Del sueño a la pesadilla

<p>La protesta de los vecinos de Granadero Baigorria se hizo frente a la sucursal rosarina del Hipotecario.</p>

Adjudicatarios del Procrear denuncian que sus proyectos “entraron en un limbo”. Hay demoras en la entrega de unidades, aumentos desproporcionados de las cuotas y obras paradas. Para los constructores “el programa ya no existe más”.

El Programa de Crédito Argentino (Procrear), lanzado en 2012 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y financiado con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), se encuentra en su fase terminal. Miles de beneficiarios que ingresaron en la última etapa denuncian que con la llegada de Cambiemos al gobierno, el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla colectiva burocrática y financiera, que se repite en todo el país, con demoras en las entregas, obstáculos para concretar los convenios firmados y subas desproporcionadas en las cuotas. Arquitectos y empresarios (ver nota aparte) coinciden en señalar que los cambios al plan anunciados por Mauricio Macri significan su tiro de gracia y acompañan el derrumbe más general de la industria de la construcción.

Sin grandes coberturas periodísticas, pero con la misma bronca y dolor de los que son despedidos, sufren el cierre de sus comercios por no poder afrontar los tarifazos, o reciben el impacto en sus fábricas por la apertura de la importaciones, cientos de familias salieron esta semana a protestar frente a las sucursales del Banco Hipotecario de Rosario, San Nicolás, Tigre, Tandil, Trenque Lauquen o Santa Rosa. Los manifestantes son adjudicatarios de desarrollos urbanísticos del Procrear, una de las líneas de créditos otorgadas por el Ansés destinadas a planes de viviendas colectivas. Los vecinos de las ciudades mencionadas (en Gran Rosario el barrio está en Granadero Baigorria) coinciden en que sus proyectos de construcción están avanzados y en que desde la llegada del nuevo gobierno se ha complicado la continuidad del programa, en que temen lo que pueda ocurrir con sus unidades y en que no obtienen respuestas de las autoridades.

El pasado lunes 5 de septiembre, en una movida de alcance nacional –aunque invisibilizada por los grandes medios–, familias completas manifestaron frente a las sedes de la entidad bancaria a cargo del programa para reclamar, entre otras consignas, “contra las falsas promesas”, “el pobre nivel de comunicación”, “la suba desproporcionada de las cuotas” y “el detenimiento de obras y entregas desde el cambio de gestión de gobierno”.

La situación se repite en Salta, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Chaco, Córdoba, Mendoza, La Rioja y Santa Cruz, según el relevamiento realizado por los propios damnificados, que arroja una cifra de 7239 familias.

“En San Nicolás, el mayor desarrollo urbanístico del país, las obras están paradas y a la fecha no se han dado respuestas certeras”, explica María Virginia Bertetti, una joven nicoleña afectada por la situación. Comunicadora social y periodista, Bertetti se encarga de difundir gacetillas y participar de los reclamos junto a los vecinos de su ciudad y de otras localidades que están pasando por lo mismo. El hecho de ser parte de proyectos urbanísticos colectivos, favoreció la organización, la protesta común.
“En Tandil y Tigre, los vecinos ya están optando por la vía de demandas judiciales”, describe María Virginia, y continúa: “En Santa Rosa y Granadero Baigorria tampoco hay novedades de entregas y las viviendas se están deteriorando. En Canning las obras se encuentran paralizadas. En Trenque Lauquen ni siquiera comenzaron. En Monte Maíz el fin de obra data del mes de mayo. Y así en cada uno de los desarrollos urbanísticos a lo largo del país. Estos son sólo algunos ejemplos. Y los vecinos ya agotaron su paciencia”.

Los vecinos de las diferentes ciudades se fueron poniendo en contacto a través de redes sociales, y creciendo en niveles de organización, según señala uno de los partes de prensa difundidos por Bertetti. La del lunes pasado no fue la primera protesta. Si bien con la situación de incertidumbre en que había quedado todo desde el año pasado, ante la derrota del gobierno anterior, empezaron aparecer las primeras alarmas con el cambio de gobierno la mayoría de los desarrollos urbanísticos “han quedado en una especie de limbo”, coinciden los vecinos.

Los reclamos son concretos: “Finalización de las obras, establecimiento de fechas de entrega certeras y mantenimiento de las condiciones establecidas en el contrato de preventa firmado por los beneficiarios del plan”. “Sin esta última condición, se produce un corrimiento por los aumentos salariales en los segmentos, lo que ocasiona un incremento en las tasas de interés y, por consiguiente, un fuerte aumento en las cuotas”, precisa uno de los documentos elaborados por los grupos de damnificados.

De acá nomás

Diego Florio es vecino de Granadero Baigorria, donde se encuentra uno de los Desarrollos Urbanísticos Procrear que tampoco fue entregado a sus beneficiarios. En diálogo con El Eslabón, desplegó en profundidad la problemática que involucra a 239 familias de la localidad vecina. “En septiembre de 2015, más de doscientas familias fuimos sorteadas y buena parte tenemos aprobadas la denominada preventa, para lo cual debimos calificar, presentar las respectivas carpetas, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones y requisitos solicitados”, refiere Florio, y agrega: “Desde ese momento comenzamos a pagar la preventa en forma mensual hasta ahora”.

