Los familiares de la docente María de los Ángeles París, acompañados por organizaciones sociales, abogados y el gremio, pidieron una reunión al fiscal Jorge Baclini y presentaron un informe detallado de las irregularidades en la investigación.
La semana que acaba de terminar estuvo teñida de reclamos y movilizaciones. El lunes fue la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, el viernes cerró el multitudinario e histórico reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que también tuvo su primer encuentro el jueves, en la ronda de las Madres. Entre semana, Tribunales fue el epicentro. Por dos fallos históricos, pero también por una movilización por María de los Ángeles París, la docente que hace casi cuatro meses apareció muerta en la Comisaría 10ª y cuya causa todavía no avanza. Los familiares se manifestaron este miércoles junto a diversas organizaciones sociales y políticas, y le presentaron un documento al Fiscal General Jorge Baclini exigiendo celeridad en la investigación.
“Es un documento que presentamos luego de haber hecho un exhaustivo análisis. Lo que le presentamos es una lista de todas las irregularidades cometidas en la investigación y pedimos una reunión por la gran preocupación que tenemos. Necesitamos que cesen las irregularidades y avance la investigación”, explicó Enrique Font, uno de los abogados querellantes. El documento llegó de la mano de los familiares de María de los Ángeles, los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), integrantes de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho, la Multisectorial contra la Violencia Institucional y el sindicato docente Amsafé Rosario.
Font explicó a el eslabón que es un caso que “debería resolverse de manera fácil” y que incluso las pruebas aportadas son suficientes para avanzar, pero eso no está sucediendo. Y en este contexto, el pedido resuena más. “Como con el caso de Santiago Maldonado, el protocolo aplicable es el de Minnessota. Es el protocolo internacional que se usa para ejecución sumaria, muerte en custodia policial y desaparición forzada. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla con la obligación de llevar adelante una investigación pronta, efectiva, imparcial, completa y transparente”, agregó el abogado.
La hipótesis que se maneja hasta el momento es, en síntesis, que María de los Ángeles estaba loca y murió en la comisaría por un ataque. Los testigos que aparecen en la investigación de la fiscalía, y según dice el documento presentado a la querella, hablan de haberla visto balbuceando incoherencias que incluyen diablos y al Gauchito Gil y expulsando espuma por la boca. Los familiares afirman que esos testimonios son, valga la redundancia, “una locura” y el abogado querellante sumó: “Hay que ver, en todo caso, por qué tuvo esa crisis. Pero también por qué la ingresaron a la Comisaría con violencia, por qué la esposaron, por qué no hay lugar a una reautopsia”.
“Tenemos que saber cómo murió María de los Ángeles. Pero como se trata de una muerte en custodia policial, también tenemos que pedir que la forma de investigación sea tal como describe el protocolo de Minnessota”, dijo el criminólogo, y remarcó que si bien hay un delito que investigar –la muerte de una mujer– ese delito es un hecho que también representa violación a los derechos humanos. “La muerte en custodia policial no es figura delictiva sino una figura de las convenciones internacionales de derechos humanos, y genera obligaciones mucho más amplias que resolver un delito. Está la sanción de los responsables, pero también hay una serie de obligaciones, como sancionar, prevenir. Y además, el Estado aparece obligado a que la carga de la prueba demuestre que no hay responsabilidad estatal”.
Una reunión para que se garantice la Justicia
El documento presentado al fiscal Baclini está firmado por Erika Martina Salazar, hija de María de los Ángeles París. El punto del final es la solicitud de una reunión urgente, en la que también participe la Auditora General de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich. Y el eje del reclamo es la preocupación por el incumplimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de la obligación de llevar a cabo su actuación de modo de satisfacer los intereses de las víctimas y procurando que los procedimientos sean ágiles y simples.
