La organización de periodistas insospechada de opositora al socialismo difundió un informe que asegura que la prensa rosarina funciona bajo fuertes presiones de los gobiernos municipal y provincial. El planteo renueva el debate sobre los medios locales y su relación con el poder político.
El reciente informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) reavivó el debate respecto de la situación de la prensa rosarina y sus relaciones con el poder político. Según Fopea, los habitantes de la ciudad podrían recibir un “servicio periodístico de mejor calidad” que el que reciben, pero la labor de los periodistas es afectada por factores entre los que se cuenta “el uso de la publicidad oficial como herramienta de control de la agenda” por parte de los gobiernos municipal y provincial.
Fopea es una agrupación de alcance nacional, que exhibe un perfil más profesionalista que sindical o político, sin ligazón visible con la oposición a las gestiones de Mónica Fein en la ciudad y de Antonio Bonfatti en la Gobernación. Y ha sido híper crítica de las políticas comunicacionales del gobierno nacional. De allí que sus cargos contra municipio y provincia hayan tenido un impacto distinto a los periódicos, pero mucho menos amplificados, señalamientos en el mismo sentido que se puedan haber oído hasta ahora respecto del manejo de la prensa por parte de los gobiernos socialistas, plataforma del intento de proyección nacional encarnado en la pre candidatura a la Presidencia de Hermes Binner.
“Si bien los periodistas tienen acceso a los funcionarios y pueden entrevistarlos en forma habitual, la forma de relacionarse de las autoridades con los medios de comunicación se ha convertido en un factor limitante para el desarrollo profesional”, sostuvo Fopea en el capítulo de su informe dedicado a la relación entre el periodismo rosarino y los gobernantes locales y provinciales, que después cita un ejemplo de las limitaciones mencionadas: “Un episodio muy revelador de esta influencia gubernamental en los medios se produjo cuando la versión impresa del diario La Capital decidió reformar su estructura de secciones. Para darle más impacto a la apertura de su diario, y hacer más fuerte sus primeras páginas, los jefes periodísticos del diario resolvieron unificar la sección Ciudad y Policiales y llevarla a la página dos. De esa forma, apenas se abría el diario, aparecían las noticias policiales que solían tener más impacto periodístico que las de la sección Ciudad. Ante ese cambio de estructura, que generaba de hecho una jerarquización de las noticias policiales, funcionarios del gobierno provincial analizaron muy críticamente ese nuevo formato. Evaluaron que sería negativo para la gestión oficial y eso los podría afectar políticamente. Por eso, presionaron al diario para que cambie ese rediseño, lo que finalmente se hizo”.
Según Fopea, las presiones no se limitan a la prensa gráfica: “Los gerentes de noticias de los canales abiertos reciben continuamente pedidos de evitar las noticias «negativas». Y por supuesto esas presiones son constantes en los medios más chicos, generalmente más dependientes. También hubo presiones para digitar qué periodistas realizan las coberturas de las actividades oficiales. Finalmente, esta estructura de presión sobre la agenda, termina fabricando una autocensura permanente que va desmotivando también a los periodistas”, se indicó en el informe. Y se agregó que “en esta compleja trama de censura y autocensura, se van silenciando temas de interés público. El delito de cuello blanco en Rosario tiene poca difusión periodística. Al lavado de dinero que puede provenir del narcotráfico, se le suma la importante proporción de ventas de cereales en negro”, apuntaron. “Según los periodistas consultados, otros temas silenciados por los medios más masivos son los cuestionamientos a los desarrollos inmobiliarios o al Casino City Center, el casino más grande del país, propiedad del mega empresario relacionado con el poder político nacional, Cristóbal López”, se señaló también.
Desde Fopea sostuvieron que el informe –desarrollado en el marco del denominado Programa de Monitoreo de Libertad de Expresión en la Argentina y al que se puede acceder en www.fopea.org– es fruto de entrevistas realizadas en Rosario entre el 21 y el 24 de mayo pasados con “periodistas, legisladores, funcionarios judiciales y funcionarios políticos, para evaluar el estado de situación del periodismo en la ciudad ante el aparente agravamiento de las condiciones de seguridad para el ejercicio de la profesión”.
