La intervención de un fiscal federal en la investigación por las muertes de dos jóvenes que –prima facie– consumieron pastillas de éxtasis durante una fiesta electrónica en Arroyo Seco amplía las posibles responsabilidades penales de los involucrados, al incorporarse la potencial imputación de facilitación del local para comerciar estupefacientes de venta prohibida. Dos ex empleados de Punta Stage, el boliche en cuestión, dijeron a través de los medios que en el lugar se vendían drogas sintéticas. La Policía de Investigaciones (PDI) halló tres pastillas que se mandaron a peritar. Uno de los fiscales de la Justicia ordinaria que investiga las muertes declaró que esa madrugada de Año Nuevo “había una gran cantidad de dealers que vendían drogas sintéticas como si fueran caramelos”. Igual testimonio brindaron los padres de la chica rosarina fallecida. Si tiene cuatro patas, cola y ladra, sí, es un perro.
La madrugada de Año Nuevo, Giuliana Maldovan llegó llevada por su novio hasta una ambulancia apostada en el predio de Punta Stage, con un cuadro de excitación motriz, según contó un día después el médico que la atendió, José Luis Murina. Dijo que tiraba golpes y patadas y era difícil atenderla, hasta que entró en coma y la llevaron al hospital Nº 50 de Arroyo Seco.
Por la gravedad del cuadro que presentaba la joven de 20 años, la trasladaron al hospital Provincial de Rosario, en cuya terapia intensiva falleció alrededor de las 10.30 del primer día del año.
Allí le diagnosticaron “hemorragia digestiva alta y probable intoxicación aguda por consumo de estupefacientes”.
La directora del Instituto Médico Legal (IML), Alicia Cadierno, donde fue trasladado el cuerpo para la autopsia de rigor, dijo que “está prácticamente confirmado que el consumo de sustancias, que son las que se venden en este tipo de fiestas, provocaron la muerte”.
“El consumo le provocó complicaciones por estímulo en el sistema nervioso central, que la llevaron a hemorragias”, abundó Cadierno.
El 2 de enero se conoció que en su casa de San Nicolás apareció muerto el domingo 1º Lucas Liveratore, de 34 años. Sus amigos lo habían dejado en su domicilio tras regresar de la rave “Sasha New Year’s Eve”, donde tocó el DJ británico Sasha.
Según los testimonios de sus amigos, se había sentido mal durante la fiesta, pero luego se recuperó y volvieron a la ciudad del norte bonaerense.
“Según el informe de la autopsia, este joven murió de un paro cardiorrespiratorio por falla cardíaca con signos de edema cerebral y deshidratación”, dijo el fiscal nicoleño Patricio Mujica Díaz, a cargo de las investigaciones del caso.
Señaló que ordenó la práctica de un examen toxicológico “para determinar si consumió o no algún tipo de sustancias”. Unos días después, tras recibir los testimonios de amigos de Liveratore que concurrieron con él a la fiesta, el representante del Ministerio Público Fiscal fue bastante más allá al afirmar que en el boliche Punta Stage “había una gran cantidad de dealers que vendían drogas sintéticas como si fueran caramelos”.
Tres patas
La determinación de responsabilidades judiciales se dividió en tres causas: dos en las Justicia ordinaria –una en la santafesina, la otra en la nicoleña, que investigan las muertes de los dos jóvenes– y una en la federal, a cargo del fiscal Mario Gambacorta, por el posible delito de venta de estupefacientes prohibidos.
El fiscal rosarino Walter Jurado, que lleva adelante el legajo por la muerte de Giuliana Maldovan, declaró su incompetencia en relación a la venta de drogas, cuya persecución penal está reservada al fuero federal. Sigue adelante, sin embargo, con la pesquisa por la muerte de la chica de 20 años.
Junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal federal Gambacorta pidió al juez Carlos Vera Barros allanar el municipio de Arroyo Seco, de donde la Policía Federal se llevó la documentación referida a la habilitación del boliche Punta Stage y de la fiesta electrónica.
También allanaron el lugar donde se desarrolló la rave y al menos dos domicilios del organizador, que no eran los dueños del comercio, sino el productor de fiestas electrónicas rosarino Alan David Van Broock.
Titular de LiveArt Producciones junto a dos socios, Van Broock (29) organizó varias de las más importantes rave de los últimos tiempos en Santa Fe, con DJs internacionales.
Según pudo saber el eslabón de fuentes de la investigación, la productora pagó unos 190 mil pesos por el alquiler del complejo Punta Stage para la noche de Año Nuevo.
El abogado de Van Broock puso a disposición de la Justicia a su cliente, aunque hasta el cierre de esta edición no había sido llamado a declarar. La responsabilidad de la productora surge de ser la organizadora del evento. Si existieran las pruebas, la Justicia Federal podría imputarlo por facilitación del local para la venta de estupefacientes, que los testimonios de los asistentes confirmaron.
Tampoco están exentos de una posible responsabilidad penal o civil –o de ambas– los propietarios de Punta Stage. Se trata de la sociedad de responsabilidad limitada Yameli, inscripta en el registro de comercio en octubre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe la Nochebuena de ese año.
Yameli está integrada por tres socios: Luis Carlos Urli y Pablo Andrés Volpe, de Rosario, y Fernando Ariel Turchetti, de Correa.
