Con derecho de admisión

El debate sobre la tarifa de gas convocado por el gobierno nacional, tras la exigencia de los consumidores y la Corte Suprema, dejó mucho que desear. De los 200 oradores inscriptos en Rosario, se seleccionaron sólo 16 y se desconoce bajo qué criterio. La situación se replicó en otras siete ciudades del país.

La Audiencia Pública que trata el aumento de la tarifa de gas empezó ayer por la mañana con el sello característico de las actividades del gobierno nacional en Rosario: vallas. La instancia, exigida primero por los consumidores y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió denuncias de todo el país por la forma en que fue llevada adelante. “Esto es pura y netamente un formalismo para manifestar a la ciudadanía que se han efectuado estas supuestas audiencias públicas: no se sabe qué criterio de selección de oradores hubo, dejaron fuera la lista a montones de personas”, explicó Juan Alcaraz, abogado representante de la Multisectorial Contra el Tarifazo de la ciudad. En Rosario, se inscribieron unas 200 personas y únicamente le dieron lugar a 16 oradores. Lo mismo se replicó en otras ciudades, como Salta, Córdoba, Mendoza y Neuquén, donde tuvo que suspenderse la actividad por represión. En todo el país, expusieron 373 personas que, cumpliendo con el tiempo asignado, consumirían casi 35 horas de exposición, por lo que se esperaba que la audiencia continúe este fin de semana. El primer orador de Rosario tenía lugar para las 17 del viernes.

“Para nada me imaginaba esto. Sólo alcanza con mirar el panorama”. Juan Alcaraz señaló los vallados sobre Oroño y Zeballos para explicar por qué para él se trató de una “supuesta” audiencia pública. El escenario armado –y replicado en otras ciudades– fue llamativo, especialmente porque se trataba de una aparente instancia democrática de diálogo. La Audiencia Pública en Rosario se realizó en la sede del Colegio de Abogados (Oroño al 1500), donde hay lugar para sólo cien personas. Una cola de ciudadanos se formó desde temprano esperando ingresar como público. Ese cupo se llenó enseguida. Más tarde, un rumor iba a llegar a las redes sociales: la mayoría de esa ciudadanía era militante o asesor del PRO. De los 200 inscriptos para hablar, sólo fueron elegidos 16 y nadie sabe bajo qué criterio. La Multisectorial contra el Tarifazo, impulsora de la audiencia pública en todo el país, no tuvo voz local. También se sumó a la denuncia la falta de información previa sobre el lugar donde se realizaría el evento. “Estamos siguiendo todos los caminos para solicitar la nulidad de esta audiencia”, aseguró Alcaraz.

El cantero de Oroño, a pocos metros del Colegio, ya que su puerta estaba vallada, se llenó de a poco de consumidores y militantes de distintos partidos, gremios y agrupaciones. La concentración se pasó a puro mate, solcito e indignación por la restricción al paso. Muchos se desayunaron ahí mismo que ya no había lugar para escuchar el debate sobre la tarifa de un servicio básico. Muchos también se anoticiaron de que para las 11.30 estaba convocado un ruidazo en es mismo lugar. La organización fue contrarreloj: dos días antes de la audiencia aún no se sabía ni siquiera dónde se realizaría en Rosario. La falta de tiempo, sin embargo, no pudo contra la característica multisectorial de la convocatoria y el nivel de afectación del tarizafo. La gente, aunque de pasada y a los apurones, fue a movilizarse y mostrar su descontento por el aumento en el servicio del gas.

Alberto Muñoz, de la Unión de Usuarios y Consumidores, calificó la organización de la audiencia como “ridícula”. “Es una instancia de participación, no somos criminales, somos personas comunes. Los usuarios estamos pidiendo participar. El gobierno está incumpliendo con todos los requisitos de una audiencia pública. Tiene que brindar información previa, en tiempo y forma, para que todos podamos opinar, sin embargo, las empresas han colgado sus propuestas hace 48 horas. Una audiencia pública tiene que permitir la participación del ciudadano, ¿cómo el gobierno va a decir quién entra y quień no?”, consideró. Octavio Crivaro, referente del Frente de Izquierda, destacó la “falta de voluntad real para discutir”. Y agregó: “Vamos a denunciar tanto lo formal del desarrollo de la audiencia como el tarifazo que buscan aplicar al pueblo trabajador”

“Venimos con expectativa cero de poder revertir los tarifazos salvajes con esta audiencia. Creemos que esto tiene que ver con cumplir superficialmente los requisitos para que el lunes los diarios titulen que se hizo la audiencia y los aumentos están en vigencia”, consideró Juan Milito, referente de la Multisectorial contra el Tarifazo. “Esto es una maniobra más en contra de todos los argentinos y asi nos vamos a expresar, en la calle, como siempre”.

Valor de mercado

Como dando la razón a quienes denunciaron que la audiencia era un circo para cumplir con la exigencia de la Corte Suprema, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó –sin esperar a las conclusiones del encuentro– que desde el mes que viene las facturas llegarán con aumentos de hasta un 236 por ciento.

Según el polémico funcionario, que fue el primer orador de la cuestionada audiencia, el mes que viene los usuarios residenciales recibirán sus facturas de gas con aumentos de hasta el 236 por ciento, mientras que para industrias y comercios, el ajuste será del 500. Con su habitual sensibilidad, Aranguren aseguró también que desde octubre se aplicarán aumentos semestrales durante los próximos tres años “a fin de lograr a fines de 2019 el valor de mercado”.

Fuente: El Eslabón