La nueva moda de instalar cámaras de vigilancia como respuesta a los problemas de seguridad urbana ha llegado finalmente a nuestro país y ya se esparce como la peste sin que nadie ni nada pueda detenerla. La irrupción de estos artilugios en diferentes municipios argentinos y en el rosarino en particular es no solamente una evitable señal de deriva autoritaria de la gestión del gobierno sino un enorme despilfarro a la luz del rotundo fracaso que estas experiencias están teniendo en otros países.
Mientras la real utilidad de estas cámaras es puesta seriamente en duda en diversos rincones del planeta, el director del Centro de Vigilancia de Rosario, Patricio Campbell, viene de anunciar que se instalarán 80 nuevos dispositivos en nuestra ciudad que se agregarán a los 20 que ya están funcionando. El sistema cubrirá diversas zonas de nuestra ciudad y estará funcionando al completo a mediados de 2012.
El artículo Un país bajo sospecha publicado en Redacción Rosario, el 15 de febrero de 2010, daba cuenta de la dimensión que el sistema de supervisión y vigilancia a través de cámaras tiene en el Reino Unido, un país que no supo reaccionar a tiempo y hoy se parece a un gigantesco Truman Show paranoico, inútil y delirante que se cierne sobre sus habitantes que ven como el estado y sus socios empresarios coartan cada vez sus derechos y se inmiscuyen de manera obscena en su privacidad.
Desde las Islas Shetland hasta Cornualles y desde Norwich hasta Londonderry el país está sembrado de ojos electrónicos. Hasta el año 2009 estimaciones indicaban que había un total de 4,2 millones de cámaras de seguridad, o sea una cámara cada 14 habitantes, el más alto índice de cámaras por habitantes en el mundo. Estudios recientes reducirían la cantidad a 1,8 millones entre públicas y privadas, pero la cifra es igualmente enorme. Los números vasculan según la fuente y el sistema de extrapolación utilizado. El Reino Unido es de todas formas el país más vigilado del mundo. Sin embargo, luego de dos décadas de utilización de este sistema, los resultados en cuanto a la prevención y resolución del delito dejan mucho que desear.
La ineficacia de las cámaras en la prevención del delito es un dato demostrado tal como lo confesó al diario Telegraph el Inspector en Jefe del Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres), Mick Neville quien consideró al costoso sistema como un gran fiasco. Según el policía, en el 2009, sólo el 3 por ciento de los robos en Londres se había resuelto gracias a las cámaras. Un crimen cada 1000 cámaras. Un número raquítico para una inversión millonaria. Un referente en la materia, la Big Brother Watch, una organización británica que defiende las libertades civiles y la protección de la privacidad, realizó recientemente el primer estudio sobre la inversión delirante de las municipalidades británicas en este sistema de vigilancia. Entre 2007 y 2020, 342 de ellas gastaron 321 millones de libras. En algunos distritos los gastos en cámaras se acercan a los de salud, vivienda o educación. La delincuencia, sin embargo, no desciende.
De nada sirvieron las 500.000 cámaras que vigilan Londres cada día para prevenir o detener las revueltas que estallaron en la ciudad el 6 de agosto de este año 2011 luego de la muerte del ciudadano negro Mark Duggan a manos de la policía y que se extendieron a otras ciudades inglesas. También se recuerda su inutilidad para alertar o dar señales de los atentados terroristas de junio de 2005 que asolaron la capital inglesa. La exclusión, el racismo y el odio de los integristas no se resuelven con cámaras.
¿Qué relación puede tener lo que ocurre en Reino Unido con Rosario? La respuesta es muy simple y a su vez encierra una nueva pregunta. Si los datos hablan del fracaso de la utilización de las cámaras en un país desarrollado y central como el Reino Unido, que lleva ya dos décadas usándolas y es pionero en la materia a nivel mundial; si la experiencia británica es toda luces fallida: ¿Por qué la Municipalidad de Rosario se obstina en su implementación?
