La democracia a la que aspiramos no sólo tiene que ver con elecciones libres y transparentes de los representantes del Estado, sino también con el compromiso de la participación de los ciudadanos en la vida política del país, en el marco que de las leyes y el respeto a las instituciones de la República.
Un claro ejemplo del esfuerzo de toda una comunidad en pro de estas definiciones es la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada por el Congreso (146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado), y promulgada el 10 de octubre de 2009. Esta nueva ley se constituyó en reemplazo de la ley de Radiodifusión 22.285 (instituida en 1980 por la dictadura cívico-militar) con la particularidad de haber nacido por los mecanismos institucionales y constitucionales en respuesta a una necesidad ampliamente reconocida y consensuada por la sociedad, cual es la participación y pluralidad en los medios masivos de comunicación.
No caben dudas de que esta ley, con sus defectos y virtudes, es el resultado de un amplio y trabajoso proceso participativo que implicó numerosos debates a lo largo de todo un año en los 24 foros en distintos puntos del país, recibiendo amplia aprobación después de sufrir cerca de cien modificaciones al texto original. En rigor, podría afirmarse que ésta es una ley de todos los argentinos.
Como una demostración de que la nueva norma enfrentaba verdaderamente los poderes concentrados en los medios de comunicación, desde sus comienzos fue sistemáticamente obstaculizada por sucesivas medidas cautelares, impulsadas por uno de los grupos mediáticos más poderosos del país, lo que paralizó la plena aplicación de la ley por más de cuatro años, durante los cuales, la conocida multimedia, logró evitar transitoriamente su adecuación a la normativa, manteniendo la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación.
Finalmente, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. En consecuencia, y por estar ya ampliamente vencidos los plazos para la adecuación (desde 2012), dio paso a la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de la ley de Medios en Argentina, aunque en la práctica esto fue permanentemente resistido.
Con el decreto 13/2015 firmado por Mauricio Macri, el esfuerzo democrático de diálogo y consenso que se expresa en la ley 26.522 ha quedado desnaturalizado y menospreciado por parte del nuevo gobierno. El cambio sustancial que se dio al modificar los organismos responsables de la ejecución de la ley pulveriza el sistema de representación basado en la composición de los directorios de Afsca y Aftic (decreto 236/2015) conforme sus respectivas leyes de creación. Al unificar ambos organigramas mediante la creación de un nuevo ente (Enacom), se invistió de poderes plenipotenciarios para intervenir –a voluntad– en la administración de la radio, la televisión, la telefonía y los sistemas de internet de todo el país.
Las implicancias de estas modificaciones van más allá de las cuestiones puramente ideológicas, puesto que en la práctica las licencias podrán comprarse y venderse libremente como cualquier otra cosa en el mercado. Además, los sistemas de cable quedan fuera de la regulación audiovisual y pasan al ámbito de las telecomunicaciones, y se eliminan las limitaciones a la concentración de mercado y las exigencias de producción de contenidos. Además, se podrán dar todos los servicios a nivel nacional con tan solo una licencia, lo que facilita a que los operadores más grandes del mercado avancen sobre los medios más pequeños, debilitando el carácter plural y equitativo que buscaba el espíritu de la ley de Medios.
La preocupación que genera el modo de gestionar estos asuntos del Estado ya se ha hecho oír en diversos ámbitos y representa un tema que nos incumbe a todos, porque altera y modifica las condiciones y herramientas que hacen al ejercicio de nuestra ciudadanía, para lo cual es imprescindible el acceso a la información y la difusión de las ideas y opiniones diversas.
Lamentablemente, la sociedad argentina todavía no ha logrado emancipar sus creencias y convicciones de lo que aparece y se dice por los medios masivos de comunicación; por lo que en sociedades como la nuestra, la desconcentración y pluralidad de los medios es un factor crucial para el desarrollo armónico y sustentable de la Nación.
Estas medidas son un claro retroceso en el avance que la sociedad argentina logró con mucho esfuerzo en materia de participación y democracia. Representa además un avasallamiento a la división de poderes, al mecanismo constitucional de representación que ejerce el Congreso, a la jurisprudencia de la Corte Suprema, y a las recomendaciones sobre libertad de expresión de la OEA y la ONU.
De algo podemos estar seguros: esta embestida sobre la ley de Medios no parece contribuir al respeto de las instituciones democráticas y republicanas del país, mucho menos a “unir a los argentinos”.
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Fuente: El Eslabón
