“¿Por qué los vecinos tienen que alimentar a mis hijos si yo tengo dos brazos y dos piernas para seguir trabajando dignamente?”. Luís, de 35 años, está encadenado en la puerta del Concejo Municipal desde hoy al mediodía y hasta que esta nota se terminó de escribir. El hombre, carrero, tenía en sus manos una botella de kerosene: si no se encontraba una solución al conflicto, se iba a prender fuego. “¿Sabes la vergüenza que me da volver a mi casa y no poder darle comida a mis hijos?”, se explicaba. Luís no fue el único. Dos carreros más, Miriam y Carlos, lo acompañaron con las cadenas y las amenazas. El conflicto se estaba discutiendo, esta tarde, en las oficinas de la Municipalidad de Rosario. Allí, referentes carreros y funcionarios del Poder Ejecutivo local buscaban posibles salidas. El Concejo también estuvo presente en la reunión, pero se retiró antes no sin aclarar que continúan en la búsqueda de una solución.
La tracción a sangre en Rosario está regulada por la Ordenanza Nº 8.726 de diciembre de 2010. La normativa contempla la actividad de los recolectores urbanos informales y propone también una entrega progresiva de caballos y carros a cambio de “vehículos alternativos para el acarreo de los residuos”. También establece límites de tiempo: un año para registrar los animales y la entrega de la libreta sanitaria, y tres años para, una vez realizado el registro, proceder al reemplazo definitivo de vehículos por animales. Esos límites ya están vencidos. El plazo del 31 de marzo fue puesto por la Intendenta Fein en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Municipal. Es decir, se trata de una decisión política, que además estuvo acompañada por la difusión de los supuestos logros del programa Andando, que propone un intercambio: los caballos y carros a cambio de aportes económicos y asesoramiento en la conformación de emprendimientos laborales o cooperativas de trabajo.
Los carreros y carreras, sin embargo, sostienen que el programa nunca funcionó. Y desde la semana pasada llevan adelante una serie de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, frente al Municipio y frente al Concejo para que se revea esta decisión del Ejecutivo y no se pierda una fuente laboral. Ninguno de los carreros toma con seriedad la promesa de un trabajo alternativo: porque no funcionó antes y porque la tasa de desempleo es cada vez mayor. Eso lo ven ellos en la calle: son también cada vez más los que se buscan un carro para hacer unos pesos. La semana pasada, la Municipalidad aseguró también, según sostienen los carreros, que no se realizaría una “caza de brujas”. Pero a la pérdida de la fuente laboral se le suma que las fuerzas de seguridad en la calle quitan los carros. Y lo hacen a los golpes.
A lo largo de la jornada de hoy, un grupo de carreros y carreras se manifestó frente al Concejo y la convocatoria terminó con tres trabajadores encadenados y amenazando con prenderse fuego. Las reuniones para destrabar el conflicto continuaban realizándose en el Municipio, luego de que los concejales Enrique Estévez Boero, Norma López y María Eugenia Schmuck acompañen a referentes carreros para dialogar con funcionarios del ejecutivo. La idea es poder extender el uso de animales para la recolección y buscar oficios alternativos para el sustento de sus familias.
Desde el Concejo se emitió un comunicado recordando que en la sesión del pasado jueves se votó un decreto por el que se encomienda al Departamento Ejecutivo convocar al Comité Ejecutivo de Coordinación y Acción creado por la ordenanza Nº 8.726 del año 2010 para la realización de una reunión “para el cumplimiento integral de la citada ordenanza”. En el artículo segundo del decreto se precisaba que: “El objetivo excluyente de la reunión arriba mencionada es brindarle a aquellos recolectores informales que apoyan sus tareas en la tracción a sangre, y que aún no han logrado reconvertir sus actividades en el marco de la ordenanza referida en el artículo 1, una solución mediante la construcción consensuada de una alternativa superadora para la actividad, o la reconversión para quienes así lo deseen hacia otro rubro productivo”.
El comunicado del Concejo indica que, tras la votación de dicho decreto, el pasado viernes 31 de marzo los recolectores informales participaron de una reunión del citado Comité Ejecutivo de Coordinación y Acción, pero al no sentirse conformes con lo allí abordado en la mañana de hoy (martes 4) concurrieron al Concejo donde fueron recibidos en una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que se gestionó una reunión con funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social y de Economía Social. El encuentro se concretó esta tarde y en representación del Concejo concurrieron los ediles Norma López, María Eugenia Schmuck y Enrique Estévez. “Desde el Concejo se reitera la decisión de seguir trabajando en la búsqueda de una solución con la participación de todas las partes, esto es, recolectores informales, Ejecutivo y cuerpo colegiado”, finaliza el comunicado.
