A pesar del cambio de escenario político, en el terreno judicial la balanza continuó inclinada a favor de los criminales de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. Balance 2020 de causas contra los genocidas.
La presidencia de Mauricio Macri terminó, las domiciliarias para los genocidas continúan. Tras los cuatro años de retroceso en políticas de derechos humanos que se vivieron con la gestión de la Alianza Cambiemos, la llegada de un gobierno comprometido con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández no logró revertir la lógica PRO impunidad que se tornó hegemónica en el Poder Judicial durante el período de restauración neoliberal. De acuerdo al último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (Aspo)”, persistieron “demoras en diferentes instancias” del proceso “agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales”.
Según el trabajo, que analiza el conjunto de las causas que se instruyen en todo el país, “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. Del total, el 74 por ciento de las personas detenidas (638) está en su casa. En cárceles y otros establecimientos hay sólo 225. A la pandemia de negacionismo le siguió la pandemia del Covid-19.
Datos
En su informe estadístico anual sobre la situación de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior (de 22 a 9), y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad). “Se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”, subrayó el estudio.
El documento elaborado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos analiza la información brindada por las fiscalías de todo el país. Los números generales dicen que desde la reapertura de los juicios a los genocidas impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner –que comenzaron a efectivizarse desde 2006–, hasta el pasado 4 de diciembre, fueron dictadas 250 sentencias en las cuales resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.
Entre las principales conclusiones con respecto al proceso de juzgamiento de 2020, la Procuraduría explicó en su trabajo que más allá de la situación excepcional de Aspo, persisten demoras en diferentes instancias del proceso, “manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.
Según el trabajo, al 4 de diciembre de 2020 se registraron un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad. De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 (un 70 %) no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país.
El informe indicó que la caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el Aspo”. Durante este periodo, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
“Sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso –en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)– que no iniciaron durante el 2020 (10) el descenso hubiese sido similar al año 2018 (cuando se dictaron 18 sentencias)”, añadió el documento.
Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo dos de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, agregó el informe.
El relevamiento precisó que el resto de las causas (280) se encuentran en instrucción. “Un número estable en todo el período de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló requerimiento de elevación a juicio”. Según la Procuración “estos últimos números son los niveles más bajos registrados desde 2015”.
De acuerdo con el informe, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad –en ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas–.
Espiral recursiva e impunidad biológica
El documento de la Procuraduría da cuenta cómo en 2020 se mantuvo la tendencia de ralentización de los procesos contra los genocidas que caracterizó a la Justicia durante todo el período macrista, a pesar del recule que tuvieron que pegar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tras el intento de la Corte Suprema de la Nación con el repudiadísimo 2×1, la mayor movilización popular registrada durante el gobierno de Cambiemos.
Todos los caminos llevan a la Corte. El máximo tribunal del país mantiene alrededor de 64 recursos sin resolver, algunos con más de 10 años de antigüedad.
En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría volvió a mencionar en su informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, que ya desarrolló en el balance 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados, lo que implica que la nueva sentencia de los Tribunales Orales Federales (TOF) sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.
La “espiral recursiva” finaliza en la Corte que es quien termina siendo –como señala el informe de la Procuraduría–, el último recurso de la denominada “impunidad biológica”.
El documento de la Procuración indicó que el universo total de personas que han sido requeridas al menos una vez en el marco del proceso de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad es de 3448. De ese total, fueron sentenciadas 1177 (1013 condenadas y 164 absueltas), un tercio del universo total de personas que están o alguna vez estuvieron bajo investigación.
El año pasado obtuvieron sentencia 58 personas (51 condenados y 7 absueltos). “Es relevante esta cantidad de personas con sentencia, ya que consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234”, destacó el informe. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018. El número de personas que aún no han obtenido sentencia es muy alto. De ellas, 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito.
A lo largo del 2020, consignó el documento, “han fallecido un total de 36 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, y 29 permanecen prófugas de la justicia”. “Del universo total de personas bajo investigación, son 1652 las personas libres y 863 las detenidas. Como categorías residuales, se presenta un total de 29 prófugos y 904 fallecidos/as. De éstos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución”, amplió el relevamiento.
Genocidas probados pero sueltos
Otra tendencia en alza desde diciembre de 2015 destacada por el informe: el 66 por ciento de las acusados actualmente investigados se encuentra en libertad. “Las libertades continúan en una línea ascendente, aunque no responde proporcionalmente a la baja de las detenciones”, indicó el trabajo de la Procuración. Y agregó: “Si bien continúan las tendencias en ambas categorías desde el 2016, al cierre del informe 2019 la suba total de personas en libertad con respecto al año anterior, representaba el 13 por ciento; en cambio en 2020 esa diferencia representa el 4. Asimismo, en cuanto a la baja del universo total de detenidos, en 2019 representaba el 12 por ciento, mientras que en 2020 sólo el 2”.
Del total de los represores detenidos, la modalidad de arresto domiciliario es la que predomina, representando el 74 por ciento del total según el informe. “Tal como vimos anteriormente, al cierre del presente informe no es significativa la suba del universo total de detenidos. Sin embargo, es posible ver cómo ha aumentado la modalidad de arresto domiciliario, quedando casi como el pico máximo registrado en el 2018”, señaló el documento.
El virus que ha hecho estragos en todo el mundo se ha convertido en un aliado de los represores presos en cárceles comunes para tener un nuevo argumento en pos de sus permanentes pedidos para irse a casa. El documento de la Procuración refirió que el “leve aumento del universo de detenidos en arresto domiciliario, es necesario analizarlo en el contexto del Covid 19”. “Durante 2020 se concedieron 38 arrestos domiciliarios en el marco del Covid 19, representando el universo total de imputados que fueron beneficiados con esta modalidad de arresto durante este año”, consignó el informe.
En Rosario
Mientras el pasado 30 de diciembre en Rosario se realizó la última audiencia del año de la causa Kloztman –que retomará en febrero próximo–, los tribunales federales de la ciudad tramitaron y concluyeron durante 2020 otros dos juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región. Hubo sentencia en la causa conocida como Feced III y IV, cuyo veredicto se conoció el 14 de mayo pasado. Allí fueron condenados los 10 represores que llegaron a juicio por hechos contra 188 víctimas. También en la causa conocida como Saint Amant III, por hechos cometidos en la ciudad de San Nicolás, que tuvo veredicto el 27 de octubre pasado, donde fueron juzgados 5 imputados, de los cuales 4 fueron condenados y 1 absuelto. En ese proceso se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 50 víctimas.
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