A pedir del FMI y tal cual reza el manual neoliberal, Cambiemos consiguió recortar subas en los haberes previsionales y, al mismo tiempo, avanzó con su proyecto de reforma tributaria, que reduce aportes patronales.
En trámite exprés, en medio de una tensión política y social, Cambiemos consiguió aprobar en el Congreso la ley de Manotazo al Bolsillo de los Jubilados, denominada reforma previsional, y trascartón dio media sanción a la ley de Perdón Impositivo a los Ricos, conocida como reforma tributaria, hermana de la primera y parte del combo de modificaciones estructurales que impulsa la gestión neoliberal de Mauricio Macri a pedir del Fondo Monetario Internacional. Para el Año Nuevo quedará la reforma laboral, resistida por buena parte del gremialismo. Parece que después del desgaste que le insumió concretar el recorte a las jubilaciones, en medio de una feroz represión y cacerolazos de protesta, el gobierno se quedó sin aliento político en estos últimos días de 2017 para seguir adelante con su cruzada ajustadora.
Tras una sesión fallida por falta de quórum, con bastonazos, balas de goma y gases lacrimógenos en las adyacencias del Congreso, el oficialismo volvió a llevar su proyecto de reforma jubilatoria a la Cámara de Diputados. Después de largas horas de acalorado debate, con una imponente y ruidosa manifestación popular de rechazo que se propagó en las calles hasta la madrugada, a las 7.05 del martes 19 de diciembre se aprobó la nueva fórmula de movilidad para calcular la suba de haberes, modificación que representa una quita -el gobierno lo llama “ahorro”- entre 70 mil y 100 mil millones de pesos destinados a jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo (AUH). La medida perjudica a 17 millones de personas.
Con este cambio que avasalla derechos conquistados, por ejemplo, la jubilación mínima aumentará en marzo de 2018 un 5,7 por ciento, esto es poco más de 400 pesos. Cuando la suba que les correspondía en el primer trimestre del próximo año, cuando se dará el “empalme” entre ambas modalidades, era de 14,5 por ciento, unos diez puntos más de lo que van a percibir a partir de la reforma macrista. En 2018 los jubilados ganarán menos que si se mantenía la fórmula anterior: se estima que a lo largo del año perderán un haber completo. Y, por ende, perderán poder adquisitivo, pese a la rebuscada aritmética tonelliana. Encima, el guadañazo llegará en el marco de un recalentamiento inflacionario a caballo de los tarifazos y el encarecimiento de la canasta básica.
En reconocimiento implícito a la poda en los haberes, el gobierno dará por decreto un “bono compensatorio” de entre 375 y 750 pesos por única vez en marzo a jubilados y beneficiarios de la AUH. Esta transferencia positiva representa un “gasto” estatal de unos 4.000 millones de pesos, muchísimo menos que la detracción global de recursos a jubilados y perceptores de la AUH. El “bono compensador” representa menos del 5 por ciento de los 100.000 millones de pesos que el sistema de la seguridad social dejará de recibir como consecuencia de la modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria.
Entre los cambios sancionados, con 127 votos a favor (20 no oficialistas), 117 en contra y 2 abstenciones, la criticada ley contempla la chance de jubilarse de manera voluntaria a los 70 años, cinco años más para los hombres y diez más para las mujeres. También garantiza que los jubilados que hicieron 30 años de aportes cobrarán el 82 por ciento del salario mínimo. A diferencia de la fórmula anterior, que contemplaba principalmente la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que recibe Ansés, el nuevo cálculo del gobierno tiene en cuenta la variación del índice de precios, en un 70 por ciento, y la de un índice salarial, en un 30 por ciento. Y en lugar de aumentos semestrales como los de la ley anterior, las recomposiciones serán trimestrales.
La medida, con cambios regresivos, perjudica el bienestar económico de jubilados y trabajadores activos. Los ingresos que se “ahorra” el macrismo servirán para, dice, cubrir el desfalco fiscal que el propio gobierno generó al perdonarle sistemáticamente impuestos a los sectores más acomodados. El ajuste de los recursos previsionales también ayudará a la coalición gobernante a seguir bancando la fiesta de las Lebac y la bicicleta financiera.
La reforma previsional es un golpe de gracia a la caja del Ansés. Con la nueva ley, el organismo dejará de percibir impuesto a las Ganancias, un recorte que representa 60 mil millones de pesos. También se le restarán aportes patronales por 55 mil millones y se quedará sin otros 80 mil millones al eliminar el ingreso de regímenes especiales. En el gobierno anterior el sistema previsional fue superavitario y con tan sólo 24 meses de Macri y su banda de CEOs empezó a generar déficit. La reforma deja flotando la posibilidad de reprivatizar el sistema mediante las AFJP.