Desconozco si los estamentos políticos municipales que decidieron adoptar la videovigilancia investigaron previamente lo que sucede al respecto otros países antes de decidir el camino de Big Brother que suele ser irreversible. Informase en profundidad antes de tomar semejante decisión es de sentido común y una obligación en todo político. Hubiera sido una buena idea en todo caso aprovechar la colosal y por ahora negativa experiencia inglesa, por ejemplo, para no repetir en nuestra ciudad los mismos errores.
José León Garibay, coordinador del gabinete municipal, dijo en su momento que el objetivo del sistema de cámaras es “actuar en un aspecto persuasivo, ya que la sola información de que se está siendo monitoreada baja el delito menor, se previene el vandalismo y otras actividades delictivas”. Nada de esto parece tener su correlato en la realidad. El dato de "un delito resuelto por cada 1000 cámaras" no abona el optimismo del funcionario, que por cierto fue el mismo en declarar que con las cámaras «estamos perdiendo un poco de privacidad pero en beneficio público”. Habría que recordar que es ese «poco» de privacidad, ese nimio derecho a que nadie nos vigile con su lupa represiva mientras caminamos por la calle, el escudo que nos protege de los estados autoritarios.
Además de ser un negociado cada vez más lucrativo, el sistema de cámaras en espacios públicos no sólo no disminuye los niveles de delincuencia sino que al generar una sensación de falsa de seguridad retarda la toma de conciencia de las verdaderas causas y posibles soluciones de esa delincuencia. Por otra parte, lo que logra es, en el mejor de los casos, desplazar los focos de delincuencia hacia sectores no monitorizados, lo que obliga a instalar nuevas cámaras para cubrirlos. Un proceso sin fin que bien puede terminar con la instalación de cámaras en nuestras traqueas, penes o anos.
Restringir el uso de la videovigilancia a la esfera privada, como ha sucedido hasta ahora, sería lo más razonable. Nadie puede negar a un comerciante o a un banquero el derecho de usar estos artefactos para su seguridad. Pero el paso de la esfera privada a la pública no sólo es ineficaz sino que un atropello al derecho de privacidad, que por cierto protege el artículo 19 de la vapuleada Constitución Nacional. Las cámaras de seguridad en la vía pública son la puerta de entrada hacia una sociedad vigilante, punitoria y perversa.
Bien sabido es que la falta de justicia social, inclusión y equitativa distribución de la riqueza son las principales fuentes de pobreza y a través de ella, del aumento de la delincuencia. Pero mientras llegan los días de una sociedad más justa, algo hay que hacer para combatir la difícil realidad del delito cotidiano. Algunas asociaciones, como la británica "No-CCTV", proponen medidas alternativas al uso de las cámaras, como el simple mejoramiento del alumbrado público, que reduciría cierta delincuencia focalizada en un 20 por ciento frente al 5 por ciento de la videovigilancia. Por otro lado, la presencia real, profesional y democrática de la policía en las calles debería por si misma aventar la tentación de llenar nuestras vidas de cámaras pero lejos estamos de que semejante policía siquiera exista en algún sitio . Aunque por su multicausalidad y complejidad del problema de la delincuencia es de difícil resolución, una cosa es segura: no son miles de cámaras placebo las que van a resolver este asunto.
La futura intendente Mónica Fein asumirá su mandato el próximo 10 de diciembre. Este nuevo gobierno que llega avalado por las urnas debería dar marcha atrás al sin sentido de las cámaras. Todavía el negocio se puede detener y el tamaño del abuso es reversible. Con la nueva remesa de 80 cámaras habrán ya 100 aparatos en toda la ciudad. Son demasiadas pero lejos están de las cifras del Reino Unido o China, otro país lanzado a esta locura.
La instalación de las cámaras de seguridad en Rosario es además de todo lo dicho una paradoja política que acerca los pasos de la gestión socialista a los de Mauricio Macri en Capital Federal, ciudad que asiste también al frenesí de este tipo de vigilancia, un gran negocio gestionado por empresas españolas. Detener la instalación de las cámaras de seguridad en nuestra ciudad no solo sería un enorme gesto de rectificación democrática sino una excelente oportunidad política para diferenciarse desde Rosario de la visión del mundo que encarna el intendente de la ciudad de Buenos Aires.
Foto: David Foster Nass
