Marzo no es un mes cualquiera en la Argentina. Desde 1976, su día 24 tiene un significado enorme en la historia nacional, en tanto jornada en la que se concretó un golpe de Estado que entronizó en la conducción del país a los jefes de las Fuerzas Armadas y que fue inicio de un genocidio casi sin precedentes y sin reediciones, por lo menos hasta ahora. Un genocidio que se condena hasta por quienes lo consideran desde el marco conceptual de la teoría de los dos demonios pero no niegan que el diablo es más diablo cuando hace sus macanas desde el manejo del Estado, infringiendo las leyes que debiera garantizar, ocultando esos incumplimientos y justificándolos cuando se ponen en evidencia como errores o excesos necesarios para garantizar el cumplimiento de esas mismas leyes. Hoy, sin embargo, las lógicas y varias de las herramientas que sostuvieron el terrorismo de Estado vuelven a reivindicarse y se pretenden legitimar desde el gobierno nacional, con el respaldo y la complicidad –por acción o por omisión– de buena parte de la dirigencia política que hasta no hace mucho lo condenaba, incluidas las que gobiernan la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe.
Ahora, se afirma que el “narcoterrorismo” es el principal “enemigo interno” a exterminar, pero ya no el único. Este mismo jueves en que se escriben estas líneas, las autoridades nacionales sumaron delitos distintos a los vinculados al tráfico de drogas entre los que, según ellos afirman, sólo se pueden erradicar volviendo a las lógicas y herramientas del Terrorismo de Estado. Tirar piedras a efectivos de fuerzas de seguridad que reprimen manifestaciones y piquetes o bloquear accesos a empresas en el marco de conflictos sindicales también son actos de “terrorismo” que obligan a golpear las puertas de los cuarteles y reformar leyes que garantizan la vigencia de garantías constitucionales y respeto de derechos humanos amparados por convenciones internacionales.
Que el Presidente y sus ministros impulsen todo esto no extraña tanto como el respaldo a sus gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, ambos provenientes de la Juventud Radical que apoyara al gobierno de Raúl Alfonsín en su impulso al juicio a las Juntas Militares de la década del 80.
Casi al mismo tiempo que el ministro de Defensa de la Nación argumentaba a favor de sumar las Fuerzas Armadas a los dispositivos represivos sosteniendo que “fueron demonizadas” y que sin ellas no habría libertad y democracia en la Argentina, Javkin abría el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal con un discurso sin ninguna mención a la plena vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos como premisas básicas para la convivencia social y política en la Argentina. Lo que sí Javkin expresó fue su agradecimiento a “la disposición plena del gobierno nacional” frente al azote de la violencia urbana que sufre la ciudad que gobierna.
En cuanto al gobierno provincial, vale el ejemplo de la actitud asumida por la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, ante las denuncias de torturas y vejaciones a reclusos de la cárcel de Piñero. Pese a ser la encargada del Servicio Penitenciario, cuando desde los medios de prensa se le preguntó sobre torturas, Masneri habló de requisas y medidas de seguridad que “por suerte, a la mayoría de los ciudadanos sí” les gustan. La transcripción del diálogo con la funcionaria que publicó el diario El Litoral es elocuente en toda su extensión, pero hay tramos que resaltan y valen como síntesis:
“—¿Le consta como titular del Servicio que se hayan ejercido prácticas como las que se narran en la denuncia? Se habla de vejaciones, torturas, picanas…
—Se ve que ellos trabajan en un lugar donde la corriente eléctrica anda mejor que en Piñero (sic)”.
El (sic) incluido en su publicación da cuenta de la perplejidad que invadió tras esa respuesta a redactores y editores de un medio de prensa insospechado de “defensor de los derechos humanos de los delincuentes”, latiguillo al que remiten las expresiones de Masneri, que también sonaron muy acordes a justificaciones más directas y explícitas de la tortura y el exterminio de grupos sociales salidas de boca de autoridades institucionales de mayor rango. Picana o motosierra, todo parece valer para esta gente en su empeño por imponer sus ideologías y creencias a quienes no adhieran a ellas. Por suerte, se cree desde acá, quienes no adherimos seguimos siendo la enorme mayoría, esa que insiste en impulsar otros modos de dirimir diferencias y conflictos de intereses, que no se resigna al matar o que te maten, aunque a veces lo padezca en carne propia y sienta enormes ganas de salir a romper todo y colgar a unos cuantos en la plaza.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/03/24
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