Luego de padecer una de las represiones más violentas que hayan tenido lugar en la capital chilena desde el retorno a la democracia, los estudiantes reafirmaron su posición y le pusieron al gobierno de Piñera un plazo de seis días para rever su fallida propuesta.
Que Piñera "se haga cargo del fervor social"
La decisión de prohibir la realización de las marchas tuvo un efecto perjudicial para el gobierno de Piñera. Avivó el descontento social, no logró más que violentar la protesta y envilecer el humor político respecto al conflicto.
El mismo día en que se apaleaban estudiantes en toda Santiago, se daba a conocer la encuesta semestral del Centro de Estudios Públicos (CEP) -la más importante del país- que arrojó que el presidente Sebastián Piñera obtuvo apenas un 26 por ciento de aprobación contra un elocuente 53% de rechazo.
Se trata del peor nivel de aprobación de un mandatario desde 1990, resultado que según el analista Marco Moreno responde en cierta parte a que "hay una idea instalada de que el gobierno no está enfrentando de manera adecuada el conflicto estudiantil".
"Hay un desacierto serio en términos de la manera en que se enfrentan los problemas, y esa es la sensación que se ha ido instalando entre los ciudadanos", declaró el experto a la agencia de noticias británica BBC, para aventurar una explicación a la determinación de sacar a la policía a las calles e impedir las manifestaciones.
El resultado de esa decisión fueron las decenas de heridos, los cientos de detenidos y el enorme descontento social respecto de la forma en que el gobierno está enfrentando el conflicto que tras la brutal represión, promete radicalizarse.
Al final del día jueves, poco antes de las 21 y en varios puntos de Santiago, cuando aún se libraban las últimas escaramuzas entre carabineros y manifestantes, comenzó a resonar el “cacerolazo”, que fue comparado con las protestas anónimas que a mediados de los ochenta se escuchaban contra Pinochet, precursor de una profunda reforma del sistema económico en que se redujo la presencia del Estado, entre otras, en el área educativa.
Para cursar la primaria y secundaria en Chile se debe pagar una cuota mensual si se pretende evitar la pésima calidad del paupérrimo sistema de educación gratuita. Respecto de la educación superior, ni la clase media logra solventar sus costos.
El Estado chileno no supervisa ni invierte en educación desde hace décadas al tiempo que alardea sobre la excelencia y equidad de su política educativa. Ese es el marco en que se desarrolló el plan de lucha estudiantil, que busca retomar la tradición de una educación pública gratuita.
Un reciente estudio efectuado por Andrés Zahler Torres, investigador y profesor del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, reveló que 20% de los chilenos tiene ingresos similares a los países más ricos del mundo (Noruega, Singapur o Estados Unidos).
Pero el entrecruce de datos también mostró que el 60% de la población de Chile tiene ingresos similares a los de Angola, un país que está mucho más abajo en cuanto al ranking de desarrollo humano que mide anualmente Naciones Unidas.
Piñera tiene seis días para proponer una alternativa a la rechazada propuesta de 21 puntos que no convenció a nadie. Los estudiantes no son los únicos en pie de lucha. Recientemente hubo manifestaciones y disturbios en el sur del país en rechazo a los planes de su gobierno –suspendidos actualmente por un tribunal– de construir una central hidroeléctrica en la región patagónica del sur del país.
El lunes pasado se efectuó una huelga de trabajadores en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que por primera vez en casi dos décadas paralizó todas sus operaciones. El eje del descontento, más allá de la lucha estudiantil, el problema de la hidroeléctrica y de los obreros del cobre, parece tener un trasfondo más global: el rabioso modelo liberal que rige desde 1980 y que ha puesto al país trasandino entre los más desiguales del mundo.
