En medio de la campaña electoral se recalienta la puja por la distribución de los recursos entre Santa Fe y Nación. Primero fueron los fondos fiscales de coparticipación federal (Fondo del Conurbano y deuda histórica), y ahora la Caja de Jubilaciones, un organismo autárquico que administra las jubilaciones y pensiones de la provincia bajo un sistema de reparto que se financia con aportes de trabajadores activos, contribuciones patronales y otras partidas establecidas por ley. El gobierno de Mauricio Macri, que intenta materializar una reforma jubilatoria global con olor a reprivatización, se propone “armonizar” –un eufemismo de “ajustar”– los sistemas previsionales de los trece distritos que en los años 90 no transfirieron sus cajas a Nación.
Provincia y gremios estatales reaccionaron al unísono en rechazo a resignar la potestad de mantener bajo la órbita provincial el régimen jubilatorio. Advirtieron que el intento de unificar el esquema con Nación para “corregir el déficit” de las cajas de jubilaciones locales se traducirá en recortes de beneficios, que en algunos casos, como Santa Fe, atentaría contra el 82 por ciento móvil del salario mínimo que perciben unos 80.000 jubilados provinciales. La resistida medida nacional representaría en concreto una rebaja en los haberes jubilatorios, que ni la administración Lifschitz ni los trabajadores activos y pasivos del sector público están dispuestos a consentir.
La “armonización” previsional que exige el gobierno de Macri a las provincias que no transfirieron sus cajas propias fue establecida en la ley 27.260 que se aprobó el año pasado, autodenominada de “Reparación Histórica”. Dicha norma estableció la obligación del gobierno nacional de enviar a las provincias que siguieron administrando sus cajas previsionales la cifra proveniente de simular el nivel de déficit que le causaría a Ansés si estas hubieran transferido sus sistemas a Nación.
Sobre la cuestión, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, dijo que este año el Ejecutivo nacional deberá girar a la provincia unos 3.500 millones de pesos en cumplimiento con la “reparación histórica”. Detalló que el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial de 2017 está calculado en 4.200 millones de pesos, y que la diferencia entre lo que debe remitir Nación y ese rojo (700 millones) “se cubrirán con recursos propios”. El funcionario del Frente Progresista se atajó: “Armonizar el sistema previsional con Nación significaría bajar las jubilaciones”.
El subsecretario de Hacienda provincial, Pablo Gorbán, explicó que en los 90 “Nación firmó acuerdos federales con las provincias que no transfirieron sus cajas, donde se comprometía a hacerse cargo de los déficits que generaran dichas cajas”. El funcionario de Lifschitz añadió: “Reclamamos que el gobierno de Macri cumpla con esos acuerdos, y también con un artículo reciente de la ley de Reparación Histórica donde queda sentado la obligatoriedad de Nación para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales”.
En declaraciones al programa Poné la pava (radio Gran Rosario), Gorbán subrayó que “el gobierno de Macri incumple con ese financiamiento”. Y completó: “Por esa ley (reparación histórica) el gobierno nacional está obligado a financiar el déficit, por lo menos hasta el nivel de déficit que se hubiera generado en Ansés si Santa Fe transfería su caja previsional. Lo que estamos reclamando es ni más ni menos lo que Nación reconoce como estándar de prestación. Por encima de ello, Santa Fe se hace cargo de las prestaciones adicionales para seguir cumpliendo con el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados provinciales”.
Desde mediados de septiembre el gobierno de Cambiemos viene recibiendo a los ministros de Economía de los trece distritos que no transfirieron sus cajas jubilatorias. En el tire y afloje, las provincias piden que la Casa Rosada financie el déficit previsional de esas provincias y apure el envío de partidas para cubrir rojos fiscales. Como condición para efectivizar la asistencia financiera, el macrismo les exige que pongan en sintonía sus cajas con criterios que rigen a nivel nacional.
