Como lo advirtió el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, a los diez días de asumir el cargo a través de un mensaje de Whatsapp dirigido al insubordinado jefe de Policía de Rosario de entonces, “la cosa se va a poner picante”. Y se puso. A poco más de un mes de inicio del nuevo gobierno provincial la principal ciudad del distrito, Rosario, registró 17 homicidios intencionales en los primeros 14 días del nuevo año –cifra similar a la reportada en igual mes de 2018–, pero uno de ellos alertó a las autoridades, al considerarlo como una reacción de un sector de la fuerza de seguridad a la reforma que intenta la Casa Gris. Que, centralmente, consiste en cortar el lazo que anuda al delito con quienes lo deben prevenir y/o reprimir. Fue el crimen del casino, en el que una víctima murió por una balacera que el gobierno interpretó como un mensaje destinado a producir conmoción social, aunque algunos indicios de la investigación orientan la motivación hacia otro caso de extorsión de una organización criminal harto conocida: Los Monos.
Sin embargo, un presunto vínculo familiar entre la pareja del único detenido por el caso –Maximiliano Cachete Díaz, imputado como planificador del ataque a balazos a la sala de juegos– con la esposa del ex jefe de la Policía provincial, Marcelo Villanúa, originó una investigación en Asuntos Internos para determinar si se trata solo de un irremediable lazo de parentesco.
El ex jefe policial negó la posible relación familiar entre Flavia Brion, la pareja de Cachete Díaz, con su esposa, la ex directora de Personal de Policía, Adriana Corrales Antunes. Villanúa dijo que eso “es una mentira” y apuntó al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al afirmar: “No sé cuál es la fuente de información del ministro ni por qué se hace eso”.
Saín dijo “lo vamos a investigar desde Asuntos Internos y no vamos a tener miramientos en avanzar con estas tramas criminales que siempre han tenido protección policial”.
La contabilidad
La contabilidad del crimen no tiene mayor relevancia por sí misma. Aunque, en vano negarlo, se convierte en caviar para los medios de comunicación puestos a dieta durante enero, sobre todos los radicados en la ciudad de Buenos Aires y considerados “nacionales”, que hasta llegaron a ataviar con casco y chaleco antibalas a un cronista y su camarógrafo.
Sí, en cambio, es útil –y necesario– contar con datos confiables sobre los tipos de delitos, sus modalidades, horarios, lugares y recurrencia para poder diseñar políticas de seguridad acordes a las necesidades de prevención y control.
El secretario de Política y Gestión de la Información de la cartera de Seguridad provincial, Jorge Fernández, se sorprendió al encontrarse cuando asumió que no existían insumos básicos para el diseño de las acciones policiales.
“Nosotros necesitamos construir datos confiables, veraces y después todo lo que hagamos tenemos que evaluarlo para realizar las reformas y analizar si tienen eficacia”, explicó Fernández en diálogo con el eslabón. Y remarcó que “esto no existía en el Ministerio de Seguridad, que no generaba información. Por eso Sain dice que planificaban a ciegas”.
Su superior, el ministro, había señalado en conferencia de prensa ese déficit al lanzar un Observatorio de la Seguridad Pública: “La Policía sale hacer patrullamiento al tuntún, no hay mapeo criminal, hacen cuadrantes y el patrullero va dando vueltas por ahí”.
Cuando sólo habían ocurrido 10 homicidios dolosos y el fenómeno ascendía en el interés de los medios de comunicación, Sain dijo que “encontramos una Policía corta, con poca presencia en la calle, con muchos recursos destinados a tareas no operacionales, administrativas”.
Los datos que brindó indican que de los 21 mil policías existentes en la provincia algo más de la mitad –12 mil y pico– realizan tareas operativas y de prevención del delito, mientras el resto gasta su tiempo en el papeleo o tiene carpeta médica.
Ese número de efectivos, dividido en cuatro cuartos –los turnos en los que trabaja cada policía– arroja “un promedio de 2.900 policías en tiempo real haciendo prevención en la provincia de Santa Fe, sin mapeo criminal”, remarcó Sain. “Esto es lo que heredamos”, enfatizó durante una rueda de prensa en la Casa Gris, al referirse a la gestión anterior, del Frente Progresista.
Menos taquillera que la policía corrupta, la fuerza desorganizada, sin datos precisos y con escasa planificación y formación constituye el problema central de quien debe diseñar una política de seguridad eficaz.
