Lo advirtió el movimiento de derechos humanos de todo el país desde el mismo momento en que el actual Presidente anunció sus intenciones de sentarse en el sillón de Rivadavia: Mauricio Macri representa a los instigadores y beneficiarios de la última dictadura cívico militar. Hoy, a la par de la debacle económica del modelo que la Alianza Cambiemos impuso desde que asumió el poder, Abuelas, Madres e Hijos, entre otros, vuelven a denunciar cómo se profundiza el avasallamiento de los derechos y garantías de ciudadanas y ciudadanos, en especial de quienes protestan legítimamente ante la pérdida de sus conquistas sociales, de quienes resisten a la entrega del patrimonio nacional y el futuro de las próximas generaciones, y más particularmente de referentes populares, sindicales y políticos que no se disciplinan ante los “carpetazos” servilletas. “Volveremos, como hace 40 años, a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo”, plantearon en un duro documento el martes pasado.
Ya habían alertado los organismos que no se trataba de una “nueva derecha” como la quisieron vender algunos comunicadores, sino de los viejos grupos de poder que estuvieron detrás de todos los golpes militares, y que a mediados de la década del setenta reclamaron y usufructuaron la más brutal y sanguinaria faena a las Fuerzas Armadas para consolidar su poder económico.
En su ejercicio de memoria permanente, recordaron cómo en sintonía con la “ola” dictatorial agitada por los Estados Unidos en toda América Latina, el genocidio local se produjo en defensa de los intereses de un puñado de grupos empresarios –entre los que se cuenta el del actual mandatario–, la oligarquía terrateniente, la banca y las firmas multinacionales. Los mismos que gobiernan ahora. Son los únicos beneficiados con el modelo de Macri, mientras la industria y el trabajo nacional se destruyen, el comercio se reduce cada vez más y los asalariados se empobrecen a un ritmo vertiginoso.
Era de esperar, que al calor de la aplicación del modelo de acumulación basado en la lógica de la timba financiera, de ajuste y desregulación de la economía, que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) –a contramano de lo que hacen las principales potencias económicas del mundo en este momento, que protegen sus mercados internos y sus industrias–, crezca rápidamente la pobreza, se deteriore la realidad de las mayorías populares, y aumenten los reclamos, las protestas sindicales y de los movimientos sociales.
La amenaza de un fortalecimiento del aparato represivo que denunciaban las organizaciones de derechos humanos durante la campaña electoral de Macri, se convirtió en una realidad concreta en lo inmediato. La detención de Milagro Sala, como primera presa política de Cambiemos, fue seguida de una profundización de la persecución política-mediáitco-judicial a los principales opositores al gobierno.
Convertida en un brazo más de la estrategia de marketing político del gobierno, la embajada norteamericana y el establishment, en su cruzada contra el “populismo-peronkirchnerista”, el ilegal accionar de la Justicia argentina llega a su punto máximo con una ridícula causa de fotocopias de unos presuntos cuadernos de un ex sargento del ejército, con la que cualquier empresario de los que “se robaron todo” durante, antes y después del período 2003-2015, queda libre si cede a la extorsión del juez federal Claudio Bonadio, y se “arrepiente”.
Así, un pobre Paolo Rocca o un perejil como Ángelo Calcaterra dice en tribunales que le depositó dinero en las ligas a Cristina mientras ella bailaba con un látigo en la mano sobre una mesa de la Quinta de Olivos, y se va a casa. Si no “confiesa” sus aportes, queda detenido como Gerardo Ferreyra, Cristóbal López o Lázaro Báez.
La desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en el sur, emergen como los hechos más criminalesde la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich, que no ahorró balas ni gases –tal vez única área del Estado salvada de los recortes– a la hora de reprimir a docentes, estudiantes y trabajadores.
El llamado de atención de los organismos llegó apenas iniciado el gobierno de la alianza del PRO con la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, ante la detención de Milagro Sala, la insatauración de un «protocolo antiprotesta» y con la intención de Macri de meter dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto.
Con el 2×1 para los genocidas, la entente judicial-mediático-política se encontró un primer gran y potente limite a su avasallamiento de las conquistas de la democracia Argentina, y reculó.
El Poder Judicial, junto a las grandes corporaciones de la comunicación –con Clarín y La Nación a la cabeza, pero seguidos de cerca por el Grupo América (duelos de La Capital)– son claves en el gran montaje de engaño y mentiras que se viene desarrollando en nuestro país, mucho antes de diciembre de 2015. Ambos poderes serán interpelados cuando las cortinas de humo se disipen al calor de la bronca popular ya en ascenso producto de cómo la realidad supera a la ficción que ellos construyen.
Sólo basta ver la “página de noticias” de la Corte, que parece editada por Luis Majul y Jorge Lanata, para entender la complicidad de las máximas autoridades de la Justicia argentina en el desastre al que se está llevando al país.
Duro documento contra el gobierno
Es en ese marco que las organizaciones de derechos humanos plantearon esta semana que, tal cual lo hicieron durante la dictadura, comenzarán a denunciar ante las instituciones del país y el mundo que las reciban, las graves “violaciones a los derechos y garantías” que se están sufriendo en Argentina.
“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión”, dejaron en claro los organismos en un duro documento presentado el martes pasado en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
El texto se leyó en una conferencia de prensa de la que no participó ninguno de los grandes medios porteños, en la que estuvieron presentes, además de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos, Hijos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los de Derechos Humanos, entre otros.
“Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno”, denunciaron las organizaciones de derechos humanos. Para luego remarcar que “son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”.
Para los organismos “la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”. “Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia”, destacó el texto que fue leído por Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas.
Las organizaciones también apuntaron a “la complicidad de los grandes medios”, aunque reconocieron que a pesar de eso, “no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión”.
“Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la Justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior”, remarcaron en el documento. Y agregaron: “Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”.
Por último, los organismos de derechos humanos anunciaron que acudirán “como hace cuarenta años” a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. “Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. Asimismo convocaremos a los representantes de Bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático”, concluyó el escrito.
