El freno a un desalojo

Alta tensión se vivió en la planta de Perón al 7400 cuando un megaoperativo de la guardia de infantería quiso desalojar a los trabajadores que reabrieron la empresa quebrada en 2013. Finalmente hubo un acuerdo y la cooperativa formada por los obreros firmará un contrato de alquiler por seis meses con la propietaria del inmueble.

A las 18.30 del jueves 26 de mayo sonó el timbre de Fabricaciones Rosario, la empresa quebrada el año pasado y reabierta por sus propios trabajadores como cooperativa. El operario que abrió la puerta se sorprendió al ver el despliegue policial dispuesto por el juez Marcelo Bergia. Flanqueada por una veintena de guardias de infantería, pertrechados con escudos, cascos y armas largas, una auxiliar de justicia comenzó a leer la orden de desalojo, tras lo cual dijo: “Ahora vamos a proceder a ingresar, usted confíe en mí”. “En usted confío, pero en el juez no”, respondió el laburante y agregó mirando al magistrado: “Porque usted es como Griesa que aplica una ley en favor de los mismos que produjeron el desastre, en contra de los damnificados que somos todos nosotros”. Y luego, raudamente, cerró la puerta para resistir junto a sus compañeros.
La media hora que los agentes de seguridad y bomberos tardaron en romper el portón de ingreso de la fábrica, ubicada en Perón al 7415, sirvió para que los cuatro trabajadores que estaban dentro hicieran correr la voz entre el resto de los asociados de la cooperativa. El horario elegido para ejecutar la resolución no fue caprichoso, pero la especulación judicial no contaba con que los laburantes hacen guardias rotativas por si las moscas.

La noticia del desalojo corrió veloz por mensajes de texto y llamadas que llegaron hasta funcionarios nacionales como Cristian Recchio, de la Gerencia de Empleo del ministerio de Trabajo de la Nación o a Juan Lewis, el titular de la cartera de Justicia de la provincia. Alrededor de las 20, además de los 22 obreros que integran la empresa, había diputados nacionales y provinciales como Josefina Gonzalez y Eduardo Toniolli, representantes del ministerio de Trabajo santafesino, el delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) Esteban Mariño, trabajadores de otras empresas recuperadas locales y de la Federación de Cooperativas Trabajo (Fecootra) y empezaban a llegar algunos reporteros y fotógrafos.

Bergia, el juez en lo Civil y Comercial de la 9ª nominación de Rosario, que tiene en sus manos la quiebra de la ex Fabricaciones Rosario, trajo además de la orden judicial y los veinte policías, al abogado de la propietaria del inmueble, Juan Ángel Sejudo –según consta en el acta firmada al cierre de la jornada–, quien curiosamente fue secundado por dos personajes vestidos de uniforme militar y que se presentaron como “reservistas”, cuando fueron consultados por este medio.

El polémico magistrado cruzó una frontera inexplorada en la provincia de Santa Fe durante los últimos diez años al ordenar el desalojo de una empresa recuperada por sus obreros y entrar por la fuerza al lugar. “Para el juez la propiedad es más importante que los trabajadores”, se quejó uno de los operarios que llegaba a las corridas e intentaba pasar por el cordón policial formado frente al portón. “Cómo nos van a dejar en la calle, pónganse en nuestro lugar viejo”, les gritó a los uniformados.

Dentro de la planta, ya habían comenzado a parlamentar las autoridades presentes, los representantes de la cooperativa y sus abogados Marcela Macellari y Santiago Bereciartua, junto al apoderado legal de la titular del inmueble, Perla Prats.

Una quiebra y tres intentos de desalojo

Fabricaciones Rosario se dedica desde 1977 a la producción de piezas del rubro automotor. En su planta de avenida presidente Perón 7415 produce expansores para aros de pistón, válvulas y componentes para equipos de GNC, carburación y resortes. La firma es proveedora de importantes empresas del sector, como Kim, Galileo y Fric-Rot, y hasta llegó a exportar sus productos.

El 28 de mayo de 2013 el juez Bergia dispuso la quiebra de la compañía, tras lo que los trabajadores definieron como un “claro vaciamiento empresarial”. Con sus representantes legales y el apoyo de los ministerios de Trabajo de la Provincia, la Nación y el asesoramiento de cooperativas y empresas recuperadas, los ex empleados lograron tres días después la suspensión de la primera orden de desalojo y secuestro de maquinarias. Había comenzado un proceso que se inició con una toma pacífica de la planta pero que avanzó hacia la constitución de una cooperativa de trabajo.