La sociedad se creó con un capital social de 120 mil pesos, distribuido en 12 mil cuotas de diez pesos cada una. Urli suscribió la mayoría de las acciones con 58.800 pesos, Volpe con 54 mil pesos y Turchetti con 7.200 quedó registrado como el socio minoritario.
Subalquilar el complejo que habitualmente explotan y que es de su propiedad, no los exime de las responsabilidades por lo que allí ocurriera.
Prohibido
Según explicó el secretario Legal y Técnico del municipio de Arroyo Seco, Gabriel Olivé, desde abril de 2016 las raves están prohibidas en ese distrito, por un decreto del intendente.
La fiesta electrónica que resultó fatal para los dos jóvenes se promocionó profusamente por las redes sociales. Al menos unas 3.500 personas se enteraron de la convocatoria, lo cual probaron con su asistencia.
Olivé intentó deslindar la responsabilidad del municipio asegurando que no sabían de la multitudinaria rave. Y dijo que la Guardia Urbana y Tránsito de Arroyo Seco realizaron esa noche una inspección “de rutina” en Punta Stage. De tan rutinaria, la mirada de los inspectores no advirtió que en el boliche había una fiesta electrónica, suspendida por decreto, puesto que no la detuvieron ni clausuraron el lugar por violar la normativa municipal.
El funcionario explicó que se inició un sumario interno en la Intendencia y que la administración está “tan apenada” por las muertes como los familiares de las víctimas.
Asistentes a la fiesta denunciaron que a determinada hora las canillas de los baños cesaron en sus funciones, como un arroyo seco. Será función de la Justicia determinar si eso fue así. Los que conocen el palo de las raves –y del consumo de pastillas de éxtasis asociado a las mismas– saben que esa droga produce deshidratación y, por consiguiente, la necesidad de revertirla con el consumo de agua.
Parte del negocio consiste, justamente, en vender la tan urgente y vital agua natural envasada. Si de las canillas fluye agua potable, el comercio mengua en sus posibilidades lucrativas.
Diezmos
Dos ex empleados del boliche, identificados como Alejandro y Silvia, dieron una nota a Canal 3 en la que afirmaron que en el boliche se vendía droga, que el municipio lo sabía pero trocaba la obligatoria denuncia en silencio por el pago de un “diezmo”.
Son testimonios valiosos, su veracidad habrá que probarla en los estrados judiciales.
Alejandro aseguró que cuando él trabajaba en Punta Stage “se veía gente drogada, mal. Yo tuve que salvar a una piba de Rosario llamando a los padres porque la vi que estaba muy pálida, temblequeando”.
En su testimonio mediático agregó que “era muy común la droga; los estupefacientes se vendían tanto en el interior como en los alrededores del boliche” y aseguró que la comuna no era ajena a lo que sucedía dentro del local.
«La Municipalidad (de Arroyo Seco) sabe todo. Iban inspectores de la Municipalidad a cobrar el diezmo”, denunció el ex empleado.
A su vez, Silvia coincidió en este relato al sostener que “la droga se vendía dentro del boliche”, y contó que ella vio “a una mujer que se le cayó la cartera en el baño, y andaba en cuatro patas levantando las pastillitas”.
“Vendían agua con pastillitas de éxtasis pegadas abajo de la botella”, abundó en detalles, para señalar que “había órdenes de cortar el agua en los baños a eso de las 3 de la madrugada para vender las botellitas de agua mineral”. Un coctel criminal, de comprobarse judicialmente. Aunque, vale aclararlo, los ex empleados suministraron testimonios sobre presuntos casos anteriores a la fiesta del Año Nuevo, por lo que sus dichos no podrán convertirse en prueba directa de lo ocurrido esa noche.
Prejuicios
La muerte vinculada al uso de drogas, aún más si se trata de personas jóvenes, atormenta a familiares y causa estupor en la sociedad. La ausencia de un debate profundo sobre el consumo de estupefacientes en sus distintas variantes –recreativo, abusivo, dependiente– habilita opiniones variopintas y, en algunos casos, absurdas sobre la complejidad de la cuestión.
Los padres de Giuliana Maldovan aclararon que su hija no era adicta, que cometió “un error”. “Mi hija cometió un error, fue inconsciente. Ella no era drogadicta”, dijo la mamá.
Horacio, el padre, sostuvo en la misma línea que “muchos dicen que mi hija era drogadicta. Ojalá lo hubiera sido, porque en ese caso estaría internada y yo la tendría conmigo”.
Los que escribimos o hablamos a través de los medios de comunicación sobre las fiestas electrónicas cuando se producen muertes, desconocemos mayoritariamente el universo de las raves. Poco sabemos acerca de la música, sus consumos asociados. Suplimos esa ignorancia –habitualmente– con prejuicios y sentencias morales sobre la juventud o los adultos encargados de “controlarla”. Un sujeto social asociado a la delincuencia en el segmento de los excluidos y al “reviente” en otros sectores sociales.
Una indagación profunda sobre los usos y costumbres de las juventudes y su vínculo con el mundo adulto sería, tal vez, una reflexión más útil para abordar las muertes por sobredosis en las raves que la estéril acción de condenarlas.
Fuente: El Eslabón
