Inflación y salarios se zambullen en la agenda económica y veraniega del nuevo gobierno, junto al aumento de las retenciones a las exportaciones y la aprobación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Inflación y salarios son dos variables que mantienen latente el conflicto social, sobre todo a partir del brutal ajuste propiciado por las políticas neoliberales del macrismo. La anterior gestión dejó reminiscencias de la híper, un gran desorden de precios en un contexto de recesión económica, mientras se concretaba un sostenido retroceso en la capacidad de compra de los ingresos de la población: combinación letal para el mercado interno y el consumo popular, que lleva diecisiete meses consecutivos en baja.
El domador de reposeras dijo que resolver el mal inflacionario de la Argentina era “lo más fácil del mundo” y en apenas y penosos cuatro años duplicó el nivel de precios al consumidor: finaliza en 55 por ciento anual, el guarismo más alto desde 1991, con una actividad en caída libre y salarios que corren detrás de la inflación. Un final de ciclo que pinta de cuerpo entero lo que fueron los números en la era Cambiemos, que se caracterizó por desaciertos económicos y proyecciones erráticas, rozando lo burlesco.
El dato de la inflación de diciembre que dará el Indec será alto –consultoras privadas calculan 4 por ciento– y habrá un inevitable efecto arrastre hacia enero. Las primeras medidas que va tomando el gobierno de los Fernández deberían generar, a priori, una desaceleración de la inflación durante los primeros meses de 2020 y mayor capacidad de compra en sectores populares.
Entre esas medidas se destacan el congelamiento de tarifas y precio de combustibles, control cambiario, acuerdo de precios, más recursos para sectores vulnerables, sumadas las iniciativas para empezar a ventilar los bolsillos de la clase media, con aumento de salarios por decreto.
Con los bonos a jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares, la tarjeta alimentaria y el anunciado bono para trabajadores asalariados del sector privado y público, el gobierno estima que más de 100 mil millones de pesos se volcarán al consumo interno. Alrededor del 75 por ciento de lo que se produce en el país se destina al mercado nacional. De ahí la importancia de la demanda para reactivar la economía. La ecuación es básica: mayor consumo, más ventas, mayor inversión. Para esto, el rol del salario es fundamental.
El gobierno impulsa un aumento salarial para trabajadores formales en relación de dependencia, con un piso de cuatro mil pesos, aunque cada sindicato podrá negociar los pagos según sus posibilidades. El incremento será como adelanto a cuenta de la futura negociación paritaria. La medida apunta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios con el fin de reactivar el consumo, después de la fuerte contracción durante los cuatro años de Macri, en promedio de un 20 por ciento.
Todo precio es político
En paralelo, el gobierno trabaja en una nueva composición del programa Precios Cuidados, con especial atención en productos de primera necesidad, y para eso busca acuerdos con formadores de precios, como grandes empresarios de la alimentación y cadenas de supermercados.
Al explicar la extensión del programa Ahora 12 y la reformulación de Precios Cuidados, el presidente dijo que la inflación es “una lucha de todos”. No prometió soluciones mágicas y remarcó que en un proyecto de sociedad más igualitaria, con distribución progresiva del ingreso, “no debe haber ventajas de nadie en perjuicio de la gente”.
En una entrevista radial, AF señaló como uno de los principales problemas a resolver lo que se conoce como inflación “autoconstruida”: “Acá muchos sectores productores y comercializadores quieren prevenir y aumentan los precios por las dudas. Es una inflación por expectativas. Incluso aunque utilicen insumos (que se transan) en pesos. Y ahí aparece otra cuestión que es la ganancia desmedida. Por eso el Estado tiene que controlar, no fijar precios, pero necesitamos que los grandes supermercados asuman responsabilidades sociales, obtengan ganancias razonables, se respete la defensa de la competencia, y también queremos implementar la ley de góndolas para permitir que el ciudadano acceda a otros productos” que no tienen las mismas posibilidades que las marcas más reconocidas de llegar y ocupar un lugar en las grandes bocas de expendio.
