Mientras el genocida indultado Alberto Fujimori amaga con volver a la política, el gobierno de Dina Boluarte intenta sortear investigaciones judiciales en su contra por represión y corrupción. Y le abrió la puerta al Ejército de EEUU, que recorre el territorio con soldados y armamentos.

El gobierno de Dina Boluarte viene cometiendo, hasta ahora con impunidad, todas las acciones criminales que caracterizan a la derecha y la ultraderecha de la región y el mundo. Represión a la protesta social, con un saldo de al menos 50 muertos. Militarización del país, con tropas de Estados Unidos incluidas. Violación sistemática de la Constitución, las instituciones democráticas, la división de poderes, los tratados internacionales y los derechos humanos. Manejo discrecional del Congreso (con una mayoría fujimorista que sostiene a la multidenunciada mandataria interina). Plan de ajuste contra las grandes mayorías y en beneficio de los intereses económicos más concentrados. Y todo esto con el indispensable apoyo de los poderes fácticos, los grandes medios de comunicación hegemónicos, y buena parte de la Justicia. 

Con apenas el 8 por ciento de aprobación de su gestión, varias investigaciones en su contra por la comisión de graves ilícitos y un pedido de vacancia por incapacidad moral, Boluarte sigue en el cargo, pese a todo. Y el presidente elegido por la voluntad popular, Pedro Castillo, continúa encarcelado sin juicio, derechos ni garantías. 

Y además, para agravar el panorama, el ilegítimo gobierno ejerce sobre la ciudadanía todo tipo de violencias y provocaciones. El pueblo peruano, reprimido, hambreado, sin trabajo ni derechos, tiene que soportar además otra afrenta: el ex presidente, genocida preso, condenado y luego indultado, Alberto Fujimori, se paseó por centros de compra tomándose fotos con presuntos admiradores, reapareció en redes sociales, y amaga con volver a la política (pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos) apoyando a la actual mandataria.

El genocida que se saca selfies

Es una práctica común entre los asesinos de sus propios pueblos, genocidas condenados y encarcelados. Convertidos en patéticos actores, fingen enfermedades para poder acceder a un indulto o a prisión domiciliaria. Fujimori no es la excepción. “Ahora fuera de la prisión por un indulto impugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, Alberto Fujimori ha resucitado del supuesto grave estado de salud con el que se justificó ese cuestionado perdón. Saludable y activo, sale a pasear y se fotografía con simpatizantes, se promociona en redes sociales y da declaraciones políticas. Para indultar al ex dictador condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, se aseguró que estaba muy enfermo, que dependía de un tubo de oxígeno para respirar, que podía morir en cualquier momento. Con sus apariciones públicas mostrando buena salud luego de ser liberado, el propio Fujimori ha puesto en evidencia que eso fue una farsa”, describe Carlos Noriega en la nota publicada en Página 12 “El indultado Fujimori se pasea por el shopping y las redes sociales”.

“Una vez en libertad, el Fujimori de rostro abatido y de gesto agónico ha sido sustituido por uno de aspecto vital, que exhibe una salud bastante buena para sus 85 años. Apareció en un centro comercial en una zona exclusiva de la capital peruana caminando sonriente, saludando a simpatizantes que se le acercaban y tomándose fotos con ellos. En ese desfile de admiradores todo parecía muy armado. Para completar el armado apareció en escena un canal de televisión vocero de la ultraderecha al que Fujimori le declaró su apoyo a la presidenta Dina Baluarte, que le dio el indulto desacatando resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de ese perdón. Aseguró que el fujimorismo tenía un pacto para apoyar y sostener al gobierno”, agrega la nota, que además afirma que días después del paseo por el centro comercial, Fujimori apareció en un video para anunciar que activaba sus redes sociales. Una foto lo ha mostrado en un almuerzo con amigos, en la que se le ve muy relajado, sin la sonda en la nariz para respirar de la que supuestamente no se puede separar. En la imagen no hay rastro del tubo de oxígeno del cual se ha dicho depende su vida.

