Cuando todavía el Mago sin Dientes bailaba con la música de Chano, ex líder de la banda Tan Biónica, y se descorchaban botellas de champán para celebrar el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas, los estacioneros empezaban a retocar los carteles electrónicos para actualizar los precios de los combustibles, que aumentaron en promedio un 10 por ciento, acumulando en el año un incremento cercano al 30 por ciento. Se sabe que la suba de las naftas afecta al transporte y a toda la cadena productiva. Los surtidores te surten y borran del vocabulario automovilístico el “llename el tanque”, mientras los televisores de los minishops de las estaciones de servicio transmiten en vivo y en directo el show de De Vido preso y las repudiables andanzas acosadoras de Ari “mano larga” Paluch.
Ni lerdo ni perezoso el gobierno anunció tarifazos como regalitos para el árbol de Navidad, cuyo efecto inflacionario atentará contra la pretensión del oficialismo de moderar reclamos salariales. A pedir del empresariado VIP y con el guiño del FMI, Mauricio Macri encabezará este lunes una reunión ampliada para presentar el paquete de reformas, donde se hará carne una nueva avanzada contra los trabajadores. Según datos oficiales, la economía rebota al compararla con el recesivo 2016 pero sigue por debajo de los niveles de 2015, el empleo industrial no para de caer y pese a promocionar un repunte general del empleo, en la gestión macrista se cuentan 30.000 asalariados menos que hace dos años.
Con la suba de los combustibles, Cambiemos inauguró una serie de aumentos poselectorales, demorados por el oficialismo para evitar impacto en las urnas, que incluyen tarifas de luz, gas, transporte, cuota de medicina prepaga y monotributo. Para colmo, se privatiza la pelota y los partidos de fútbol de la Superliga pasarán a ser codificados, es decir que además de pagar el abono al cable para ver el partido hay que contratar por 300 pesos mensuales más el “pack fútbol”. Los aumentos que agita la alianza PRO-UCR para noviembre-diciembre encarecerán el costo de vida y, por consiguiente, traerán mayor pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.
Así, según diferentes proyecciones, la inflación acumulada de 2017 se ubicará entre el 25 y el 30 por ciento, bastante por encima de la meta que se había trazado el Banco Central. Y para el año que viene el gobierno fijó un techo paritario del 15 por ciento, en sintonía con la inflación estimada por el oficialismo, rechazado en primer término por trabajadores estatales. Incluso, en lo que sería el debút de la pauta salarial 2018, gremios aeronáuticos están en conflicto porque desaprueban el límite que busca imponer el gobierno. Y hasta ejecutivos de las principales empresas proyectan otorgar subas salariales por encima de la inflación prevista por el gobierno, de acuerdo a informes de consultoras que publicó el diario Ámbito Financiero.
Con el envión de los resultados de las elecciones, el relato amarillo, amplificado por la cadena de medios oficialista, armó una pantalla de “buenas noticias” al hablar de “impulso de la economía y del empleo”. El repunte del empleo se apoya en una mayor cantidad de monotributistas (en su mayoría desempleados que optaron por el cuentapropismo), beneficiarios de planes sociales y la levantada de la construcción de la mano de la obra pública, donde familiares y amigos del presidente meten la cuchara. No obstante, las cifras que dio a conocer el Ministerio de Trabajo de la Nación revelan que los asalariados privados registrados sumaron un total de 6,2 millones en agosto pasado, por debajo de los índices del mismo mes de 2015, con 30.000 trabajadores menos.
Como se señaló, una parte importante del empleo creado responde al sector de la construcción, donde la cantidad de asalariados aumentó en 40.700 en el último año, un crecimiento del 10 por ciento. Esta mejora repercutió en el conjunto del empleo formal privado, que creó 64.200 puestos y redondeó una mejora interanual de 1 por ciento. No obstante, el empleo industrial cayó 2,3 por ciento en agosto con respecto al mismo período de 2016, lo que significa una pérdida de unos 28 mil puestos de trabajo en el sector, según el mismo informe del Ministerio de Trabajo. Apertura comercial con importaciones de bienes de consumo, suba de tarifas, caída de la demanda interna y la intervención pro patrones de la cartera laboral en los conflictos laborales explican la sostenida pérdida de empleos en la actividad manufacturera.
