El otoño trajo más que hojas secas y lluvia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó la derogada ley del 2×1 a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad, fue un golpe de viento gélido que endureció el invierno instalado desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Un “clima de época” que se extiende a todo el sur del continente, y que por estos pagos sufren cada vez más sectores a medida que avanza el proyecto que impone el bloque hegemónico que se hizo con el poder político en diciembre de 2015.
El ataque permanente al “Modelo K” que machaca Cambiemos, junto a las grandes corporaciones de la comunicación y buena parte del Poder Judicial, se traduce en una creciente liberalización de la economía, ajuste en la administración, cientos de miles de despidos, apertura de las importaciones, caída de la industria, descontrol de precios y tarifazos. Todo orientado según la vieja receta del FMI –re-endeudamiento mediante– que implica el alineamiento vertical de la Casa Rosada con la Casa Blanca.
En ese contexto, el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el renacimiento de la mano dura, la represión a la protesta social y la persecución política a los opositores –con el caso de la dirigente Milagro Sala como el peor ejemplo–, dan el marco ideológico al relato M.
El discurso también es acción. Y produce realidad, hechos concretos. Sino preguntemos a los trabajadores que se quedaron sin laburo o a los comerciantes o pequeños industriales que cierran las puertas de sus emprendimientos, luego de recibir la factura de la luz o el gas.
O consultemos a una Madre de la Plaza de Mayo cómo recibió la noticia de que iban a quedar libres los secuestradores, torturadores y asesinos de sus hijos, a los que se había logrado condenar gracias a nada menos que cuarenta años de lucha.
Tras el repudiado fallo de la Corte, justo cuando el juicio Guerrieri III llegaba a su fin, los sobrevivientes del centro clandestino de detención La Calamita y los familiares de los desaparecidos de la Quinta de Funes, tuvieron que ver a los represores exultantes, riéndose en su cara, haciendo –con gestos provocadores– cuentas de cuando iban a salir de la cárcel gracias al 2×1.
La fuerte expectativa que habían puesto en Mauricio Macri y el fin del kirchnerimo –“lo peor que nos pasó”, al decir del dictador Videla– los llevó a festejar antes de tiempo, al igual que la defensora de los genocidas Cecilia Pando y el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj –a quien al igual que los tres cortesanos firmantes, los organismos de derechos humanos ahora piden la renuncia–.
La inmediata, masiva y contundente respuesta popular obligó a recular al gobierno que con las encuestas en la mano no tuvo pudor –nunca lo ha tenido– de cambiar el chamuyo e incluso sobreactuar la necesidad de sancionar una ley que subsane el supuesto “vacío legal” por el cual “se debería comprender” la fantochada de la Corte.
Una semana después de los chistes entre el represor Amelong y sus camaradas de genocidio, este viernes 12 de mayo sus rostros fueron otros en la audiencia donde el Tribunal les leyó el veredicto. Los jueces les impusieron la pena de prisión perpetua a los diez imputados de la causa y ya no hubo risas entre los asesinos. A pesar del otoño gris y lluvioso, fue un claro día de Justicia. Es cierto, la primavera está aún muy lejos. Pero todos recordaron esta semana, que se coronó con el histórico fallo en Rosario, que el tiempo, la historia, como la justicia, también son una construcción colectiva.
