Denuncian que la Municipalidad de Rosario tiene a más de 200 trabajadores y trabajadoras bajo contratos de entre 9 y 11 meses, y que en algunos casos se mantienen así desde hace una década. Temen perder los puestos y piden el pase a planta.
Desde hace meses, empleados le reclaman al Estado Municipal el pase a planta permanente y mejoras en las condiciones laborales. Los referentes gremiales denuncian que en algunos casos hay personas que comenzaron a trabajar en la segunda intendencia de Miguel Lifschitz. «Hace más de una década que se encuentran precarizados e invisibilizados por el municipio», se quejan. Ante el cambio de gestión temen perder sus puestos.
Luego de las elecciones provinciales y municipales, ante la falta de respuestas, empleados y empleadas del municipio comenzaron a realizar una serie de reclamos públicos en pos de visibilizar esta problemática que afecta a más de 200 puestos laborales.
En su mayoría, señalan, se trata de contratos de entre 9 y 11 meses. “No tienen vacaciones, ni días por estudio o enfermedad, licencia por maternidad, aguinaldo, no se les computa la antigüedad y tampoco reciben las actualizaciones salariales que rigen por la cláusula gatillo”, observan los sindicatos.
El reclamo principal es contra la precarización contractual, aunque también denuncian las deficiencias edilicias y de seguridad en el trabajo, la falta de presupuesto y de condiciones para contener a quienes hacen uso de esos espacios, es decir a la comunidad en general.
Apuntan que buena parte de los afectados “son jóvenes que se desempeñan en la Secretaría de Desarrollo Social: la Dirección de Juventudes y Dirección de Adultos Mayores; en la Secretaría de Cultura y Educación: el Tríptico de la Infancia, la Biblioteca Argentina, Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVH), entre otras áreas”.
Intervenciones y asambleas públicas
Los empleados de todas las áreas vienen realizando cortes, intervenciones y asambleas públicas que se intensificaron durante las últimas semanas. “Creemos que se agotaron las instancias de diálogo. Por eso llegamos a esta medida. Solicitamos reuniones con las autoridades municipales, pero no tuvimos ninguna respuesta”, sostiene Javier, quien se desempeña desde hace dos años como administrativo en los Galpones de la Juventud, área dependiente a la Secretaría de Desarrollo Social. Como muchos de sus compañeros y compañeras tiene contrato hasta diciembre y no sabe si seguirá teniendo trabajo el año que viene.
“En la Dirección de Juventudes tenemos compañeros que dan talleres, los que atendemos al público, hay otros que diseñan y también comunican. En mi caso vivo solo pero tengo compañeros que tienen familias que mantener, nos quedamos sin trabajo en diciembre y durante tres meses no sabemos si vamos a volver, y si nos renuevan estamos otros dos o tres meses esperando cobrar el primer sueldo”, explica respecto a la situación que les toca vivir cada verano, cuando los contratos se terminan y resta esperar que alguien les avise si los van a volver a contratar o no.
“En el teléfono verde son 24 las trabajadoras que poseen contrato hasta el 31 de diciembre. Mediante un convenio con los colegios de psicólogos y abogados de la ciudad comenzaron la actividad este año”, cuentan y agregan que además de las malas condiciones de trabajo, “es necesario para sostener un dispositivo de este tipo la continuidad laboral del equipo ya conformado, a fin de lograr las articulaciones necesarias para un mejor funcionamiento”.
“En el Tríptico de la Infancia, compuesto por la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos, trabajan 54 personas de entre 18 y 30 años. Una de las apuestas más convocantes del socialismo se sostiene mediante la precarización laboral”, seńalan y amplían: “Decenas de empleados y empleadas, algunos con más de seis años de antigüedad, prestan tareas mediante monotributo, pagando ingresos brutos, con contratos discontinuos, cumpliendo las mismas funciones que un trabajador de planta y no les reconocen ni siquiera los viáticos”.
Los reclamantes sostienen que la mayor concentración de personal en negro se encuentra en el área de Salud, con cerca de 70 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Cemar, y que vienen reclamando el pase a planta permanente de quienes se encuentran en planta provisoria así como la recategorización de todos ellos.
Y detallan: “La auxiliar de coordinación del Cementerio municipal, hace seis años que es monotributista, desempeña tareas como cualquier empleado permanente y percibe un salario por debajo del mínimo vital y móvil. En el área de Economía Solidaria se abrieron concursos para tres de los diez puestos necesarios. En Vivienda también se desempeñan como monotributistas”.
