo que encabeza Rocca aseguran que durante la última semana se sucedieron, con ritmo frenético, las reuniones en el despacho de Horacio Ramón de las Carreras, en el piso 16 de la torre de Catalinas Norte, donde funciona la dirección legal del holding. Secundado por Ignacio María Casares –cursillista del Opus Dei y habitual interlocutor del ex integrante de la Corte Suprema menemista Antonio Boggiano–, De las Carerras convocó –por orden de Daniel Novegil, presidente de Ternium-Siderar– a un ejército de abogados.
Entre los consultados estuvo el estudio Bruchou, Fernández Madero & Asociados. Uno de sus socios es Enrique Brouchou, hermano de Juan, titular de Citibank Argentina. Otro de los buffets fue Naveira & Truffaut, que integran Daniel Truffat –ex secretario del Fuero Comercial– y Gustavo Naveira –hasta 1984 juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y ex subsecretario de Justicia del gobierno de Menem–. Cristrian Mitriano, director legal externo de Techint y socio de Mitriano, Caballero, Ojam & Asociados, también fue de la partida. Además del estudio Brons & Salas.
Durante los encuentros se decidió que Siderar objetaría desde lo formal el DNU, argumentando que “no hubo necesidad ni urgencia”. También allí, y ante la fragilidad de la posición, se convino que, en paralelo, se convocaría a la oposición. Según reveló a Miradas al Sur una fuente que participó de las reuniones, fue en ese contexto que De las Carreras soltó un destemplado “me cago en el Congreso”, mientras apuraba la presentación judicial.
Por esas horas, Martín Berardi –director general de Siderar– apelaba al Twitter: “Lo mínimo que pedimos es un debate en el que podamos expresar nuestras ideas”, escribía por orden de Luis Betnaza, mano derecha de Rocca.
Aquí como allá
“La postura de Techint no sorprende. Lo mismo hizo en Venezuela y México. Trafican influencias. De esta forma consiguen prebendas que les sirven para producir barato en un país y vender caro en otro”, señaló el periodista y escritor venezolano Modesto Guerrero. Autor de numerosos libros, entre ellos la biografía analítica Quién inventó a Chávez, Guerrero sabe de qué habla. Hacia 1998, como directivo de la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana, presenció desde un lugar privilegiado las artimañas y presiones de la corporación.
“La explicación del salto del grupo hay que buscarla en los negocios que hicieron en México y Venezuela. Como integrante de la cámara presencié muchas reuniones entre los ejecutivos de Techint e Ignacio Luis Arcaya, el entonces embajador venezolano, quien no era más que un empleado de Rocca. Me sorprendía el lenguaje que usaban. Un día, por ejemplo, le dijeron que necesitaban que hiciera avales en un plazo no mayor de seis meses si quería que Techint invirtiera 1.230 millones de dólares en Venezuela. ¿Cómo no van a saltar cuando el Gobierno argentino busca intervenir en la firma?”, se preguntó Guerrero.
Según el periodista, durante más de diez años, el Grupo Techint consolidó inversiones en Venezuela por 1.230 millones de dólares y obtuvo, mediante tres subsidiarias, ganancias por 1.800 millones. “Lo que no sabemos es cuánto facturaron en negro”, aclaró Guerrero. Entre otros datos, recordó que la multinacional usufructuó durante siete la electricidad producida por la represa del Gurí –la más grande de Venezuela– con el argumento de que era socio mayoritario de la estatal Sidor, y lo hizo sin pagar un solo bolívar.
Un caso testigo
Quienes conocen la jurisprudencia del Fuero Comercial señalan que los abogados de Siderar no tiene consigo las de ganar. Para fundar el pronóstico recuerdan el caso conocido como “Anses contra Emdersa”, el holding que a través de sus subsidirias Edesa, Edesal y Edelar distribuye electricidad en forma exclusiva en las provincias de Salta, San Luis y La Rioja, una de las compañías más grandes fuera del área metropolitana.
En este caso, y ante una disputa por el reparto de dividendos, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial suspendió una resolución de la asamblea que dispuso retener una suma muy importante de ganancias sin razones fundadas.
La Anses tiene el 20,96% de las acciones de Emdersa, cuyos accionistas mayoritarios, durante una asamblea concretada el 30 de abril del año pasado, se negaron a distribuir unos 38,5 millones de pesos de ganancias obtenidas durante el ejercicio 2009.
Pese a los reclamos del organismo, los controlantes resolvieron imputar el 95% de las utilidades a la cuenta Resultados no Asignados. La disputa se resolvió en febrero pasado, cuando los camaristas Pablo Heredia, Gerardo Vasallo y Juan Dieuzelde dictaron la nulidad de la asamblea y señalaron que para retener las ganancias y no pagar dividendos tiene que existir una razón evidente y clara, o detalladamente expuesta, que responda a un criterio de prudencia en la administración.
Los argumentos del fallo
Los jueces subrayaron que “resulta inadmisible, además de violatorio de las prescripciones legales, que se mantenga en el patrimonio social, en una cuenta sin destino específico, un remanente de dividendos no distribuidos”.
Además, dejaron en claro que la obligación de justificar la constitución de reservas alcanza a los administradores de la sociedad al elaborar el balance, pero también a los socios, quienes al deliberar en asamblea deben exponer fundadamente los motivos de la medida.
Un requisito previsto en la Ley de Sociedades Comerciales que, señalaron los camaristas, busca evitar “maniobras en beneficio o perjuicio de cualquier grupo de socios”.
En los hechos, los jueces fueron más allá y prohibieron a Emdersa “realizar acto alguno que importe la disposición total o parcial de las ganancias del ejercicio, perteneciente a la cuenta de resultados no asignados, salvo que se trate de la distribución del mismo a los accionistas en concepto de dividendos”, una forma de resguardar el derecho adquirido por los accionistas minoritarios.
El caso, señalan en el Fuero Comercial, tiene muchas similitudes con la disputada planteada en Siderar. También con la posición adoptada por la asamblea del 22 de abril de 2010 del Grupo Clarín, que resolvió no distribuir unos 290 millones de pesos de ganancias, que pasaron a engrosar otros 700 millones que ya abultaban los resultados no asignados del holding.