Uno de los rubros más afectados del sector industrial es el textil, donde según datos de la UIA la actividad cayó 5,5 por ciento en agosto y las importaciones de indumentaria subieron casi 50 por ciento de enero a agosto. En un comunicado, gremios y cámaras de la actividad textil advirtieron sobre el riesgo de que cierren plantas. “En este tiempo se han visto afectados más de 7.000 puestos de trabajo entre suspensiones, despidos y vacaciones anticipadas”, alertaron. Y agregaron: “Si el gobierno no adopta medidas urgentes, corremos grave riesgo de que la situación de crisis se profundice”.
Como botón de muestra de las dificultades que emanan de la actividad fabril, en Rosario y la región se abrieron nuevos conflictos y otros volvieron a la primera plana (ver página 12 de este semanario). La fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat, confirmó ante el Ministerio de Trabajo de la provincia su decisión de desprenderse de unos 120 operarios (sobre una plantilla de 500) mediante retiros voluntarios, en el marco de un “proceso de reestructuración”, según argumentó la histórica empresa. La autopartista local Modelar cerró y dejó a 10 personas en la calle, que pelean por cobrar sus indemnizaciones. En tanto, dos días después de las elecciones la empresa Unilever, de Villa Gobernador Gálvez, que fabrica jabones en pastillas, se despachó con 65 despidos, sobre un plantel de 270 trabajadores.
Reformismo amarillo
Reconfortado en las urnas, el gobierno de Mauricio Macri aceleró la marcha de la segunda etapa de su programa económico neoliberal. Este lunes, el presidente usará el Centro Cultural Kirchner para anunciar, ante unos 150 invitados, entre ellos gobernadores, los “principales lineamientos” de las reformas que impulsará para los próximos años. Empresarios presionan para acelerar las reformas y Macri, por supuesto, las quiere hacer.
La flexibilización laboral ya está en marcha. La reforma avanza por sector y a paso firme: primero los petroleros patagónicos y luego los lecheros de Sancor, donde industria y gremio firmarán un nuevo convenio que implicará retrocesos laborales para “ganar competitividad”. Según anticiparon, habrá cambios en el régimen de horas extra y trabajadores fuera de convenio.
El gobierno buscará disfrazar la precarización laboral con un plan de blanqueo para “reducir costos y modernizar las relaciones laborales”. La cúpula de la CGT mantiene un apoyo pseudo crítico hacia el gobierno, sus principales dirigentes anuncian que están dispuestos a dialogar y consensuar cambios, pero dicen que no quieren que la reforma laboral haga retroceder a los trabajadores. Salvando las distancias, la postura de la central obrera frente a la avanzada del gobierno se aleja de las bases y se parece bastante a la que adoptó la CGT de los 90 al acompañar la flexibilización laboral menemista.
Al mismo tiempo, el macrismo apura la reforma previsional. Entre los cambios que buscará aplicar sobrevuelan la suba de la edad jubilatoria, la reducción de las contribuciones patronales, la baja de pensiones y el retorno al sistema de capitalización individual. En tanto, el gobierno plantea revisar los mecanismos de actualización de los haberes jubilatorios establecidos por ley, que hoy contempla dos aumentos al año. Gremios estatales denunciaron que, de prosperar esta medida, “asistiríamos a una pérdida de ingresos idéntica al recorte del 13 por ciento para los jubialdos que Patricia Bullrich (ministra de Trabajo de De la Rúa) realizó en el año 2000, pero disfrazada en la modificación de los índices con que se calcula la suba de los haberes”.
El clima festivo poselectoral que respira Cambiemos choca con la pérdida sistemática de derechos y conquistas que sufren los sectores populares desde que el gobierno se tiñó de amarillo, aunque esto no afecte de igual modo al conjunto de los trabajadores, que prosperaron mucho en la última década, e incluso corra por un camino paralelo a la expresión popular que arrojaron las urnas de los comicios legislativos. Ningún trabajador que votó al gobierno de derecha de Cambiemos lo hizo por gusto a perder el empleo o ser víctima de la flexibilización laboral o de otras medidas de ajuste económico, que a las claras lo perjudica y empeora sus condiciones de vida.
