Persona no grata

Es una “ironía que el presidente más racista de los últimos 70 años tenga su lugar en el mundo en territorio mapuche”, dice Adrián Moyano, investigador e historiador de Bariloche, luego de que el presidente arribara a Villa La Angostura para alojarse en el exclusivo Country Cumelén, donde suele vacacionar con su familia, y acceder a las aguas del lago Nahuel Huapi.

De inmediato, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un mensaje para Macri y la ministra de Seguridad de la Nación. “Mientras Bullrich sigue en su cargo y Macri está de vacaciones, aún no se identifica al autor de los disparos. Sólo se comprobó que no hubo enfrentamiento. La impunidad es violencia. Rafael Nawel no te olvidamos», expresaron los pobladores originarios, sobre el mapuche asesinado a orillas del lago Mascardi de Bariloche, en Río Negro.
«No hay insulto más grande que el silencio de tu Justicia. Que responde a nuestro dolor con la impunidad. Nos acusa el mismo dedo que ha gatillado. Que se esconde en la mano que ha ensangrentado esta tierra. Vida Nueva – Puel Kona», agregaron.

Rafael fue baleado por la espalda, en el glúteo, y la bala que entró en forma ascendente le afectó varios órganos y falleció. Las pericias comprobaron que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron atacados por el grupo de elite Albatros, de Prefectura Naval Argentina.
Los Albatros persiguieron a miembros de la comunidad en el sendero que conduce al mirador de los Piojos, cuesta arriba. Los investigadores buscan comprobar la hipótesis del «prefecto homicida». En los próximos días se conocerá una pericia balística que se lleva adelante en el Tiro Federal por analistas del Instituto Balseiro que confirmaría la teoría”.

Caen las hipótesis de Bullrich

A un mes del asesinato, se comprobó que ni Rafael o algunos de sus compañeros estaban armados en el lof. Así se comprobó la mentira que en la campaña oficial difundió Prefectura. A horas del ataque, la fuerza aseguraba que los efectivos “respondieron” a una agresión armada previa de los jóvenes mapuches.

También se demostró por documentación y testimonios que Rafael no formaba parte de la RAM. La supuesta organización no sería más que la creación de un supuesto enemigo organizado y que por su actividad justificaría el accionar de fuerzas represivas en todo el territorio mapuche. Crece la hipótesis que señala al supuesto grupo como un señuelo utilizado por los Servicios de Inteligencia del Estado para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias.

Resulta claro que Rafael fue asesinado por quienes creen que quedaran impunes por la cobertura del anonimato de sus uniformes y las disposiciones de sus superiores, desde oficiales a autoridades de Prefectura y del Ministerio de Seguridad, como ocurrió al tapar y manipular los socios mediáticos en el asesinato de Santiago Maldonado y en la represión de la protesta del jueves 14 y lunes 18 de este mes, en la Plaza Congreso.

La misma comunidad Lafken Winkul Mapu desmintió la militancia de Rafael y el Gobierno no pudo demostrar con ninguna prueba que fuera así.

De Cushamen al Mascardi

La política represiva desatada por el gobierno y apoyada por los relatos de los medios de comunicación hegemónicos, en resguardo de los intereses privados, de grupos económicos, tomó fuerza a partir de comienzo de año. La comunidad Puel Lof Resistencia Cushamen fue atacada el 10 y el 11 de enero, cuando habían cortado vías por donde circula el histórico tren Trochita Angosta y una calzada de la ruta 40. Entonces, el  juez federal Otranto ordenó el desalojo de la ruta, pero unos 200 gendarmes penetraron en el territorio de la comunidad. En el ataque fueron detenidos siete mapuches y jóvenes que habían acudido en apoyo de la comunidad, entre ellos dos mujeres.

Las balas de gomas hirieron gravemente a Fausto Jones Huala (hermano de Facundo) y Emilio Jones, quien fue sometido a operaciones por una lesión maxilar producidas por un perdigón de goma disparado a corta distancia.