“Dispongo la suspensión provisoria del secuestro ordenado por el juez de Primera Instancia de Circuito de la 3ra. Nominación dentro de los autos caratulados OGGERO, Carlos c/ FABRICACIONES ROSARIO S.A. s/ desalojo (expte. 90/13) de la máquina Torno a CNC marca Hyundai­Kia Machine modelo SKT21, con CNC marca Fanuc, modelo Oi­TC, Serie Nro. MFGG3136­2754 y sus accesorios”, precisó aquella resolución judicial.

Pero en marzo de este año, tras haberse cumplido seis meses del plazo de un convenio firmado con los trabajadores –principales acreedores en la quiebra con más de 3 millones de pesos–, que les permitía poner nuevamente la planta en funcionamiento, el juez Bergia volvió a pedir que se haga efectivo el desalojo de la empresa. Una movilización a Tribunales, una reunión con el magistrado y otras gestiones, habían devuelto una luz de esperanza a los obreros. Hasta este jueves.

“Mostramos que podemos”

“En menos de un año transformamos esta empresa. Hemos saldado las deudas con la EPE, la compañía de teléfonos, pagamos los seguros, obra social, acabamos de comprar 300 mil pesos de insumos. Estamos subsistiendo, nuestras familias comen, antes de la cooperativa no comían”, graficó a El Eslabón Héctor Vara, uno de los obreros de Fabricaciones Rosario.
Atravesado por la bronca del momento, mientras las conversaciones entre el juez y las partes se habían trasladado del galpón a la oficina, Vara repasó la evolución del proyecto autogestivo. “Estamos trabajando diez horas por día para poder cumplir con la demanda de nuestros clientes, que no dejan de hacernos pedidos. Nos compran porque es bueno lo que hacemos. Demostramos al juez que esto funciona. Este mes facturamos por 900 mil pesos”, agregó Vara.

Desconcertado por el operativo de desalojo, junto a sus compañeros, el obrero remarcó a los medios de comunicación llegados hasta el lugar que “la cooperativa nunca se negó a entregar el inmueble” y añadió: “incluso ofrecimos 30 mil pesos de alquiler que no quisieron aceptar”.

La tensión que tuvo picos altos al caer la tarde, fue bajando junto con la temperatura del galpón que promediando las 22 comenzó a mostrar los rictus más distendidos de los laburantes.

Las caras de preocupación de los obreros fue dando lugar a las habituales chanzas entre compañeros de trabajo a medida que alguno de los que participaban en la ronda de negociaciones dentro de la oficina salía y soltaba alguna prenda. Mientras uno de los trabajadores mostraba una cicatriz recién cosechada, otro generaba varias risotadas al relatar que apenas abrió la puerta y vio semejante cantidad de policías, pensó que se trataba de un operativo antidrogas que buscaba testigos.
Sobre las 22.30 la secretaria del juez salió de la oficina para pedir una computadora que permitiera redactar un acta acuerdo.

El acuerdo

Luego de las referencias de rigor judicial y la consignación de quienes estaban presentes a la hora de la firma del acta, se rubricó el acuerdo entre la cooperativa y el abogado de la dueña de la propiedad en el que por un lado se dejó en suspenso la medida de desalojo y “el propietario otorga un plazo de seis meses para desalojar” el galpón, y por otro los trabajadores se comprometieron abonar –a modo de alquiler– un total de 240 mil pesos a pagar en dos veces “como compensación por el tiempo de ocupación”, y a informar mensualmente en el expediente los avances de las tratativas para el alquiler de un nuevo inmueble.

Tras la firma del acta, el presidente de la cooperativa, Víctor Lombardo evaluó como “positivo” el cierre de las negociaciones, “más teniendo en cuenta como arrancó la tarde-noche, con un intento de desalojo y la posibilidad de perder la posibilidad de seguir trabajando con nuestras máquinas”.

“Para nosotros cerró muy bien, después del susto que nos llevamos. Arreglamos por seis meses un alquiler que nos da tiempo. Después nos vamos a tener que retirar. Pero estamos contentos y agradecidos del apoyo que tuvimos de Recchio, del Ministerio de Trabajo; de Fecootra, de la diputada González, del diputado Toniolli y del ministro de Justicia Lewis”, concluyó Lombardo, más tranquilo, luego de una tensa jornada.

Artículo publicado en la edición 149 del semanario El Eslabón.