La segunda huelga del sindicalismo opositor contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner motivó diferentes interpretaciones y miradas. Para los organizadores, hubo “alto acatamiento”, “el pueblo se expresó” y demostró que hay “bronca y desencanto”. Para la Casa Rosada, en cambio, fue “un gran piquete nacional con paro de transporte”. La foto que imprimió la jornada protesta y cortes fue rara, heterogénea, aunque muy parecida a la de noviembre de 2012: CGT y CTA opositoras, partidos de izquierda, organizaciones de desocupados y un acompañamiento entusiasta de la mesa de enlace y medios de comunicación.
Las centrales obreras y agrupaciones de izquierda se disputaron el protagonismo del paro, que no contó con acto ni movilización. Pese a sus marcadas diferencias, cada cual priorizó la “unidad” contra el gobierno nacional y ensayaron un potencial armado de un bloque político-sindical de cara a 2015, que, claro está, será difícil de consolidarlo en un proyecto común.
El paro convocado por Hugo Moyano (CGT Azopardo), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Pablo Micheli (CTA disidente) se cumplió esencialmente en el transporte y repercutió en las demás actividades laborales, con una fuerte adhesión en la zona metropolitana, con piquetes en puntos clave, y un acatamiento dispar en el resto de las provincias. La huelga, criticada por las CGT y CTA oficialistas, mostró una vez más los reacomodamientos en el mapa sindical, hoy fragmentado en cinco centrales. Las dispersiones se fueron acentuando desde que Moyano rompió lazos con el kirchnerismo, pero, sobre todo, por los distintos posicionamientos gremiales frente a las políticas del gobierno nacional.
Ejerciendo un legítimo derecho a huelga y a manifestarse, las centrales obreras disidentes orientaron los principales reclamos contra la inflación, contra el “techo a las paritarias” y la inseguridad, a la vez que demandaron una suba de emergencia para los jubilados y la apertura de la discusión del piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
En tanto, partidos de izquierda y organizaciones sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa sumaron sus propias demandas y se tragaron el sapo de compartir una protesta con Barrionuevo, un arquetipo de la “burocracia sindical” que dicen detestar y que además reconoció estar abocado a la tarea de llevar a Sergio Massa –“el nuevo Menem”, según la comparación del líder gastronómico– a la Presidencia de la Nación. Antes de terminar la jornada de protesta, algunos dirigentes combativos acusaron problemas estomacales y estuvieron al borde del vómito.
La devaluación de enero, pos corrida cambiaria inducida por el poder económico-financiero, arrastró una suba abusiva de precios que recortó el poder adquisitivo de los salarios. Con el fin de mitigar los efectos negativos, el gobierno dispuso una serie de medidas económicas, entre las que se destaca el esquema antiinflacionario de Precios Cuidados, una herramienta que destrozan los convocantes al paro “contra la inflación”. Y para amortiguar más el impacto recesivo que genera un fuerte ajuste en el tipo de cambio para los sectores populares, se deberían establecer políticas de ingreso destinadas a aumentar de manera significativa el salario mínimo y la asignación universal por hijo.
La huelga nacional también fue “contra el ajuste”, en un contexto de estabilidad en el empleo y con negociaciones por aumentos salariales en paritarias que, tras intensas discusiones, la mayoría fueron cerrando en torno al 30 por ciento. El reclamo por más seguridad es legítimo y los gobiernos deberían abordar el tema con responsabilidad, sin embargo la problemática de la inseguridad no se va a resolver con un paro.
Las contradicciones entre los convocantes a la medida quedaron expresadas en las múltiples demandas. Un sector sindical importante como Camioneros pintó un futuro oscuro para la clase trabajadora, sin embargo puso el eje del reclamo en Ganancias, un impuesto que hoy alcanza a quienes perciben un salario en blanco por encima de los 15 mil pesos, esto es el 10 por ciento de los trabajadores registrados. El Ejecutivo vino actualizando el tope del mínimo no imponible e incluso se mostró dispuesto a discutir el tema desde un aspecto impositivo más estructural para no desfinanciar al Estado. Y, por otro lado, están los desocupados que pelean por conseguir un empleo digno o los gastronómicos y peones rurales que padecen un alto grado de informalidad laboral.
Con todo y más allá de las consignas, el accionar político de la medida de fuerza tuvo entre sus principales objetivos generar un clima antigobierno. El paro no despertó demasiado entusiasmo entre los trabajadores afiliados a los grandes gremios, donde el 75 por ciento ficha en sindicatos enrolados en la CGT oficialista del metalúrgico Antonio Caló. Otros sectores acompañaron con agitación y otros ni fu ni fa. Moyano, Barrionuevo y Micheli –el camionero y el gastronómico se mostraron “triunfalistas” en el balance general de la huelga– buscaron hacer una demostración de fuerza contra el gobierno, pero también hacia dentro de las organizaciones sindicales, con ánimo de buscar un reagrupamiento con vistas al año que viene y así preparar una plataforma que sirva de palanque a algún candidato en la pelea por la sucesión presidencial.