Acerca de esa represión, que se repitió en agosto y derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, María Bottini, fiscal general de la justicia de Chubut en Esquel, acusó a Alberto Solorza, oficial principal de la Brigada de Investigación de la Policía de Chubut, por «tentativa de homicidio agravado», «abuso de autoridad» y otros cargos. Solorza encabezó el grupo de Infantería de la policía provincial acusado de disparar a quemarropa y a corta distancia contra los integrantes del Pu Lof.

En el operativo de enero, varios mapuches y militantes fueron detenidos por acusaciones de abigeato, daños y otros delitos. Pero luego todos fueron liberados y sobreseídos por esas causas.

El lento juicio a Facundo

Por otra parte, los jueces de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron la excarcelación del lonko Facundo Jones Huala, al negarse a tratar una solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Por ello, la defensa del lonko elevó esa cuestión al juez Claudio Villanueva y la Cámara Federal de General Roca.

En tanto se dilata el juicio, sin fecha de inicio. Sobre la excarcelación argumentaron sobre negativos antecedentes, como su “salida clandestina de Chile en medio del proceso que allí tiene”, y la “falta de arraigo del detenido en la casa en la que dijo que viviría en Esquel”, junto a su abuela Trinidad.
En Chile se lo culpa por “presunta participación” en un incendio intencional, durante 2013, en el que fallecieron dos personas. También se lo vincula con la tenencia ilegal de armas y violación de la ley de extranjería.

Gendarmería lo detuvo nuevamente en junio último por pedido de Chile, el mismo día que en la capital trasandina se reunían Michelle Bachelet y Macri.

Combatiendo a la RAM      

A pesar de tanta manipulación mediática, como el ridículo de Nicolás Repetto luciendo una capucha para hacer una nota a un mapuche, los privilegios que permitieron a Lanata hacer una entrevista al lonko Facundo Huala, y la cobertura de medios de la región y, sobre todo, de Clarín y la Nación, la verdad fue difundida por la valerosa familia Maldonado y el aporte de siempre de los medios comunitarios de la región sureña.

Por su parte, a pesar de la caída de cada una de las teorías y explicaciones del relato de Macri y su ministra de Seguridad, la misma Patricia Bullrich, como si nada hubiera sido verdad, el miércoles último anunció la creación de un «comando unificado» con provincias patagónicas “para atender la problemática en torno a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su «lucha insurreccional».

A pesar de no ser detectada, registrada o con miembros detenidos, Bullrich insiste en que la RAM es “un grupo etnonacionalista que practica una violencia extrema» y que lleva adelante una «lucha insurreccional que no reconoce al Estado ni a la Constitución Argentina, ni a las provincias».

Sin embargo, la ministra Bullrich adelantó «acciones conjuntas» con los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, y enumeró 96 causas abiertas por delitos varios desde abigeato, quemas de autos, usurpaciones; y aseguró que «el objetivo de los ministerios de Seguridad de la Nación y provincias es perseguir a los movimientos de violencia extrema».

Claro que no hizo mención a la investigación a todas las fuerzas bajo su mando denunciadas por represión, robos, secuestros y destrucción, como los realizados en la comunidades mapuches.

Desaparición forzada           

En el caso Santiago Maldonado, aunque la fiscal Silvina Ávila pidió cambiar la carátula a Desaparición forzada, el juez federal Gustavo Lleral rechazó el pedido .

Resaltó que mantendrá la investigación sobre los minutos finales de Santiago, y no accederá a modificarla a “averiguación sobre las circunstancias de la muerte».

Indicó el magistrado que “el pedido de recaratulación del expediente, teniendo en cuenta la etapa procesal que se transita, (…) dicha circunstancia no es relevante para el trámite de la investigación, puesto que lo esencial son las medidas que se materializan con la finalidad de dilucidar los hechos”.

Para la fiscal, la hipótesis de la desaparición forzada se cayó porque hasta ahora no pudo comprobar la privación ilegítima de la libertad de Santiago, la participación de una fuerza de seguridad del Estado y el ocultamiento de la víctima. Para el magistrado, en cambio, es más importante seguir juntando pruebas.