El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro organizadores de la fiesta electrónica realizada en el complejo Punta Stage de la ciudad de Arroyo Seco, donde fallecieron dos jóvenes por el consumo de estupefacientes el 1° de enero pasado, por el delito de facilitación de un lugar para la realización de actividades de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización y uso, informó la Procuraduría de Narcocriminalidad.

De acuerdo al parte de prensa difundido desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), la resolución es el corolario de la investigación desarrollada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Mario Gambacorta, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.

La medida alcanza a Alan David Van Brook, y Gino Piazzese Scaglia –responsables de la productora “Live Art Producciones” que organizó el evento “Sasha’s New Years Eve Party”–, y a Germán Pablo Dalinger –gerente– y Esteban Gómez –encargado del local– de la firma Yameli S.R.L. que explotaba comercialmente el “Complejo Punta Stage”, ubicado en la rotonda Arroyo Seco de la Autopista Rosario-Buenos Aires.

La investigación se inició el 2 de enero pasado, con el fin de establecer si en la fiesta electrónica celebrada en el complejo había personas que vendían estupefacientes y si los dueños del establecimiento y/o los organizadores del evento facilitaron el lugar para el comercio ilícito de sustancias.

En paralelo, la Fiscalía Regional N°2 de Rosario, investiga la muerte de Guiliana Maldovan, mientras que la UFI N°3 de San Nicolás desarrolla una pesquisa para establecer las causas del fallecimiento de Lucas Liveratore. Ambos jóvenes habían asistido a la fiesta y presuntamente consumido alguna sustancia que les ocasionó la muerte.

Según el informe del MPF, la investigación desarrollada conjuntamente por los fiscales Gambacorta e Iglesias permitió establecer que el evento había sido organizado por la firma de Van Brook y Piazzese Scaglia, para lo cual celebraron un contrato de alquiler con Germán Dalinger –por Yameli S.R.L.– para la realización de una fiesta privada en el predio “Complejo Punta Stage”. Asimismo, en dicho instrumento consignaron que la cantidad de asistentes no podía superar de 3200 –a pesar de que el predio sólo tenía capacidad para 2346 personas– y debía ser la firma de Dalinger la que se ocupara de la contratación del personal de seguridad, emergencias y la provisión de bebidas. Por otra parte se estableció que Gómez actuaba como encargado del local, tal como se desprende de distintas actas firmadas por él.

Con el devenir de la investigación, los fiscales Gambacorta e Iglesias pudieron acreditar que se vendieron más entradas que la capacidad permitida para el evento, ya que la firma Ticketek informó que imprimió 5004 tickets para la fiesta, los cuales no fueron comercializados a través de sus canales habituales de venta.

También los distintos testigos manifestaron que los controles de ingreso fueron sumamente permeables, que era imposible adquirir agua en las barras, que había sólo dos dispensers ubicados en el predio –y que se agotaron rápidamente– y que tampoco funcionaba el suministro de los baños. Asimismo, todos coincidieron que la ventilación era escasa, que el predio estaba sobreocupado, que había un solo centro sanitario con dos enfermeros y que el personal de seguridad era escaso para la cantidad de asistentes.

Por otra parte, algunos de los testigos sostuvieron que en la fiesta la gente consumía estupefacientes tales como pastillas, cocaína y Popper, y que las mismas, incluso, eran vendidas por distintas personas en el VIP del evento. Ello quedó acreditado, además, por el hallazgo en el predio de distintos comprimidos de drogas sintéticas y cocaína al momento de retirar los baños químicos. También, la empresa de Emergencia AMAS informó haber trasladado al hospital municipal a otro joven con aparente intoxicación por éxtasis.

En tal sentido, el juez Vera Barros consignó en su fallo, que los dichos de los testigos “evidencian las circunstancias relativas a un ámbito de comercialización y consumo de estupefacientes que se habría desarrollado con naturalidad, y en el que los vendedores ‘dealers’ llevaban a cabo actividades de comercio de drogas en distintos lugares del predio en cuestión sin ningún tipo de control”.

En base a las pruebas colectadas en la investigación –siempre según el informe el MPF–, los fiscales Gambacorta e Iglesias habían imputado a los dueños de la productora y a los dos responsables del predio Punta Stage por “haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes (especialmente de estimulantes de tipo anfetamínico y otras drogas sintéticas incluidas en el Decreto 772/15) realizado por distintas personas aún no identificadas en el evento denominado ‘Sasha New Years Eve Party’”.

Por otra parte, en su presentación de abril pasado, los fiscales habían pedido indagar al intendente de Arroyo Seco, al inspector municipal que constató irregularidades en el evento –por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos– y al segundo jefe de la Comisaría 27° de la Policía de la Provincia de Santa Fe, por no promover la persecución y represión de aquellas personas que se encontraban vendiendo sustancias en el Complejo Punta Stage. Sin embargo, el juez Vera Barros sólo indagó a los responsables del Complejo y la productora. Ahora, la Cámara Federal de Rosario deberá resolver, dado que los fiscales recurrieron la decisión del juez, al entender que estos hechos no hubieran tenido lugar si esos funcionarios no hubieran incumplido sus deberes.

Tras escucharlos, el juez federal santafesino dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Van Brook, Piazzese Scaglia, Dalinger y Gómez, en orden al delito de facilitación de lugar para la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes agravado por haberse cometido en el interior de un sitio donde se realicen espectáculos o diversiones públicas. Asimismo, ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos.

En tal sentido, el juez Vera Barros señaló que las pruebas colectadas hasta el momento permiten “arribar a la convicción de la existencia, en el marco de la fiesta del día 1/1/2017 llevada a cabo en forma conjunta por los imputados en autos en el predio del complejo Punta Stage de la localidad de Arroyo Seco, de conductas de comercialización de estupefacientes y circunstancias de policonsumo que se habrían producido durante el desarrollo del evento en cuestión”.

Agregó que dicho contexto no podía ser ignorado por los imputados “ya sea porque tres de ellos (Van Broock, Piazzese y Gómez) se encontrarían esa noche en el predio de Punta Stage durante la realización del evento en cuestión, ya sea porque todos (incluido Dalinger), mantenían entre sí un vínculo comercial y laboral, a partir del cual venían llevando a cabo la producción de fiestas del mismo tenor en el lugar en cuestión, y en virtud de lo cual resulta difícil suponer a partir de los distintos elementos aquí valorados, que los imputados pudieran desconocer los pormenores y características de una actividad en la que se evidencia tenían una amplia experiencia”.

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