Fujimori salió de prisión el 6 de diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su libertad inmediata un día antes. Su salida fue posible debido a que la sentencia del alto tribunal ratifica un fallo anterior de la misma corte, emitido en marzo de 2022, en el que se restituían los efectos del indulto humanitario.

Fujimori estuvo preso desde 2007 y fue sentenciado por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta cometidos durante su gobierno, lo que le valió una pena de 25 años de prisión. Pero en diciembre de 2017 fue indultado por el entonces presidente Pedro Kuczynski, quien explicó su decisión como un gesto humanitario que respondía al estado de salud del ex mandatario genocida.

Menos de un año después, Fujimori regresó a prisión, cuando en octubre de 2018 un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto. Una decisión que se produjo luego de que los familiares de las víctimas acudieran a la CIDH para pedirle que se pronunciara. Entonces, la Corte recomendó acudir a la justicia peruana con el fin de revisar el indulto.

En enero de 2018, la Defensoría del Pueblo de Perú presentó un informe sobre la decisión de Kuczynski, y señaló que la resolución suprema que concedió el indulto no expresaba de forma suficiente las razones médicas que lo sustentaban.

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú restableció los efectos del indulto otorgado en 2017. Sin embargo, el 30 de marzo de 2022, la CIDH solicitó al Estado peruano abstenerse de implementar dicha sentencia.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la decisión de Perú que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Esto, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indica el documento del organismo, fechado el 8 de diciembre de 2023 y titulado “CIDH rechaza decisión del Tribunal Constitucional de Perú que implementó el indulto de Alberto Fujimori”.

“La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad. Por su parte, la Comisión ha señalado que la medida o figura jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante”, señala la CIDH, al tiempo que recuerda que Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de ese organismo. Y advierte que está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales.

“Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad”, exhorta el organismo internacional.

Tropas yanquis armadas hasta los dientes

El 31 de mayo de 2023 el Poder Ejecutivo aprobó la entrada de tropas de EEUU al territorio peruano. La versión oficial del acuerdo menciona como objetivo la “cooperación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. 

Perú autoriza el ingreso de tropas de EEUU para ejercicios militares en estas regiones del país”, tituló por entonces Infobae, que aclara en la bajada: “El personal militar estadounidense contará con la autorización para ingresar al país con armamento militar. También ha autorizado la entrada de medios aéreos y medios náuticos”.

El 14 de marzo de 2024 se ratificó y profundizó la convocatoria. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a fin de dialogar sobre temas de interés bilateral; entre ellos el de la formación de un grupo de trabajo para la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“La agenda abordada incluyó aspectos referidos a la democracia, los derechos humanos, la seguridad regional, el comercio, la inversión y la migración”, informó el medio peruano Andina.

Masacre con fusiles israelíes

Según el documento de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado el 19 de octubre de 2023 con el título “Perú: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide reformas significativas para garantizar el derecho de reunión pacífica y asegurar el diálogo inclusivo”, las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y cometieron torturas durante las manifestaciones en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso que dejaron más de 50 muertos.

Las fuerzas de seguridad, agrega el documento, usaron la fuerza fuera de las normas internacionales, “lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, incluso en manifestantes o transeúntes que no suponían una amenaza aparente para los uniformados.

El alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, dijo que “los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas… si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado”. Y agregó: “Las víctimas deben recibir una reparación integral”.

De acuerdo con Naciones Unidas, durante las manifestaciones hubo 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. El informe menciona el caso de un adolescente de 15 años, ocurrido el 15 de diciembre en Ayacucho, que recibió un balazo en la espalda cuando volvía a casa de trabajar.

El informe indica que expertos en armamento confirmaron el uso de fusiles Galil de IMI (Industrias Militares Israelíes) o IWI (Industrias de Armas Israelíes) en las zonas donde se produjo la mayor cantidad de fallecidos.

