A seis años de la histórica movilización, el rol de las mujeres en los comedores y merenderos poniéndole el cuerpo a la crisis sanitaria y económica toma especial carácter esencial. Los espacios comunitarios también se alzan como lugares de escucha frente a la violencia de género. La muerte de referentes locales en los últimos días y la necesidad de que lleguen las vacunas.
“Esto es hacer política desde abajo”, le dijo Zulma Lugones a un periodista de este semanario en mayo del año pasado, cuando la muerte por Covid de Ramona Medina, militante de La Garganta Poderosa en la Villa 31, levantó las baldosas de todo el país y salieron de ahí abajo miles de mujeres que, ollas populares de por medio, llenaron de comida y calor las panzas del pueblo. Zulma estaba al frente de un merendero de barrio Moderno, sufría de Epoc y para la crónica mencionada apenas había salido de su casa. Sus 17 hijos e hijas y más de 70 nietos y nietas (de sangre y del corazón) no la dejaban salir para cuidarla del virus. Cada tanto, sin embargo, la Mami, como le decían, se asomaba. