Este lunes, familiares de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Jonatan Ojeda, junto a organismos sociales, políticas y de DDHH concentraron en la Unidad Fiscal de Homicidios para reclamar su apartamiento de la investigación.
El reclamo es a causa de la manifiesta parcialidad de los fiscales intervinientes en favor de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los hechos, ante el archivo de la causa de Maximiliano Zamudio y por el avance de las causas de Jonatan Ojeda y Alejandro Ponce, los tres asesinados por la policía de la provincia.
El equipo jurídico que representa a los familiares señaló: “Si bien en mayo de 2017, luego de una intensa lucha, logramos el desarchivo de las causas en las que se investigan las ejecuciones de Maxi y Alejandro, durante todo el año nos hemos encontrado con una actitud corporativa de los fiscales designados tras el apartamiento de Miguel Moreno –Rafael Coria y Pablo Pinto, respectivamente–, quienes lejos de impulsar las medidas de prueba ordenadas por el fiscal regional Patricio Serjal, se aferraron a la teoría planteada por su antecesor colega, que criminaliza a los jóvenes y garantiza impunidad a los homicidas”.
Además, los abogados enfatizaron: “Por parte del fiscal Malaponte, hemos detectado similar actitud en cuanto a la negativa para impulsar la investigación sobre la muerte de Jonatan Ojeda, así como muy serias irregularidades que comprometen su actuación”.
Los letrados agregaron: “A esta situación se suma un hecho de extrema gravedad, cual es la notificación de un nuevo archivo de la causa Zamudio, sin haberse cumplimentado la totalidad de medidas de prueba ordenadas por el fiscal regional, e incluso haberse incorporado testimonios que avalan la hipótesis de la familia”.
En ese sentido, observaron que “el accionar de los tres fiscales es la expresión de un patrón de intervención generalizado y sistemático de la Unidad de Homicidios frente a las causas de Violencia Institucional. Las investigaciones no se adecúan a los estándares internacionales en la materia conforme lo establecen las obligaciones convencionales asumidas por nuestro país, como el Protocolo de Minnesota y el Protocolo de Estambul. Es decir, no se impulsan investigaciones imparciales, prontas y efectivas”.
El equipo jurídico indicó: “El abordaje de estos casos es inadecuado desde el comienzo, ya que no se impulsan desde la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional sino desde la Unidad Fiscal de Homicidios. Ello implica que sean investigados del mismo modo que los homicidios entre particulares, siendo que en estos casos los/as presuntos/as responsables son agentes de la policía provincial y/o de las fuerzas de seguridad federales, lo cual de ninguna manera puede soslayarse”.
Por último, los abogados manifestaron: “Por todas estas circunstancias, volveremos a solicitar el desarchivo de la causa Zamudio y en los tres casos no ya el apartamiento de los fiscales, sino la asignación a la Unidad de Violencia Institucional, acogiéndonos a la recomendación efectuada por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público Fiscal que, a través de la Dra. María Cecilia Vranicich, resolvió que «respecto a hechos de homicidio y sus tentativas en los que de cualquier manera hayan intervenido fuerzas de seguridad policiales y/o del servicio penitenciario en ejercicio de sus funciones o deberes, que su investigación sea asumida desde un principio por la unidad de violencia institucional como respuesta contundente de política persecutoria, debiendo profundizarse la correspondiente capacitación para la investigación de estos delitos con una visión estratégica con concepción de derechos humanos»”.