La delegación de la agrupación que realizó el relevamiento en Rosario estuvo integrada por los miembros de la comisión directiva Néstor Sclauzero y Fernando Ruiz y por la coordinadora del Monitoreo, Mónica Baumgratz.
“Rosario tiene periodistas de enorme talento y podrían realizar un periodismo de un nivel mundial, pero encontramos dificultades muy serias y también cierta crisis de ánimo que hace a muchos bajar los brazos”, se evaluó en el comienzo del informe, en el que también se señalaron como limitantes del periodismo vernáculo al “crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado y “la actitud de los dueños de los medios de comunicación”.
En este último tópico –y tras una descripción del mapa empresarial que controla los medios más grandes de la ciudad–, la analizado por Fopea es que “a los propietarios simplemente no parece importarles el desarrollo periodístico, sino simplemente su resultado como unidad de negocio en una estructura de negocios nacionales”.
“Esto es lo que parece ocurrir en Rosario con el grupo La Capital, propiedad de los mendocinos (Daniel) Vila y (José Luis) Manzano, y con Canal 5, propiedad del Grupo Telefé, de Telefónica –puntualizaron–. A pesar de ser marcas periodísticas de enorme tradición e impacto en la ciudad, tienen una dimensión de redacción e inversión profesional muy por debajo de lo esperado”.
“Una ciudad donde los dueños de los medios no tienen vocación de hacer periodismo, o no dan los recursos necesarios para que sus redacciones se desarrollen, tiene una limitación estructural difícil de sobrellevar. Algunas empresas periodísticas tienen evidentes problemas de sustentabilidad, pero otras tienen ingresos cuantiosos que tampoco utilizan para promover el periodismo”, se resume en ese tramo del informe, que finaliza con el capítulo “Conclusión y Recomendaciones”.
Allí, se sostuvo que “la estructura de pinzas contra los periodistas entre un gobierno que interviene en el criterio editorial a través de la pauta y directivos que no valoran el periodismo y utilizan sus medios con fines empresariales y/o políticos, generan severas restricciones a la práctica periodística”. Al mismo tiempo se concedió que “muchos de estos factores inhibidores del desarrollo periodístico existen en la enorme mayoría de las ciudades del país. De hecho, este es el tipo de periodismo realmente existente en la mayor parte de nuestro territorio”.
“Pero Rosario podría tener un mejor periodismo”, se remarcó luego: “Tiene algunas de las mejores facultades del país, su sistema educativo está muy extendido y tiene una vida cultural y social activa y cosmopolita. A pesar de eso, en un kiosco rosarino casi no se encuentran publicaciones locales, sino que la casi totalidad proviene de Buenos Aires. Aunque existen iniciativas de un enorme potencial profesional en los márgenes, los principales espacios de desarrollo periodístico están muy limitados”.
Recomendaciones y pautas
Al cabo de la sombría descripción del panorama del periodismo rosarino, Fopea redactó “recomendaciones” para mejorar la situación, varias de ellas ligadas al manejo de los fondos que los gobiernos destinan a los medios.
“Transparentar la asignación del presupuesto de publicidad oficial provincial y municipal” y “sancionar una ley que termine con la arbitrariedad en la asignación de la publicidad oficial” se cuentan entre las recomendaciones, en las que se invita a tomar como parámetros los llamados Principios sobre regulación de la publicidad oficial promovidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Allí, se señala que no son muchos los países donde haya regulaciones. En el continente americano, sólo en Canadá y Perú hay leyes regulatorias.
En la Argentina, el debate a nivel nacional tuvo un capítulo intenso tras un fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno a otorgar pauta a medios privados que la reclamaban. La resolución generó opiniones diversas y provocó que en la Casa Rosada se empiece a barajar la posibilidad de impulsar un proyecto. Esto fue lo que el jefe de Gabinete Jorge Capitanich les dijo a integrantes de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra), en una reunión en febrero de este año. Allí, desde Fadiccra se remarcó que el grueso de la inversión publicitaria que sostiene a los medios proviene del sector privado y está orientada casi exclusivamente a los monopolios del sector; y se abogó por una regulación que contemple la necesidad de la intervención del Estado para favorecer la pluralidad, respaldando a los medios regionales pymes, cooperativos, culturales, comunitarios.
Artículo publicado en la edición 153 del semanario El Eslabón.