Los sindicatos acompañan
Desde el Sindicato de Empleados Municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostienen desde hace meses diferentes reclamos entre los que se encuentran el pase a planta de los y las trabajadoras. “La respuesta de la gestión saliente es el silencio”.
Yamile Baclini, secretaria general adjunta del sindicato de municipales, sostuvo: “En este contexto de ajuste los que están pagando son los trabajadores pero también la comunidad, es imposible sostener esas áreas sin los trabajadores y las trabajadoras”. Y agregó: “Este ajuste no solo repercute en nosotros, los y las trabajadoras, también se ve en las compras de medicamentos, insumos, en las prestaciones a la comunidad, es una preocupación de todos. Nosotros no queremos este tipo de ajuste, tampoco queremos que recaiga en la ciudadanía, al final nos enfrentan unos con otros para ver quien paga el ajuste, el Estado municipal es responsable de cualquier ajuste que hagan”.
En un contexto en el cual la devaluación produjo un significativo aumento en la demanda de ayuda social y la multiplicación de familias que se atienden en el sistema de salud municipal por haberse quedado sin trabajo y sin obra social, Baclini expresó: “Vemos esto con mucha preocupación, personalmente estuve escuchando declaraciones de economistas que dicen que hay que recortar en lo que no es indispensable. Esto me parece de una gravedad importante, salir a ver quien es la víctima, es muy grave. Nosotros desde los sindicatos tratamos de ser solidarios entre todos y nivelar para arriba, sostener lo que se ha conseguido hasta ahora y tratar de que como en el caso de los precarizados, tengan una seguridad ante tanta inseguridad”, sostuvo la dirigente sindical.
Por su parte, Lorena Almirón, Secretaria adjunta de ATE Rosario, contabilizó el número de “contratos basura” por cada área: “En el tríptico de la infancia hay 54 trabajadores, en la Dirección de Juventud 14, en el teléfono verde 24, en Salud son unos 70, en Plan abre aproximadamente 15, en Educación Ambiental 6, en Patrimonio de Cementerios una compañera y en Economía Solidaria suman una decena”.
¿Alcanza o no alcanza?
En el transcurso de la semana un audio de whatsapp dirigido a empleados municipales convocaba a realizar una movilización debido al desdoblamiento en el pago de sueldos y horas extras. Además, desde el sindicato que los nuclea se vienen denunciando las faltantes de insumos y herramientas de trabajo que afectan directamente su actividad.
La situación tiende a empeorar debido al estado delicado del presupuesto municipal.
Días atrás, el titular de Hacienda, Fernando Asegurado, afirmó que la intendenta Mónica Fein, pidió autorización al Concejo Municipal para flexibilizar los mecanismos de compra de alimentos e insumos sanitarios.
El plan de ahorro propulsado por los cimbronazos de la economía a nivel nacional, impacta directamente en las cuentas municipales. Además tienen que afrontar la Cláusula Gatillo con una inflación que supera el 40 por ciento y tiende a ser aún mayor para los meses venideros.
Desde los gremios aseguran que blanquear a los más de 200 trabajadores y trabajadoras no implica una gran inversión y es la falta de decisión política la que traba posibles soluciones.
Según los números oficiales la inflación alcanzó el tope de dicha cláusula (15%) en mayo, ya en junio superó el 19 por ciento y luego de la devaluación posterior a las Paso, llegó a acumular casi el 30 por ciento en septiembre.
Una de las medidas que está pendiente de aprobación en la Legislatura santafesina para alivianar las economías de Rosario y Santa Fe es incluirlas en la Ley de Obras Menores. El expediente que tuvo media sanción en Diputados, contempla el aumento de los fondos de coparticipación a los municipios del 1 al 1.4 por ciento. Ese aumento del 0,4 se destinaría a Rosario y la ciudad capital proporcionalmente, aunque el proyecto actual deberá pasar nuevamente por el Senado, lo cual implica más retrasos ante la necesidad de soluciones inmediatas.
Tomala vos, dámela a mí
Ante el actual escenario político local, en el cual la actual gestión terminará su mandato el próximo 10 de diciembre, el eslabón intentó dialogar con los equipos de transición de la actual intendenta Mónica Fein y el intendente electo Pablo Javkin sin obtener mayores precisiones. Fuentes cercanas a Javkin se refirieron a la situación de los empleados municipales como algo que “debe resolver la gestión actual”. Si bien visibilizan la problemática, no ahondaron en detalles acerca de cómo se resolverá en caso que la gestión saliente no brindara respuesta. Tampoco funcionarios municipales brindaron declaraciones acerca de la situación de las más de 200 familias rosarinas al terminar la gestión.
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