Bombazo al Ansés
Con los tijeretazos de la alianza PRO-UCR y la supresión de conquistas y derechos, quedan en el pasado las moratorias impulsadas durante el kirchnerismo con el objetivo de ampliar la cobertura previsional, que llevó a que el 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse perciban el haber, todo un récord en Latinoamérica. Esta verdadera reparación histórica incorporó al sistema 3,5 millones de nuevos jubilados que habían sufrido el desempleo o la precarización laboral (por eso no aportaron) y benefició a los hogares más pobres y no a los más ricos como repiten algunos desinformados, aunque también se hayan jubilado “señoras bien”.
La crisis de la convertibilidad dejó un sistema de seguridad social con un déficit de 1,5 por ciento del PBI. No obstante, con la recuperación del empleo privado y la recaudación tributaria, el sistema pasó a tener superávit a partir de 2006. Un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, bajo el título La sostenibilidad de la Ansés en el centro del debate, señaló que en 2005 el Ministerio de Trabajo y la OIT advertían que la cobertura previsional iba en picada. Los responsables: el aumento de los requisitos para acceder a la jubilación implementado en los 90 y el elevado nivel de desempleo e informalidad.
“En ese contexto se implementaron las moratorias previsionales. El impacto fue más pronunciado en los hogares de menores ingresos: la cobertura previsional pasó del 22 al 63 por ciento en el primer decil, del 50 al 80 por ciento en el segundo y de cerca del 60 al 90 por ciento en los deciles 3 al 5”, se destacó en el reporte, que continuó: “Pese al importante aumento en la cobertura, y a la incorporación de nuevas prestaciones (como la AUH), Ansés siguió teniendo superávit, sin observarse una baja particularmente pronunciada hasta 2015”.
Según el citado informe, “dos motivos se encuentran detrás de este comportamiento en 2015. El primero es permanente y refiere a la última moratoria lanzada en 2014, que tuvo su efecto pleno en 2015. El segundo fue la mayor nominalidad de los salarios y la recaudación en 2014, que se trasladó a 2015 mediante la movilidad. Sin embargo, esta situación no era grave y podía ser manejada a lo largo del tiempo”.
Todo cambió en 2016. “El déficit del sistema previsional se triplicó en términos del PBI. Se incorporaron nuevas y mayores erogaciones (como la “reparación histórica”), a la vez que los ingresos se desplomaron y no se previeron nuevas fuentes permanentes de financiamiento. Ninguna de las medidas implementadas desde el cambio de gobierno tendió a mejorar la situación del Ansés , más bien todo lo contrario”, se indicó en el documento. “La nueva ley, con cambio en la fórmula de movilidad, erosiona aún más a la seguridad social y comienza a cuestionar el nivel de derechos adquiridos desde la salida de la convertibilidad”, finalizó.
Tributo a la injusticia
Al otro día de aprobar la reforma previsional, la Cámara baja dio media sanción con algunos cambios puntuales y giró al Senado la reforma tributaria, cuyo corazón es reducir costos empresariales. Con el chamuyo de que la baja de impuestos a compañías trasnacionales traerá finalmente lluvia de inversiones, el gobierno avanzó con la segunda pata del paquetazo reformista después de un acuerdo previo con gobernadores.
La reforma tributaria de Macri, otro de los consejos que dejó por escrito el FMI en su visita al país, contempla una reducción de aportes patronales, donde se achica el monto que los empleadores deben pagar a la seguridad social para financiar jubilaciones. La medida rebaja el impuesto a las Ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades y elimina de manera progresiva el impuesto al cheque.
Si bien la ley crea nuevos impuestos a bebidas y renta financiera, tienen un rol marginal como fuente recaudatoria: el Estado percibirá diez veces menos de lo que perderá por las bajas impositivas, que afectará las arcas públicas y la realización de grandes obras de infraestructura. Al perdonar impuestos a las grandes corporaciones, la reforma intenta trasladar esa carga tributaria a los consumidores.
El lobby de Coca Cola de no volver a invertir en el país dejó sin cambios el tratamiento impositivo para bebidas azucaradas. En cuanto a la cerveza, la norma diferencia alícuotas entre las producidas de manera industrial y las artesanales. El oficialismo escuchó el reclamo de casi todo el arco opositor y mutuales y cooperativas quedaron exentas de pagar Ganancias. Las grandes empresas siempre se muestran quejosas de la “carga” fiscal. Prometen que si bajan sus impuestos generarán más empleo. Sin embargo, en los 90 ya se probó con esta fórmula neoliberal y el resultado fue un aumento exponencial de la desocupación.
Fuente: El Eslabón.