Para el secretario Fernández, “uno de los problemas es que la policía de Santa Fe es absolutamente precaria, la herramienta que tenemos para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia es absolutamente precaria”.
El funcionario sostuvo que “con este nivel de formación policial y de organización incluso del mismo Ministerio tal como estaba planteado, no hay posibilidades serias de intentar resolver los problemas de seguridad pública”.
“Es una policía que no está preparada, los jefes no están preparados para la gestión policial. Hay muchos que hacen una tarea extraordinaria, que son excelentes”, valoró Fernández.
“Pero estamos hablando de la preparación técnica y psicológica de la fuerza, de conocer cosas básicas de jefe: aprender a planificar y gestionar, no solo un operativo, sino el personal, no tienen formación gerencial”, abundó el secretario, quien dio como ejemplo que la ley que la regula es de 1975, cuando el narcotráfico, el crimen complejo, el lavado de activos y las salideras bancarias no habitaban ni las ensoñaciones de las y los escritores distópicxs.
El gobierno avanza, ante ese panorama, en la producción de insumos básicos: una encuesta de victimización de la población –para conocer su percepción respecto del delito–, un censo policial y la producción y análisis de datos a través del Observatorio.
A gobernar, terroristas
El ex ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, el radical Maximiliano Pullaro, dijo esta semana que en el gobierno de Perotti “siguen hablando como si fueran oposición y siguen dando diagnósticos. Creo que hay que sentarse en una mesa y ponerse a gobernar”.
Defendió su gestión al frente de Seguridad al afirmar que fue durante esos años cuando cayeron las principales bandas que operan en Rosario.
Una verdad a medias. El declive de la libertad ambulatoria de los principales integrantes de la organización criminal Los Monos se inició en 2013 durante la gestión de Raúl Lamberto, al echar mano a la causa judicial por el crimen de Martín Fantasma Paz, ocurrido el año anterior, ante el baño de sangre que supuso la venganza organizada por el asesinato de uno de los jefes del clan Cantero, el Pájaro Claudio.
Luis Gringo Medina, otro jugador relevante en el mercado ilegal de comercialización de narcóticos, fue asesinado en diciembre de ese año, tres meses después de que cayera –por una investigación federal del entonces fiscal Juan Patricio Murray– Delfín Zacarías.
Y el avance sobre la estructura criminal que lidera Esteban Lindor Alvarado, que sí ocurrió sobre el final de la gestión de Pullaro, se montó sobre una investigación realizada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en forma conjunta con el Organismo de Investigaciones (OI), cuya conducción estuvo hasta diciembre último en manos del ahora ministro Sain.
Esa pesquisa derivó en la imputación de media docena de oficiales superiores de la Policía como engranajes indispensables para la permanencia en el tiempo de la organización delictiva, que el entonces ministro no pudo advertir, sin que esto suponga complicidad. De hecho, la detención de Alvarado tras el homicidio de un prestamista opaco se realizó durante la gestión de Pullaro.
El ex ministro fue una de las voces del Frente Progresista que argumentó en la Legislatura, donde ocupa una banca de diputado, en favor del rechazo de la declaración de emergencia en seguridad que solicitó el gobernador.
“Pónganse a gobernar y déjense de hacer terrorismo y de quejarse ya que tienen los instrumentos para trabajar”, dijo en esa sesión del último día hábil del año Pullaro.
El gobierno insistirá, posiblemente en la última semana de este mes, con el envío de un nuevo texto de emergencias en seguridad. La realidad puede jugar a su favor: los intendentes del Frente Progresista de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, tomaron distancia de las disputas partidarias cuando escucharon los zumbidos de las balas.
Esta semana quedó en evidencia la falta de coordinación y planificación cuando Jatón se reunió con Perotti y Sain y advirtieron que la ciudad y la provincia poseen áreas de monitoreo del delito por separado, sin cruzar información.
En un hilo de Twitter, el gobernador escribió: “No puede ser que haya un programa de acción donde el municipio salga por la suya y la provincia por la suya, sin tener un diagnóstico común, un sistema de información conectado y sin tener un plan de acción conectado”. Sí, pudo ser.
