El coronavirus versión Covid-19 se impuso como nítido ganador esta semana en el escenario político provincial y nacional. Su potencial influencia terminó siendo la herramienta que le permitió al gobierno de Omar Perotti contar, finalmente, con la aprobación de la ley de Necesidad Pública que el Frente Progresista no parecía dispuesto a votar si la pandemia no hubiera estrechado el margen de maniobra de los diputados que responden al liderazgo del presidente de esa Cámara, Miguel Lifschitz. El uso político del “bichito” también alumbró los antipolíticos cacerolazos por la reducción de dietas y gastos ídem, que tuvo un efecto realmente viral en pocos días.
Operación cacerola
De modo sintético, esta fue la secuencia: el domingo 29, al realizar el anuncio de extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presidente Alberto Fernández se refirió, sin mencionarlo, al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, una de cuyas empresas había anunciado el despido de 1.400 trabajadores por el parate económico que supone la cuarentena.
“No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo”, dijo Fernández, y fue al hueso del asunto: “Acá de lo que se trata para mucho de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos”. Razonable.
La respuesta de Rocca no fue por su propia boca sino por medio de un cacerolazo organizado por las redes sociales –territorio amigo de Juntos por el Cambio- para que “los políticos se bajen los sueldos”. En esa disputa, desempoderar a la política es mejorar la relación de fuerzas del poder económico.
El mismo 29 la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, homogeneizó en un tuit premonitorio del cacerolazo a todos los sectores sociales como si fueran iguales: “Este es un momento crítico para las familias argentinas asalariadas y también para todas las empresas grandes, medianas, pequeñas y comercios de todo tipo que están haciendo esfuerzos extraordinarios para poder pagar los sueldos. Necesitan que los ayudemos, no el reto”, dijo para defender, también sin nombrarlo, a Paolo Rocca.
El lunes 30, a través de las redes, se convocó al cacerolazo. Sonó apenas audible –pero ampliado por algunos medios de comunicación – en la Ciudad de Buenos Aires. Cuna del electorado macrista.
Pato Bullrich volvió a Twitter ese día: “Se escuchó el #ruidazo”, escribió sobre el resultado de su instigación. Ese mismo día un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio –como para perfeccionar la operación desgaste- presentó un proyecto para reducir en un 30 por ciento las dietas y salarios de funcionarios, legisladores y jueces. “La solidaridad de los que más ganan en el Estado es fundamental para paliar la crisis”, completó la ex ministra de Trabajo que redujo un 13 por ciento salarios estatales y jubilaciones sin más pandemia que el neoliberalismo del gobierno que integraba a principio de siglos.
Al cierre de esta edición 8 gobernadores se habían reducido sus ingresos o habían prometido donarlo. Órganos legislativos y ejecutivos de diferentes jurisdicciones competían por ver quien lucía más altruista achicando “gastos”.
La reducción de dietas y salarios es inocua en términos financieros; tiene un valor simbólico para frenar el descontento de un sector de las capas medias, y esconde su verdadera potencialidad, que es el mensaje del poder económico a un gobierno que no controla y con el que no se siente políticamente cómodo.
Lectura rápida
Un tuitero rosarino: “Soy vecino de Leonardo Caruana (secretario de Salud municipal), un tipo que está 24×7 laburando para que el sistema de salud de Rosario esté a la altura de la pandemia. Hoy sus vecinos cacerolean para que le bajen el sueldo”.
Cuando más se necesita de la política para tomar decisiones que permitan atravesar con el menor costo social posible la crisis sanitaria, las cacerolas aturden su única salida.
Miguel Lifschitz leyó con más fruición el “mensaje” de las ollas vibrantes por el golpeteo que al tuitero que marcó la contradicción que sufre Caruana.
Anunció un recorte del 50 por ciento de las dietas de diputados y diputadas. “Es un momento extraordinario que necesita de gestos y acciones”, dijo, y completó: “El esfuerzo de todos es lo que nos hará más fuertes”.
Atrás se sumó el Senado provincial, que anunció igual reducción de dietas de sus 19 integrantes para donar el producido a entidades de bien público de cada departamento. Si fuma, Paolo Rocca debe haber encendido un habano.
Abstencionismo
Así como reaccionó rápido al llamado antipolítico de las cacerolas, el presidente de la Cámara de Diputados provincial fue menos generoso con el gobierno elegido en diciembre pasado por el voto popular.
El martes Lifschitz convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara baja para tratar el proyecto de ley de Necesidad Pública enviado por el gobierno de Omar Perotti.
En diciembre había dado la orden a su bloque –mayoritario en Diputados- de rechazar las leyes de emergencia en varias materias que pedía el gobernador.
Aprobarlo hubiera supuesto aceptar que el rojo que denunciaba el peronismo en las cuentas públicas y la “caja vacía” de la que hablaba Perotti eran consecuencia de su gestión.
La profundización de la crisis por la obligatoria cuarentena por el coronavirus estrechó los márgenes del Frente Progresista para negar las herramientas financieras y administrativas que pedía el gobernador.
El martes propició que se aprobara la ley, a su modo. La votaron a favor 12 legisladores y se abstuvieron los 34 del Frente Progresista y otras bancadas menores.
Lifschitz mordió el polvo de la derrota coyuntural, pero contraatacó: “El gobierno ya tiene la ley de Necesidad Pública que quería y los fondos que pidió para atender la pandemia, es urgente que se ponga al frente de la crisis”.
Durante la sesión, dijo que la norma aprobada “no tiene nada que ver con la pandemia; es la vieja ley de emergencia rechazada en diciembre por esta Cámara. Es una mala ley y no es un pecado que tengamos opiniones distintas”.
El ex gobernador afirmó que no era necesaria porque según los datos del propio gobierno no hay crisis. “A fines de febrero, la provincia contaba con un plazo fijo de más de 10.000 millones de pesos y más de 5.700 millones en cuenta corriente”, dijo, y luego se contradijo al asegurar que “es una mala norma no sólo por los superpoderes y delegación de competencias, como se ha dicho aquí. También por el desproporcionado endeudamiento, de más de 50.000 millones de pesos, para financiar gastos corrientes, para financiar el déficit”. Que no existe, claro.
Fuente: El Eslabón
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