La situación en Rafaela luego de la desgraciada muerte de Gonzalo Glaría, las dos movilizaciones que se realizaron, declaraciones de distintos actores sociales/políticos y hechos de violencia contra edificios y representantes de la institucionalidad, debe generar una necesaria reflexión.
Una primera cuestión es el hecho del profundo desconocimiento –en más o en menos– que existe sobre la división de poderes, las responsabilidades y competencias tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles nacional, provincial y municipal.
Se le exigen acciones a alguno de ellos que claramente corresponden a otros, y muchas veces esto se complica porque a la natural ignorancia se le agrega la complicidad de aquellos actores partidarios –que sabiendo esas funciones de los Poderes del Estado– los que tergiversan para beneficio propio.
Lo segundo es la falta de información de cómo funciona la Justicia, ya sea en sus estamentos nacionales, como provinciales y en específico estos últimos, en el rol de jueces, fiscales, fueros, ámbitos de competencia, legislación, etc.
Hay aquí un primer nivel de responsabilidad de los medios de comunicación y de muchos periodistas en particular, que actúan sobre los hechos, pero jamás se toman el tiempo y el espacio para difundir y aclarar estas cosas que permitiría poner blanco sobre negro, muchas situaciones.
En este sentido merece un capítulo aparte el argumento por el cual “… se permitió que entrara gente de otros lugares –obviamente morochos de dudosos antecedentes según esta teoría– y que son la base de muchos de los hechos que están ocurriendo.
En realidad esto es un despropósito. En primer lugar por la enorme ignorancia de cómo se producen las migraciones internas, motivos, lugares, grupos humanos, etc. A partir de esta primera data se tendría en claro que además de una mentira, las personas implicadas en delitos que puedan vivir en las villas adyacentes o en Rafaela, no cambian el mapa del delito y son similares a las de barrios o zonas de esta u otra ciudad. Hay que ponerse a estudiar y no repetir como loros lo que dicen los medios o determinados personajes. Es esta una de las mayores dificultades que afrontamos como sociedad.
Además, que ningún Ejecutivo Municipal va a aceptar personas venidas no se sabe de qué lugar con el objetivo de obtener prebendas, obras, o recursos. Esto es tan elemental que no figura en ningún estudio serio ni en nuestra ciudad ni en ninguna otra de la Argentina, como sí sucedió, por ejemplo, con el hecho de que hubo gobernantes que cuando hombres y mujeres bajaban del Chaco azolados por la pobreza y se asentaban en sitios puntuales de nuestra provincia, se les pagaba el pasaje para que siguieran viaje a ese agujero negro, que a veces constituye el conurbano bonaerense. ¿Alguien plantea que en Rafaela habría que adoptar esa medida?
Hay un sustrato de racismo, de desprecio por los pobres, de estigmatización del “negro” porque implícitamente es un vago, o sea un delincuente en potencia, que espanta. Lo curioso es que para personas y/o empresas que tienen dinero sin declarar en el exterior, que mantienen su personal si anotar en los organismos correspondientes, que no pagan impuestos o los evaden, no hay la misma caracterización. Delincuentes son los morochos y por supuesto, empieza a revolotear el argumento que cuando delinquen hay “que matarlos a todos”.
En nuestra provincia hay una situación muy grave y es que la Policía es parte del problema y no de la solución. Podríamos enumerar decenas y decenas de situaciones sobre denuncias no tomadas, ausencia de efectivos en distintas zonas y horarios, hasta los hechos de dominio público donde jefes y personal quedan implicados en delitos de todo tipo. Y curiosamente, cuando la Justicia avanza sobre esos hechos y actúa, la propia fuerza comienza a lentificar sus procedimientos, investigaciones y resultados concretos. Esto es un secreto a voces, pero es mucho más fácil “pegarle” a los concejales, intendentes, etc etc., que poner todas las piezas sobre el tablero de ajedrez y hacerse cargo de lo que se dice y hace.
Hay irresponsabilidades institucionales en todos los ámbitos. En el caso concreto del Juez actuante pueden tenerse muchas opiniones sobre lo que dictaminó en primera instancia, pero eso de que al día siguiente le estamos diciendo que lo vamos a enjuiciar, planteado del ámbito legislativo no es serio, aunque pueda sonar dulce a los oídos de los amigos de la mano dura. El apriete es típico de un sector y de cómo manejar la resolución de las diferencias en democracia.
La familia merece respeto, aun cuando uno piense o esté convencido de que algunas afirmaciones estén equivocadas o se encuadren en alguna situación descripta en este texto. Y tienen el derecho de pedir Justicia; son contadas las que en situaciones similares han podido encontrar equilibrio en circunstancias como éstas.
Si empezaríamos a delimitar responsabilidades, si nos informáramos como corresponde, si asumiéramos cada uno las propias obligaciones, el mensaje a la sociedad sería distinto.
Esto refuerza la necesidad de una política provincial de Seguridad, en muchos aspectos, muy distinta a la que implementó el Socialismo, pero es otra muestra de intolerancia exigirla a quienes asumieron hace menos de 30 días.
La crudeza de la falta de seguridad en todo el territorio provincial limita los márgenes del nuevo gobierno y de las decisiones que adopte. Cuando más vaya a fondo, más complicaciones y palos en la rueda aparecerán de los grupos que no desean que determinados beneficios terminen, que específicos intereses se toquen y que la política gobierne y no las bandas narco-criminales (con policías como socios).
*Periodista, comunicador popular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y de la Red de Comunicadores del Mercosur
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