La marcha del 21 de febrero dio sobrada muestra de que hay una multitud de argentinos disconforme con la política económica de la Alianza Cambiemos. El plan de ajuste que emprendió el macrismo, que pesa más sobre los sectores populares, es rechazado por vastos sectores de la sociedad, por distintas afectaciones: despidos, inflación, pocas ventas, bajos salarios. Fue una movilización de sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos que, con matices y diferencias, se oponen al gobierno. Fue una marcha plural, heterogénea, con participación de muchas personas sin encuadre político, autoconvocados, gente de a pie como suele decirse. Tuvo epicentro en Buenos Aires, se replicó en todo el país. El gobierno y la cadena de medios oficialistas intentaron desdibujar la marcha al buscar instalar la idea de que fue un “acto de Moyano”. La contundencia, la masividad de la misma sepultó tanto marketing y operaciones. Las protestas se multiplican y reescriben el mapa político. El tironeo en las negociaciones paritarias y la sangría de despidos vislumbran un escenario de mayor conflictividad sociolaboral.
Los principales convocantes a la marcha “en defensa de los trabajadores” fueron el neoliberalismo económico que representa el macrismo y sus nefastas consecuencias. Desde que gobierna Cambiemos “se agravaron los desequilibrios macroeconómicos (principalmente en el sector externo), se avanzó en la redistribución del ingreso en detrimento de los sectores populares (en especial, por la caída del salario real y el empleo) y se consumió una buena parte del desendeudamiento alcanzado en el ciclo kirchnerista”, se destacó en el último informe de coyuntura que presentó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), vinculado a la CTA.
“Bajo estas circunstancias, la economía no sólo profundiza los desequilibrios, sino que se torna más dependiente del proceso de endeudamiento externo que puso en marcha la administración de Macri y, por ende, es más vulnerable ante las volatilidades internacionales en un escenario mundial complejo”, se agregó a modo de balance de la primera mitad del gobierno de Cambiemos.
En el reporte de Cifra se indicó que “tras la caída y el crecimiento del producto bruto interno en 2016 y 2017, el nivel de actividad económica se ubicó en el mismo lugar que en 2015, pero con una tasa de desempleo superior (del 6,5 al 8,7 por ciento), una inflación más elevada (26,5% contra 27,2%) y salarios reales inferiores. Tal es así que en diciembre de 2017 los salarios reales de los trabajadores del sector privado fueron 4,2 por ciento menores a los del mismo mes de 2015, en tanto que los del sector público cayeron 6,3 por ciento en igual período”.
En enero, el rojo comercial se multiplicó por diecinueve en términos interanuales. Según informó el Indec, la balanza comercial registró el mes pasado un déficit de 986 millones de dólares. Las exportaciones treparon 10,7 por ciento y las importaciones 32,1 por ciento. Este desequilibrio refleja la destrucción de la industria local y del empleo. En 2017, el gobierno de Macri había estimado un déficit de 1.866 millones y terminó siendo de 8.471 millones. El rojo que proyectó para este año, según el presupuesto, es de 5.600 millones, aunque consultoras privadas estiman que rondará los 10.000 millones de dólares. Hete aquí otra situación que moviliza a disconformes con la política de la derecha gobernante.
Según el informe de Cifra antes citado, el déficit de cuenta corriente trepó a un máximo de 4,9 por ciento del PBI, superior al 2,8 por ciento del 2015 y a los registros del decenio de 1990. “Existen dos factores que actuaron, especialmente, como vía inductora de este drenaje de divisas. Por un lado, la avalancha importadora en un escenario de apertura comercial y apreciación cambiaria provocaron la elevación del déficit de comercio exterior a 8.472 millones de dólares, el más elevado en los últimos 40 años con la única excepción de 1994 (9.510 millones a valores actuales). Por otro lado, la aceleración de la fuga de capitales también presionó sustancialmente a la cuenta corriente del balance de pagos en un contexto en el que se estrecha el campo de inversión productiva. Prueba de ello es que la fuga de capitales alcanzó a 19.410 millones de dólares -más del doble de 2015, arañando los picos de 2008 y 2011- y que la tasa de inversión cayó del 15,8 al 14,9 por ciento del PBI entre 2015 y 2017”.
En la investigación de Cifra se señaló que “este abultado déficit externo no se cubrió con inversiones extrajeras (que fueron escasas en cuanto al ingreso de divisas), sino por el elevado endeudamiento externo del sector público que llegó al 24,4 por ciento del PBI en 2017. No es un dato menor que ese ratio sea apenas 8 puntos porcentuales inferior al de 2001, lo mismo que aumentó el gobierno de Macri en dos años”.
En el reporte se añadió: “A pesar del ajuste en el gasto público se constató un incremento del déficit fiscal, sea cual fuere la metodología utilizada para calcularlo. Por su parte, el déficit financiero se incrementó del 5,2 al 6,1 por ciento del PBI por el pago de los intereses de la deuda. En efecto, el achicamiento en el gasto primario no sólo no alcanza para compensar el incremento del pago de los intereses, sino que tampoco lo hace para sustentar las pérdidas de ingresos generadas por la reducción de impuestos (retenciones a las exportaciones, disminuciones en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales) en un contexto de ingresos extraordinarios por el blanqueo de capitales. En última instancia, se trata de un proceso de reasignación de los recursos del Estado en detrimento de los sectores populares”.
A manera de síntesis, en el informe de Cifra se hizo hincapié en que “no sólo no se resolvieron los problemas heredados sino que se agravaron y las causas de ello guardan estrecha relación con la valorización financiera que puso en marcha el gobierno de Cambiemos. La deuda externa y la fuga de capitales son variables intrínsecas a este proceso, y la vigencia de altas tasas de interés una condición del modelo de la que no se puede salir sin grandes saltos”.
En este sentido, cabe mencionar que en enero se fugaron 3.124 millones de dólares del país, para marcar un récord absoluto. Durante el año 2016 se fugaron 22.000 millones de dólares, los valores de enero de 2017 anualizados suponen una fuga de 35.000 millones de dólares en el año en curso, lo que marcaría una nuevo récord.
“Es una encerrona autoinducida y que le pone límites estrechos al gobierno en un escenario signado
por la movilización de los sectores populares, que alcanzó un punto álgido en la resistencia al ajuste
previsional cambiando el estado de ánimo post electoral”, se consideró. Entre los próximos hitos, el informe menciona las negociaciones paritarias que se expresarán en el marco de esta activa relación de fuerzas y de las presiones gubernamentales a la dirigencia sindical. “Evidentemente, se trata de disputas sociales con varios frentes abiertos en un modelo económico, político y social que no cierra”, se sostuvo en el documento de Cifra.
De antemano a la marcha del 21F hubo una importante movilización de estatales, donde pidieron por paritarias libres y se manifestaron contra los despidos. Días antes, también, trabajadores de los ingenios de Jujuy y Salta nucleados en la Federación Azucarera Regional encabezaron una caravana contra los más de mil cesantías en el sector durante el último mes y contra el intento empresarial de “marcar la cancha” en las paritarias. A lo largo de 300 kilómetros y con la consigna “ni un despido más, ni un trabajador menos”, la caravana fue cosechando respaldo y aliento de vecinos en cada uno de los pueblos, que en mayor o menor medida dependen de la industria azucarera. Se vienen otras marchas donde resonarán voces de rechazo a las políticas del gobierno de Macri, como se empezó a escuchar entre las hinchadas, donde no toda la bronca y los insultos contra el ex presidente de Boca está relacionada con el fútbol. El 8M y el 24M se volverán a ver multitudes en las calles.