Con este agitado proceso de “armonización”, la Rosada podría negar u otorgar financiamiento para las cajas locales y la Ansés auditar los sistemas previsionales provinciales. En efecto, los distritos deberían “armonizar” con Nación la edad jubilatoria, años de servicios exigidos, modificar porcentaje de aportes y contribuciones, la determinación del haber inicial y el mecanismo de movilidad de haberes.
El miércoles 4 de octubre se realizará una nueva cumbre entre autoridades del gobierno nacional y los ministros de finanzas de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias gobernadas por peronistas, macristas y fuerzas locales. Por todo lo dicho en la previa, el encuentro en Buenos Aires, donde los ministros de Economía provinciales plantarán bandera ante el ultimátum que les dio el macrismo, se presume caliente.
La mano en la caja
Bajo la consigna “la Caja no se toca”, la resistencia intersindical a la “extorsión armonizadora” se fundamenta en que varios integrantes del equipo de Cambiemos son los mismos que en su momento fogonearon la llegada de las AFJP durante el menemismo y acompañaron la reducción del 13 por ciento de las jubilaciones en la gestión de la primera Alianza. En rigor, la segunda Alianza PRO-UCR impulsa una reforma previsional en pos de achicar déficit y reflotar un régimen privatista de capitalización, quitó derechos a jubilados con poda en la entrega de medicamentos, habilitó aumentos desproporcionados en los remedios y contrajo el poder de compra de los haberes jubilatorios frente a la acelerada inflacionaria en bienes y servicios.
Gremialistas y dirigentes políticos de distintas fuerzas unieron brincos contra la “armonización”. “El gobierno de Macri busca cumplir con su objetivo de desfinanciamiento y desaparición del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Ansés. Luego de destruir las jubilaciones ordinarias y los sistemas provinciales, el paso siguiente será la eliminación de los regímenes especiales, entre los cuales se encuentra la actual ley 24.016 de jubilación nacional docente y el regreso a la estafa que representa el paradigma de los regímenes privados de capitalización, planteado como única opción para garantizar un mejor haber jubilatorio”, señalaron los docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en un comunicado que firma su secretaria general Sonia Alesso, “en defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario”.
Por su lado, el ministro de Producción y candidato a diputado Luis Contigiani sostuvo que “en Santa Fe los derechos adquiridos son conquistas irreversibles”, y avisó que “el 82 por ciento móvil no se toca”. Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Agustín Rossi y Alejandra Rodenas enfatizaron: “No vamos a permitir que le bajen los haberes a los jubilados de la provincia de Santa Fe”. El gobernador Lifschitz buscó cerrar la discusión: la armonización “es absolutamente inviable en Santa Fe”.
Por su lado, Javier Almirón, dirigente de Amsafé, señaló que la armonización que impulsa el macrismo significará “la rebaja de las jubilaciones y la eliminación de la movilidad automática”. Y resumió: “Será un grave retroceso”. En tanto, desde el Movimiento Sindical Rosarino se pidió a las fuerzas políticas santafesinas una “férrea oposición a cualquier cambio en el sistema de la Caja de Jubilaciones”. Para el MSR, la “armonización” es otra “expresión de las políticas de ajuste que viene llevando a cabo el gobierno nacional, en este caso sobre la seguridad social”.
La Comisión Intersindical del sector público de la provincia de Santa Fe (Cisep) se declaró en estado de alerta al oponerse el intento de “armonización” del régimen jubilatorio mediante cualquier modificación de las actuales leyes provinciales en la materia. Pidieron audiencia con Lifschitz y enmarcaron la puja previsional con Nación en “las políticas neoliberales de ajuste económico que se están llevando adelante, causantes de la desocupación, pobreza y exclusión social, asociados al despido masivo de trabajadores públicos y privados, formales e informales, caída de los niveles de ocupación, disciplinamiento social, pérdida del salario real, endeudamiento externo, devaluación monetaria, fuga de capitales y déficit fiscal”.
DESTACADO
“Luego de destruir las jubilaciones ordinarias y los sistemas provinciales, el paso siguiente de Cambiemos será la eliminación de los regímenes especiales, entre los cuales se encuentra la actual ley de jubilación nacional docente”