“Dados los cambios sucedidos a nivel político y económico de nuestro país –amplía Florio– , nuestra situación es de preocupación con respecto al valor de las viviendas que siguen aumentando, cambio en las condiciones de calificación para acceder al crédito, falta de actualización en la tabla de los segmentos”. “Todos los que participamos de esta línea de Procrear somos trabajadores, era condición principal para acceder al crédito”, remarca Diego.

“Las entregas están retrasadas, a pesar de que falta muy poco, las viviendas están casi listas, pero la obra estaban prácticamente paradas hasta que empezamos a protestar”, indica el vecino de Baigorria. “Cuando fuimos a preguntar a las empresas constructoras, nos dijeron que las demoras eran por el cambio de gobierno”, añadió.

Farallon, Michetti y Caputo

De acuerdo a un preciso informe difundido por María Virginia Bertetti, en San Nicolás, donde se proyectó el desarrollo urbanístico más grande del país, con más de 1000 unidades, la obra se compone de distintos sectores, los cuales son llevados adelante por diferentes empresas constructoras. “El sector 2, comprende las viviendas 1 a 308; y el sector 3, desde la vivienda 309 a 542. Ambos a cargo del Grupo Farallon S.A. El sector cuatro se extiende desde la vivienda 543 a la 736, y se encuentra a cargo de PECAM”, detalla Bertetti.

“En la actualidad, las obras correspondientes a los sectores 2 y 3, que en conjunto totalizan más de 500 viviendas, están virtualmente paralizadas por presuntos problemas que el Banco Hipotecario no sabe explicar a los vecinos adjudicatarios”, denuncia la vecina damnificada.

Bertetti, revela que tras el cambio de gobierno, el Grupo Farallon se retiró en el mes de diciembre del año pasado sin explicación alguna, con sólo unas 100 viviendas finalizadas de las aproximadamente 500 que deben construir. “En los últimos días, ha salido a la luz que este grupo –propiedad de Eduardo Gutiérrez– es uno de los benefactores y principales aportantes de la Fundación SUMA de la vicepresidenta Gabriela Michetti”, indicó en su texto la adjudicataria y comunicadora.

“También se sabe que ha formado UTE (Unión Temporales de Empresas) junto al empresario y ex funcionario macrista Nicolás Caputo”, advierte el informe, para luego agregar: “Por citar ejemplos: la UTE, la dupla Farallón-Caputo participó en la construcción del Museo Malvinas en el predio de la Ex –ESMA y Mauricio Macri le otorgó la obra de la Red Captación Pluvial VII del Ramal Caaguazú en noviembre de 2015 antes de dejar la jefatura de Gobierno Porteño”.

Por último, Bertetti consigna que “en mayo de este año, Farallon se vio beneficiado por el Decreto 691/2016 del PEN que permite a las Constructoras de obra pública re determinar sus contratos y allí comienza una negociación con el Banco que hasta el día de hoy no concluye”. Y se pregunta: “¿Por qué se renegocia un contrato de una obra que tiene 20 meses de atraso?”.

Chau Procrear

Iván Kozenitzky es integrante del colectivo de Arquitectxs Sindcadxs, un espacio formado por jóvenes profesionales que trabajan y piensan la construcción y el urbanismo desde una perspectiva diferente a la hegemónica. Sin dejar de hacer críticas al proyecto original, Kozenitzky evaluó como “muy positiva” la experiencia del Procrear en su etapa anterior al cambio de gobierno. Consultado por El Eslabón sobre los cambios introducidos por la gestión de Mauricio Macri al programa financiado por Ansés, fue contundente: “Para nosotros el Procrear dejó existir”.

“Si bien habían comenzado a darse menos créditos a fines del año pasado, con el nuevo escenario empezaron a rebotar los proyectos, buscándoles la quinta pata, cosa que antes no ocurría, y luego directamente los fueron dando de baja”, ilustró el arquitecto.

Para Kozenitzky, con la nueva línea de créditos, “por el tema de tasa de interés y esta cuestión de que está atado a la inflación, es difícil que alguien se quiera meter, en este momento del país, con un crédito a 20 años y en las condiciones que están poniendo que no son mucho más ventajosas que las que te pone cualquier banco privado, que es casi usurario”.

“Ya no son más créditos para construir una casa sino para comprar algo ya construido. Dejan de ser créditos que apuntan a la industria”, indicó el arquitecto. “La construcción es una rama productiva que está prácticamente provista por mano de obra e insumos nacionales. Ahora el negocio está apuntado a que haya algunos bancos cobrando intereses. No tiene un fin productivo”, remarcó.

Construido

Según datos oficiales, desde julio de 2012 hasta el 31 de octubre de 2015, el Procrear alcanzó 150 mil soluciones de viviendas otorgadas, de las cuales un 62 por ciento tuvo como destinatarias a familias cuyos ingresos no superan los 16 mil pesos mensuales. El Banco Hipotecario desembolsó 49 mil millones de pesos, sobre un total de 94.500 millones contemplados hasta 2016, en el programa que coordina con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

Del total de 149.630 soluciones de viviendas concretadas, 78.372 correspondieron a construcción, es decir, 52 por ciento del total; y 17.057 a compra del terreno y construcción, 11 por ciento. En tanto que el resto se repartió entre ampliación, terminación, refacción y asistencia a damnificados por inundaciones.

Fuente: El Eslabón