En campaña electoral, Macri suprimió el IVA a una docena de productos alimenticios básicos. Esa medida caducó con la llegada del año nuevo. Y para evitar fuertes subas en las góndolas, el Frente de Todos acordó “moderación” en la remarcadora. La leche quedará fuera de los nuevos aumentos. El IVA cero macrista buscó frenar la suba de precios pero no lo consiguió. El gobierno de Fernández, en medio de una tensa negociación con grandes supermercadistas, llegó a un acuerdo para que las empresas absorban una porción del restablecimiento del IVA en estos productos.
“Algunos productos de la canasta básica tributan 10,5 por ciento de IVA y otros el 21, como la leche. Macri determinó IVA cero para productos básicos, pero no tenían precios controlados, entonces buena parte de esos productos subieron de precio. Los grandes supermercados deben revisar sus conductas”, insistió un vehemente presidente Fernández.
Mercadointernismo
No son los reyes magos, es otra política económica, ¿no?. Y las primeras decisiones económicas tomadas por el nuevo gobierno fueron a favor de las grandes mayorías populares, golpeadas por el ajuste macrista, con el noble propósito de recomponer ingresos y fomentar el mercado interno. Un informe del Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa) analizó el consiguiente impacto en el consumo.
El bono de 5.000 pesos para jubilados que cobran la mínima en diciembre y enero, el efecto que tendrá el aumento de 2.000 pesos para los casi cuatro millones de beneficiarios de la AUH, la implementación de la tarjeta alimentaria, son ánimos para la resurrección.
A estas medidas se suman otras complementarias como los 700 pesos en concepto de devolución de IVA a todos los beneficiarios de planes sociales, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por seis meses y la baja de un 8 por ciento en los precios de los medicamentos.
Una medida en ciernes que rescata el informe del Cepa, más direccionada a la clase media, tiene que ver con la suma fija para trabajadores del sector privado y público, a cobrar en el primer trimestre de este año.
Otros impulsos que buscan dinamizar el consumo son la reducción de la tasa de interés desde el Banco Central que impactará en el costo de financiamiento de las tarjetas de crédito y la reimplantación de la devolución del IVA para tarjetas de débito. En tanto, el sector asalariado también podrá verse beneficiado por el decreto que ordena la doble indemnización para los despidos sin causa.
La continua caída del consumo interno a raíz de la fenomenal pérdida de poder adquisitivo de los hogares durante 2019 agravó la crisis de producción y empleo que atraviesa el país. “Esto se manifestó en la caída del consumo tanto de bienes duraderos/suntuosos como pueden ser los automóviles hasta las compras cotidianas en los supermercados”, señalaron desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), regional Santa Fe.
“En los supermercados de la provincia, las ventas reales siguieron cayendo. Almacén fue el rubro más afectado”, se indicó en el reporte del Ceso. En tanto, “la caída interanual en patentamientos de autos continúa desacelerándose. También se construye poco en Santa Fe. Las ventas de cemento siguen en caída, mientras el consumo de energía eléctrica se recupera de la mano del congelamiento de tarifas”.
En otro informe del Ceso, se consideró que el plan verano 2020 del oficialismo intenta generar una leve recuperación del consumo a partir del congelamiento de las tarifas y transferencias monetarias a la base de la pirámide social: jubilados y pensionados de bajos haberes y beneficiarios de AUH.
“Una de las principales espadas de la política de precios será el Acuerdo Económico y Social, que seguramente estará mediado no sólo por la evolución del tipo de cambio, sino también por los acuerdos de precios y salarios sobre los cuáles se vaya a avanzar. En este sentido, la suspensión de la movilidad jubilatoria (no de los aumentos), en tanto brazo de la política de ingresos, intentará jugar un rol clave en la lucha contra la elevada inercia inflacionaria, heredada de la anterior administración”, se analizó en un documento elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.
A los pronosticadores errantes no se les mueve un pelo y siguen augurando malos deseos para el gobierno que nació el 10 de diciembre pasado. En las primeras semanas de la gestión Cambiemos, el por entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay amenazaba a los trabajadores y les advertía que tendrían que elegir entre resignar subas salariales o mantener el empleo, al tiempo que se vanagloriaba de despedir a la “grasa militante” (trabajadores públicos) del Estado. Pero en esta nueva temporada estival cambió el clima político y económico, mientras los apóstoles del ajuste neoliberal andan de vacaciones.
Fuente: El Eslabón
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