No va más
El recrudecimiento de la violencia letal en Rosario en las dos primeras semanas del año consterna pero no sorprende: hace dos años, en el mismo mes, la virulenta disputa entre los Caminos y los Funes-Ungaro en los barrios Tablada y Municipal provocó cifras similares –aunque no sólo explicable por esa pelea entre bandas– con 14 homicidios en 16 días. También hubo diciembres tórridos en los últimos años.
El número de homicidios dolosos descendió en 20 casos entre 2019 y 2018, según las estadísticas que produce el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La serie histórica muestra un serrucho con picos y mesetas desde 2014 –cuando se produjo un récord de asesinatos en el departamento Rosario– que deja un promedio alto. Medido en homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa de la provincia fue del 9,6 pero llegó al 17,6 en el departamento La Capital y al 13,1 en de Rosario.
La tasa promedio de la provincia duplica la nacional, las de Rosario y la Santa Fe la triplican. Persiste un problema sin resolver.
De la ola de crímenes de la primera quincena del año se destacó el del gerente de la sucursal Las Parejas del Banco de la Nación Argentina, Enrique Ensino, quien murió cuando una munición le dio en la cabeza mientras fumaba un cigarrillo en un sector del casino City Center habilitado a tal fin. El sábado a las 22.30, cuando la sala de juego tiene picos de concurrentes.
Según la investigación, una moto con dos tripulantes pasó por la calle Moreno a la altura del casino y dispararon contra nadie, pero alcanzaron a Ensino.
El gobierno provincial y su jefe policial asignaron el hecho a un intento por causar conmoción social, como respuesta a la política oficial de ser intransigente con los policías malos de interrumpir el pacto de gobernabilidad entre delito y fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la investigación del fiscal Schiappa Pietra, que está en curso, se orientó hacia el líder preso de Los Monos, Ariel Máximo Cantero, conocido como Guille, Tarta o Roberto.
Como planificador del tiroteo que derivó en asesinato fue imputado esta semana Cachete Díaz, un hombre de 31 años ligado al célebre preso del penal de Marcos Paz.
Cachete tenía el teléfono intervenido desde hacía meses por su presunta participación en otros delitos. Casi de rebote, el fiscal se encontró con que ese material estaba en poder del Organismo de Investigaciones y se lo proveyó.
“Las escuchas nos revelan cómo Díaz y dos personas, desde la cárcel, acuerdan realizar el ataque al casino, hablan de utilizar autos, luego motos, de encargarle el trabajo a ciertas personas, con qué herramientas lo van a hacer”, explicó el fiscal.
En la audiencia se ventiló una comunicación mantenida el 7 de enero entre Cachete y Cantero. “Boludo, ¿Todo bien ahí? Ya tipo 8 voy un ratito ahí al City a ver qué onda”, dice Díaz, a lo que Guille responde: “Sí, sí, fijate bien, hacemos bien a ver si nos dan algo bien piola”.
Cachete cierra la comunicación diciéndole al líder de Los Monos: “Sí, sí boludo. Ahí ya le dije a los guachos lo que tienen que hacer, así que vamos a ver cómo sale”. Otras escuchas permitieron establecer el vínculo entre Díaz y otro preso, Carlos Damián Escobar, alias Toro, sobre el ataque al casino.
“El temita del ca… Lo hacen ustedes o querés que lo hagamos”, dice Toro. “¿El temita de qué?”, pregunta Díaz, a lo que su interlocutor repite: “Lo del casino”.
Díaz pregunta luego si quiere “que lo haga con el pibe este que está conmigo, porque yo le había dicho a él justo”, a lo que Toro repone: “El pibe mío iba a ir él y si querés se hace con el pibe tuyo”.
Lo más revelador de las escuchas es la facilidad con la que Cantero continúa operando desde la cárcel. De las cuatro condenas que le dictaron, la mitad son por delitos cometidos desde una unidad penal, donde los planifica y da órdenes a sus subalternos extramuros. También tiene una causa en la que está imputado por siete casos de balaceras a edificios judiciales o domicilios de magistrados y juezas. El funcionamiento de los servicios penitenciarios –provincial y federal– debería revestir mayor importancia en el análisis de las políticas de seguridad pública.
A mediados del año pasado, el juez federal de ejecución de la pena de Cantero por el juicio en el que fue condenado por narcotráfico, morigeró las condiciones de detención del reo de alto perfil. Plausible en términos generales, discutible si se analiza la conducta de Guille mientras está guardado.