Las trece páginas presentadas describen las medidas consideradas mal diligencias, ya sea por la demora injustificada en la obtención de resultados, la falta de seguimiento de las medidas, el modo de su diligenciamiento o los agentes intervinientes, entre otras. El primero es el pedido de reautopsia frente a las “serias irregularidades” que presenta el primer informe aportado por el Instituto Médico Legal. El segundo examen fue solicitado en mayo de 2017 y todavía no tuvo respuestas. También se hace referencia a los pedidos de estudios de hormonas de estrés, examen toxicológico, examen psiquiátrico, etcétera. “Esta parte no ve la necesidad o la pertinencia de la producción de este tipo de prueba. Para el hipotético caso de que mi madre se hubiera encontrado atravesando un cuadro de alguna perturbación mental transitoria, nada justifica la privación ilegal de la libertad, ni la violencia de la que fue víctima. Es esto y no la salud mental de la víctima lo que amerita ser investigado”, señala la querella en el comunicado. También y entre otras tantas exigencias, se reitera el apartamiento de las fuerzas policiales en torno al diligenciamiento y producción de prueba; el reclamo por la localización de las prendas de París; la falta de información sobre el horario de la llamada que comunica el hecho al Fiscal; y la entrevista al primer doctor que asistió a María de los Ángeles.
Las pruebas de la fiscalía
La fiscal Karina Bartocci realizó este viernes una conferencia de prensa en la que comunicó los avances de la fiscalía en la investigación de la muerte de María de los Ángeles París. Bartocci indicó que entre las pruebas fundamentales están los resultados de la primera autopsia, que indicó que el fallecimiento de la docente no fue por causa violenta sino por un paro cardíaco. “No se puede inferir que la causa de la muerte sea por lesiones u otra patología. No hay golpes. Sí debo aclarar que hay hematomas en brazos y piernas, pero no son lesiones que puede concluirse que sean por golpiza, sino por agarres o el síntoma de crisis que presentó”, agregó. También informó que el resultado toxicológico aún no está y llegará en unos 10 días. “Es el resultado que esperamos para la nueva autopsia que ha pedido la querella”, remarcó.
Bartocci también informó que la fiscalía cuenta con las filmaciones de las cámaras de la comisaría, de la cochería de enfrente y con numerosas entrevistas realizadas a vecinos, personas que estaban en la comisaría y en la cochería. Con eso, lo que se sabe es que María de los Ángeles ingresó a la comisaría con un cuadro de un principio de desorientación y esto motivó que el personal de la comisaría la tome por la fuerza y la entre a la comisaría, donde se produjo el deceso. “Esa conducta es la que se está evaluando, si los policías actuaron acorde a este cuadro que estaban presenciando o se excedieron”, aclaró la fiscal.
El caso Medina-Campos y la Audiencia de Constitución de Querellante
Los familiares y amigos de David Campos y Emanuel Medina, jóvenes brutalmente asesinados por la policía provincial, junto a la Multisectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario, difundieron un comunicado manifestando una profunda preocupación por el accionar del fiscal de homicidios Adrián Spelta en la investigación y tratamiento del caso, así como por la intervención del juez Carlos Leiva en la Audiencia de Constitución de Querellante, realizada el día 23 de agosto.
El documento señala: “El fiscal Adrián Spelta y el abogado defensor de uno de los policías investigados se opusieron a la constitución como querellante del padre de Emanuel, Luis Medina. En cambio, la defensa pública y la abogada defensora de 13 policías investigados/as no se opusieron. El juez Carlos Leiva, de manera infundada, con una interpretación arbitraria, restrictiva e irracional de la ley sólo admitió como querellantes a los padres de David y sorpresivamente le negó ese derecho a Luis Medina. El Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial le negaron su condición de víctima al padre de Emanuel Medina, negándole su legítimo derecho a querellar en la causa, violentando disposiciones internacionales y constitucionales en materia de Derechos Humanos. Frente a este clima adverso, la familia Medina apelará la decisión”. El escrito también denuncia que el 25 de agosto pasado, el fiscal Adrián Spelta convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles en los avances de la causa y dio a conocer de manera absolutamente irresponsable y tendenciosa el resultado de una pericia que analiza la existencia de componentes característicos de disparos de armas de fuego, sumando a la criminalización de los jóvenes fusilados por la Policía.
