Se necesita tiempo para calmar la indignación que produce escuchar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hablando de educación, las infancias y el diálogo. Pero es un ejercicio necesario hacer una pausa y una obligación recordar.
Una vez más: durante los cuatro años de macrismo, la misma fuerza política a la que abonó y abona Larreta, la educación pública fue sistemáticamente castigada. Hubo un plan de desmantelamiento planificado. Basta recordar el avasallamiento a los programas que apuntaban a la inclusión de las chicas y los chicos a algo más que el sistema educativo, como el de orquestas, el de ajedrez, el nacional de lectura o el Plan Conectar Igualdad. Ni hablar del cierre de las paritarias, que no solo afectaron los salarios docentes sino la posibilidad de discutir mejores condiciones para enseñar y aprender. Los números hablaron claramente en el achicamiento del presupuesto destinado a la educación, que sufrió un recorte del 35%.
El diálogo que Rodríguez Larreta reclama y al que convoca no existió en los cuatro años de macrismo en la educación argentina. Recordemos que se dedicaron a reprimir las manifestaciones docentes y de estudiantes, a alimentar campañas de odio hacia los sindicatos docentes y las organizaciones estudiantiles. La ley de educación nacional no figuró en los planes de sus ministros, que alentaron pasar por alto la educación sexual integral, la educación por la memoria y los derechos humanos y las disciplinas que apelaran a la historización de sus contenidos. Lo que se impuso en esos años, en el gobierno que integró Rodríguez Larreta, fue la del mercado y las neurociencias para las que los contenidos se aprenden por una especie de emoción y movimientos coordinados del cerebro. No olvidemos que el ex ministro y actual senador Esteban Bullrich alentaba como carreras del futuro formar “pilotos de drones”. Y quien le siguió, Alejandro Finocchiaro, convocaba a denunciar a los docentes que hablaran de Santiago Maldonado en las aulas, emulando a la complicidad civil de la dictadura. O la tremenda idea de Patricia Bullrich de un servicio voluntario al estilo militar para “los chicos pobres”. Y cómo olvidarse de los “caídos en la escuela pública” con la que la historia argentina y de la pedagogía mundial recordará al ex presidente Mauricio Macri.
Larreta amenaza con recurrir a la Corte Suprema de Justicia “para garantizar las clases de los chicos”. Un anuncio que alimentó con frases hechas sobre la importancia de las clases presenciales, por las que cada año las familias deben peregrinar para conseguir una vacante en las escuelas públicas de CABA. Es más: hasta tienen que demostrar que no tienen ingresos suficientes para pagar una escuela privada para poder quedar en una lista de espera. No es increíble. Esto pasa en la jurisdicción que gobierna Juntos por el Cambio, en la figura de Horacio Rodríguez Larreta.
Pero hay algo más de fondo, en lo que los diferentes dirigentes –legisladores, legisladoras y gobernantes- de Juntos por el cambio están alineados: pedir que la educación pública sea declarada un servicio esencial. Una idea que nunca abandonan y es la cuestión de fondo: está a tono con las demandas del avasallamiento de derechos y la mercantilización educativa.
A principio de febrero, en un artículo publicado en este portal (“La educación es un derecho, no un servicio”) se repasaban algunas presentaciones locales que aludían a la cuestión. Como el proyecto (un texto muy básico, un esbozo de un dictado de ideas) de la concejala de Juntos por el Cambio Renata Ghillotti “para declarar la educación como servicio esencial y volver a las clases presenciales”. O el llamado en sintonía del diputado provincial Alejandro Boscarol (UCR, Juntos por el Cambio) para que “el Gobierno de Santa Fe declare a la educación como Servicio Público Esencial”. Hay que remarcar que la organización “Padres por la educación” responde a estos lineamientos ideológicos del PRO, de antes y de ahora.
En ese artículo mencionado tres referentes de la educación analizaban esta cuestión de fondo: la diputada nacional (Frente de Todos) por Santa Fe y dirigenta sindical del Sadop Patricia Mounier; el secretario de Educación de Ctera y de Cultura de Amsafé, Miguel Duhalde, y la doctora en educación Liliana Sanjurjo.
Uno de los puntos clave que señalaban es que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) establece qué trabajos pueden calificarse como “servicios esenciales” (para esta organización son aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud” de la población), y en esa nómina no figura la educación. Vale recordar que la Constitución nacional, en su artículo 14, define a la educación como un derecho, y la ley de educación nacional (26.206) va en el mismo sentido.
“Más que en la palabra esencial, la trampa está en la palabra servicio. Al ponerlas juntas incluyen la idea de servicio, y la educación no lo es. Es un derecho”, marcaba Duhalde. También que “la educación es un derecho social y humano. Cuando están en riesgo la salud y la vida ese derecho se puede garantizar de diferentes maneras, como lo hemos hecho en el 2020”. Además de advertir que “la derecha históricamente utiliza un tema emergente para desgastar a los gobiernos”.
Uno de los argumentos más mencionados para defender la presencialidad es que los contagios no se dan dentro de las escuelas. Y hay evidencia de esa afirmación. La escuela es por naturaleza un lugar de cuidado. Un cuidado que la sociedad todo el tiempo contradice. Ahora, una vez ocurridos los contagios (afuera o adentro) el riesgo ya está en la escuela, y ésta deja de ser un espacio seguro.
La defensa de la presencialidad educativa es la excusa para objetivos sectoriales de la oposición. Se usan las escuelas, las infancias y las adolescencias para estos fines que, por el contrario, en lugar de defenderlo atentan contra el derecho a la educación y, en plena pandemia, contra la vida misma.
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