Protección de sí mismo
La imputación a Maximiliano Díaz como planificador y organizador del ataque al casino, presuntamente en acuerdo con el jefe de Los Monos Ariel Guille Cantero, reveló un modus operandi similar aplicado en otros casos: si no hay plata hay plomo. El antiguo mecanismo de la mafia de cobrar protección de sí misma a actividades rentables.
El 3 de agosto de 2019 un hombre identificado como R.G.F denunció que había realizado una publicación en la web Rosario Garage para vender su camioneta Toyota Hilux.
Recibió un mensaje de Whatsapp de un interesado que lo citó en una ruta cercana a Roldán. El hombre fue pero no encontró a nadie. Cuando regresa a su casa “es interceptado por un vehículo Ford K color negro con cuatro personas” que le dicen: “Venimos de parte de Guille Cantero, vos te quedaste con un vuelto que había en la casa del Diente, la que estaba enterrada, sabemos que tenés una casa en la costa, mujer, una hija, tenías forraje y le cortabas el pasto al Diente, dame tu número de celular que Guille se va a comunicar con vos”.
Más tarde recibió un mensaje: “Amigo soy el Guille…. amigo te mande el mensaje con los pibes, recibiste el mensaje”. Luego un segundo: “No tenés más tiempo, quiero la chata y 20 mil dólares, el Diente era gente nuestra y vos le robaste la plata, vos savee con quien te metiste, asemos todo xla buena o vos ya save… 20 mil dolares”.
La investigación determinó que el auto denunciado por el hombre es el mismo en el que fue detenido esta semana Cachete Díaz por su presunta participación como planificador del ataque al casino.
La línea de teléfono empleada para enviar el primer Whatsapp a R.G.F está a nombre de Facundo Nicolás Flores, hermano de Melisa Belén Flores, que es la pareja de Ariel Maximiliano Cantero, “alias” Chanchón. Se trata de un medio hermano de “Guille” detenido desde septiembre del año pasado por el homicidio de un policía.
El otro hecho con el que se encontró el fiscal Schiappa Pietra fue la declaración de un comerciante, quien dijo que dos personas fueron a visitarlo “de parte de Guille Cantero y que se comunicarían con él”. Luego “una persona lo cita a una reunión en un bar de la ciudad” donde se presenta como “Cachete” y va con otro que dice que es su hermano.
“En esa oportunidad le solicitan 5 000 dólares mensuales, si no primero le iban a rociar de balas el negocio y luego atentarían contra su familia”, según la acusación del fiscal a Díaz.
El denunciante dijo que la persona con la que se reunió es Maximiliano Díaz y describió su fisonomía.
El tercer caso que conecta a Díaz y a un “gatillero” de Cantero, Emanuel Enano Morel, con presuntos casos de extorsión es el que reúne las investigaciones de varias balaceras a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Peones de Taxis.
Su titular, Horacio Yannotti denunció el 25 de septiembre de 2019 que el 2 de ese mes recibió “amenazas” por parte de un tal Cachete que mediante llamadas telefónicas le advirtió que “de ahora en más Marcelo no tenía más nada que ver en la intermediación entre Los Monos y Horacio Boix”, ex secretario general del gremio, que fue intervenido.
Según la investigación, “Cachete” les habría pedido dinero a cambio de protección, en nombre de Guille Cantero y, como no abonaron el canon exigido, ocurrieron unos nueve ataque a balazos a domicilios de los directivos del sindicato.
Otro miembro de la entidad gremial, Luciano L., declaró en octubre ante la Fiscalía que lleva el caso que accedió a tener un contacto personal con “Cachete”, quien le manifestó: “Si no hay plata, hay balas”.
Escuchas de otro legajo, incluidas también por Schiappa Pietra para imputar a Díaz, revelaron conversaciones entre Cantero y “Enano” Morel, que ahora está detenido tras escaparse de una salida transitoria de la cárcel.
Es una conversación del 2 de enero en la que Morel le pregunta a Cantero “que vamo hace con ese el del sindicato”, a lo que “Guille” le responde: “Le vamo a tené que mandar curso bien de vuelta habe qué onda boludo”.
“Ah, le mandamo de nuevo entonces”, repone Morel en presunta referencia al domicilio de Yannotti, y Guille le dice: “Mandale ahí a la… al trabajo tiro”.
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