Mientras comunidades mapuches se movilizaban en Bariloche al cumplirse un año del asesinato de Rafael Nahuel, a manos de un miembro del Grupo Albatros de Prefectura, la policía rionegrina –con su lógica– reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases, dejando heridos y detenidos.

El cabo primero de esa fuerza, Francisco Javier Pinto, imputado por el asesinato de Rafita, sigue libre. Y esta semana que pasó, el juez Lleral absolvió al gendarme Echazú, imputado por la muerte de Santiago Maldonado. El magistrado, afirmó que “nadie fue penalmente responsable” por el crimen, y esbozó que el joven artesano “se hundió” por una “sumatoria de incidencias”.

En Bariloche, con cánticos, protestas y suelta de cascotes, los integrantes de las comunidades mapuches que habían denunciado el ataque del año pasado a la Lof Lafken Wuincul Mapu, en la Ruta 40, a la altura del Lago Mascardi, se movilizaron. La marcha, iniciada en Moreno y Onelli llegó al Juzgado de Leónidas Moldes, donde radicó la causa de Nahuel. Allí les informaron que no serían recibidos, lo que desató la protesta y el humo de cubiertas encendidas. La policía rodeó a los manifestantes y detuvo a varios, entre ellos a niños.

Reducidos, reubicados y despojados

La ocupación del territorio del Relmu Lafken (conocido como Lago Mascardi), se difundió en noviembre de 2017. “Esta recuperación se basa en la necesidad en la cual nos encontramos luego de ser reducidos, reubicados y despojados de nuestra mapu, por parte de los wingka”, indicaba entonces una declaración pública de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Pocos días después de que plantaran el cuerpo de Santiago Maldonado a orillas del río Chubut, empezó a circular en diversos medios de comunicación que un grupo mapuche radicalizado había tomado un predio cerca de Villa Mascardi, que pertenecería a Parques Nacionales, y que está ubicado a 35 kilómetros de Bariloche. La operación judicial y mediática, con fines represivos, llevaba tiempo armándose y el resultado en sangre no tardaría en llegar.

Todo comenzó el 23 de noviembre: tras una denuncia de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional cortó la Ruta 40, junto a Prefectura y Policía, por orden del juez Villanueva. El grupo Albatros subió a la montaña persiguiendo a los jóvenes, tomaron detenidos, rompieron elementos de la comunidad y se llevaron herramientas y comida. La manipulación mediática articuló estos hechos como parte de “subversión mapuche” y de la supuesta agrupación RAM.

Culpado por sentirse mapuche

El Rafa era culpable de portar 22 años, de vivir humildemente en el barrio barilochense de Nahuel Hue. Como muchos jóvenes de la zona había iniciado su sentirse mapuche y eligió vivir en la lof para participar en la recuperación territorial.

El asesinato cometido por fuerzas estatales intentaba demostrar que se mantendría la política represiva y se perseguiría a los sectores solidarios y comunidades mapuche, caracterizados por el gobierno nacional como guerrilleros.

“Hace apenas 130 años atrás algunas lofche (comunidades) todavía transitaban el territorio de la Puelmapu (Tierras de este de la cordillera) luchando por la libertad y la soberanía de sus territorios.

Finalmente, confinados en los campos de concentración, por la necesidad de sostener una filosofía de vida basada en la tierra, muchos lograron escapar”, indica la Proclama del Puelmapu, dirigida el pasado lunes 26 de noviembre al Senado de la Nación argentina, y sostiene: “El Estado instrumentó y aplicó una herramienta nociva y eficaz denominada «propiedad», arma «legal» con la que consumó un nuevo despojo que benefició a los colonos y confinó a nuestras familias a las periferias de las incipientes ciudades patagónicas”.

“Llegamos a este territorio buscando vida”, dijo el lonko Pedro Pichiñan cuando fue obligado a dejar con su tribu lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires. Así fue el éxodo de todo el Pueblo Mapuche Tehuelche en la Puelmapu, cuando finalmente se consuma la ocupación militar y civil de lo que llaman Estado argentino. Hasta el día de hoy resuenan en nuestra memoria esos relatos que hablan de resistencia, de muerte, de campos de concentración, de crematorios, de familias desmembradas, de exposición en los museos. Y además resuena como eco el grito de la no resignación y de una perpetua desobediencia”, advierten”.

Y continúa: “Desobedecemos cuando condenan a la tierra con infinitos alambrados, desobedecemos cuando quieren represar un río, desobedecemos cuando mutilan el bosque, desobedecemos cuando la mapu se transforma en negocios inmobiliarios, desobedecemos cuando contaminan las aguas con la podredumbre de la minería, desobedecemos cuando esa nube tóxica de los pesticidas se cierne sobre todas las vidas… Desobedecieron nuestros antiguos cuando se negaron a morir. A este sistema que todo asesina, que siembra la muerte, le expresamos nuestra profunda y nunca tan clara desobediencia”.

“Nos pensamos como un pueblo cuyos principios y valores son antagónicos a los de un sistema mundial que ha desarrollado una ideología de devastación y muerte. El capitalismo extractivista, gestionado por los Estados, expande su control sobre el planeta. Entendemos que somos cientos o miles de pueblos, de naciones, que estamos controlados por un puñado de Estados. Sofisticaron las herramientas de represión que nos judicializan, encarcelan y asesinan; hoy esa herramienta es acusarnos de terrorista. Sigue siendo negado nuestro estatus de pueblo nación originaria. Desde este lugar proclamamos nuestra irrenunciable voluntad de seguir siendo Mapuche”, concluye el escrito.

Comienza el juicio a Facundo

Mientras los detenidos eran liberados por la represión en Bariloche, en varias ciudades del país, como en Rosario, se realizaron actos por el asesinato de Rafael. En Rosario, Alejandro Jones Huala, tío de Facundo, nos dice que el lonko de la Lof Resistencia Cushamen, de Chubut, sigue detenido en Chile acusado por delitos “terroristas”, en ese país.

En noviembre de 2014, un tribunal de Valdivia llevó a juicio a cinco jóvenes y a una machi que había sido detenida junto a Jones Huala y que fue la única condenada, con una pena en suspenso. Los demás fueron sobreseídos, porque la Justicia no pudo probarles la relación con el delito. Estaban acusados por incendio de una vivienda habitada y tenencia de arma de fabricación casera.

Fuentes oficiales estiman que el juicio durará 15 días y declararán unos 70 testigos. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, “hay pruebas suficientes que incriminan al lonko mapuche en el incendio y se pedirá una condena a 15 años”.

“Si la justicia chilena resuelve bien, Facundo será liberado como lo hicieron con los otros detenidos”, confía Alejandro. Y si eso ocurre, “volveríamos al territorio de la comunidad. Debemos hacer ceremonias que no se pudieron realizar por lo que se vivió. Es necesario fortalecer a la comunidad con la presencia del lonko Facundo y la machi, son dos personas importantes para fortalecer al sitio y la lucha”, concluyó su tío.

Presiones en el caso de Maldonado

El jueves se conoció que el juez federal Gustavo Lleral ordenó el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, al considerar que se produjo una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable por su muerte”.

El juez también dispuso la  absolución del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa por la muerte del artesano tras la violenta irrupción de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La familia de Maldonado aseguró que el juez Lleral les dijo que fue “apretado y extorsionado” para cerrar la causa, y que apelarán la medida.

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