Se profundiza la macrisis. Con default y restricciones cambiarias de fondo, organizaciones populares salen a la calle en emergencia frente al deterioro de la situación social, derivada de la megadevaluación post Paso que promovió el gobierno y tuvo correlato en la disparada de precios. Según Naciones Unidas, unas 14 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en el país.
El crecimiento de la inseguridad alimentaria en la Argentina es una de las tantas herencias bien pesadas que dejará el neoliberalismo macrista. El recrudecimiento de la crisis económica y financiera en el último tramo de la gestión Macri, tiene como cara de la misma moneda el acelerado deterioro del tejido sociolaboral. El oficialismo hace foco en el dólar, busca domesticar el mercado de cambios después de promover una megadevaluación, mientras se acrecientan las necesidades entre los sectores populares, a raíz de los excesivos aumentos de precios en productos de la canasta básica. Esta situación deriva en que haya cada vez más asistentes a comedores y merenderos. ¡No se aguanta maaasss!, se grita en los barrios.
Unos 14 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en la Argentina, según datos estadísticos elaborados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, correspondientes al período 2016-2018, contra los 8 millones de personas que había arrojado el período 2014-2016: seis millones más, un aumento del 70 por ciento en el universo de personas al que le falta acceso continuado a los alimentos, un índice que está entre los más altos del mundo.
Estos datos conjuntos que publicó Naciones Unidas, y que reprodujo el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex), refieren a que las personas que experimentan una inseguridad alimentaria moderada afrontan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos y se ven obligadas a reducir, en ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos. Esta falta de acceso continuado a los alimentos disminuye la calidad de la dieta, altera los hábitos alimentarios normales y puede tener consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el bienestar.
En tanto, siempre de acuerdo al informe mencionado, las personas que afrontan una inseguridad alimentaria grave presentan una alta probabilidad de haberse quedado sin alimentos, haber experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, haber pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave riesgo.
Según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), más de cinco millones de argentinos hoy no pueden acceder a una alimentación básica, es decir, comen poco y mal. La cifra duplica a la de 2016. El último año la leche aumentó 88,7 por ciento, la manteca 88,3; salchichas 84, fideos 74, arroz 70,9; pollo 70,3 por ciento. La ayuda económica que el gobierno dio después del daño que ocasionó con la megadevaluación, donde hubo aumentos promedio del 30 por ciento en bienes de consumo masivo, no alcanzó para superar los valores que marcan las líneas de pobreza e indigencia.
También quedó lejos el salario social complementario que otorga el Estado y cobran por mes integrantes de cooperativas de trabajo (7.500 pesos). La asignación universal por hijo, según el Centro de Economía Política (Cepa), alcanza para cubrir necesidades alimentarias de chicos menores a cuatro años y no más. “La situación cotidiana de que no te alcance la plata para comprar alimentos necesarios es angustiante y contra eso nos rebelamos”, repiten dirigentes de organizaciones sociales que batallan a diario y en el terreno contra el ajuste macrista.
Los más vulnerables, los sectores de bajos ingresos, quedan al margen de los anuncios oficiales sobre medidas de control cambiario, un mecanismo necesario para el país y su histórico gran problema de falta de billetes verdes, en buena medida por tener una economía altamente dolarizada. No obstante, las medidas llegan tarde, después de una fuga de capitales a chorro y timba financiera a rolete.
Mientras, se degrada más todavía las condiciones de vida de buena parte de la población. Crece el hambre en un país con 45 millones de habitantes que produce alimentos para 300 millones. La torta se reparte en porciones mucho más desiguales desde que Macri tiró pasitos de baile en el balcón de la Casa Rosada para celebrar su triunfo en 2015.
La desigualdad, al revés de lo que postula el neoliberalismo, no se da por obra de la naturaleza. La orientación neoliberal del plan económico de la alianza Cambiemos, con la actuación estelar del Fondo Monetario Internacional, fabricó más pobres e indigentes. Los precios de los alimentos están por las nubes y cada vez son más argentinos y argentinas a los que les cuesta tener enfrente un plato de comida, ni hablar de que esté caliente y sea nutritiva.
La inflación supermercado está unos diez puntos por encima de la inflación general, que se estima este año superará el 50 por ciento. Desde mediados de agosto hubo aumentos desproporcionados en productos básicos que encarecieron el costo de vida, en un mercado oligopólico. En la Argentina de Macri, hasta el puchero está dolarizado. Frente a la grave crisis que afronta el país, se acentúa la vulnerabilidad social en vastos sectores de la población. El gobierno de la “pobreza cero” generó, según estadísticas oficiales, cuatro millones de pobres nuevos, en un contexto de aumento del desempleo y caída en el poder adquisitivo de los ingresos.
Movimientos sociales le reclaman al gobierno que declare la emergencia alimentaria. Si bien las protestas se iniciaron poco después de que Macri asumiera el gobierno, frente a la primera vuelta de quita de derechos y espiral inflacionaria, organizaciones populares hicieron el último año un frente común en el reclamo, ante el agravamiento de la situación sociolaboral. En rigor, la unidad opositora en la protesta callejera (hambre, despidos, tarifazos) se dio antes que la unidad opositora en el terreno político partidario.
Haciéndose eco de las demandas de las organizaciones, ocho provincias hasta el momento exigieron al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria. En el Congreso hay ocho proyectos de ley que esperan tratamiento parlamentario. El oficialismo, en campaña rabiosa, se opuso al debate. Es más, el pedido de emergencia alimentaria, al macrismo, especialista en inflar globos, le parece un “eslogan de campaña”.
También la Iglesia Católica le exigió al gobierno nacional que, de manera “urgente”, declare al país en estado de “emergencia alimentaria y nutricional” debido al “severo aumento de la indigencia y la pobreza, y el aumento indiscriminado de los alimentos”. El pedido llegó después de un encuentro de la cúpula eclesial con el presidente Macri.
Según la carta con firma religiosa, las medidas de ayuda económica anunciadas por el gobierno después de la devalueta, como la eliminación temporaria del IVA en alimentos básicos, “no serían suficientes” para paliar los retrocesos que generó el programa económico de Cambiemos.
La CGT, las CTA, y varios gremios del Movimiento Sindical acompañan el reclamo de las organizaciones populares. Hay un malestar creciente que se refleja en las movilizaciones. La descomposición política del gobierno de Macri agravó la crisis económica y agigantó el drama social que se vive en la Argentina. Días atrás, organizaciones populares protagonizaron la primera gran marcha de protesta después de las Paso.
No hay “reperfilamiento” de la deuda externa ni restricciones a la venta y salida de dólares de la economía doméstica que logre revertir lo que podría denominarse “cepo” a la comida, una injusticia social, política e ideológica que instaló con fuerza el gobierno macrista desde el vamos y que hoy la sufre buena parte de la ciudadanía argentina.