La ONU recomendó a Perú planificar las operaciones policiales, garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante protestas sociales y “tomar todas las medidas necesarias para abordar eficazmente los estereotipos discriminatorios o racistas o de género”.

Sin derechos ni garantías

Boluarte fue elegida vicepresidenta en julio de 2021. Acompañaba en la boleta a Pedro Castillo que fue elegido presidente. Ambos se presentaron como candidatos del partido marxista leninista Perú Libre (PL), pero cuando la vice se quedó con la presidencia (tras una declaración de Castillo amenazando con cerrar el Parlamento), cambió de ideología (se convirtió en ultraderechista), se atornilló al cargo y se negó en forma sistemática a llamar a elecciones. Cuando el pueblo salió a la calle a denunciar el golpe parlamentario y militar contra Castillo, fue masacrado.

“Tenemos en nuestra América a un presidente preso, porque no estaba dispuesto a poner su firma en la renovación de concesiones que entregaban las riquezas de su país a los desaforados intereses transnacionales. Esa es la verdadera razón por la que lo tienen preso a Castillo, lo demás es «forma», aunque «forma deformada», porque carecen de argumentos jurídicos. El «fondo» son las concesiones de Fujimori, que vencen este año y el que viene”, aseguraron Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto en la nota publicada el 24 de agosto de 2023 en Página 12, “Las razones detrás de la detención de Castillo”.

“La «forma deformada» es el conjunto de argumentos pseudojurídicos retorcidos de quienes por lo bajo los sintetizaban en un susurro del que te quieren hacer cómplice con el más crudo racismo: «este cholo no puede ser presidente». Lo sintetizaban así porque Castillo era el primer presidente campesino llegado de la sierra, del Perú profundo y relegado, sobre el que tantas veces llamaron la atención a lo largo de su historia Gonzáles Prada, Mariátegui y Haya de la Torre. Por eso tampoco titubearon en matar a setenta «cholos» que protestaban contra el atropello a su presidente”, aseguran.

Los abogados argentinos Zaffaroni y Croxato, que actúan como defensores del presidente depuesto, han tenido grandes problemas para entrevistarse con su defendido (un derecho básico). Castillo permanece encerrado e incomunicado, en condiciones que ni siquiera los más sanguinarios terroristas deben soportar.

Zaffaroni afirma que Castillo está acusado de “rebelión”, delito que conforme al código penal requiere “levantamiento en armas”. El abogado agrega que, como era más que previsible y como el propio Castillo sabía, nadie alzó un arma, a tal punto que al terminar el discurso (en el que anunció disolver el Congreso) intentó asilarse. Cabe insistir en que todo el episodio, discurso y salida hasta su detención violenta, no duró más que unas dos horas, puntualiza el letrado argentino en la nota publicada en La Tecl@ Enie, “El golpe y la dictadura caótica”.

Como no hay rebelión, continúa Zaffaroni, ahora los jueces, para justificar su prisión, afirman que su conducta sería altamente peligrosa “en otras circunstancias de tiempo, modo y medios”.

“Puedo recorrer todos los libros de derecho, pero nadie sostiene que sea delito una acción porque «en otras circunstancias» hubiese configurado un peligro o daño, pues cualquier acción, «en otras circunstancias» podría ser lesiva o peligrosa. Así, quien dispara contra un blanco realiza una práctica deportiva, pero si en lugar de un blanco tuviese delante a una persona, sería un asesinato. Por suerte, hasta ahora todos los tribunales juzgan las acciones en sus circunstancias reales y concretas y no en otras meramente hipotéticas, pues en caso contrario, todos estaríamos imputados de delitos, dado que, «en otras circunstancias», hasta la más inocente de las conductas puede ser un delito, incluso atroz”, explica Zaffaroni.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 30/03/24

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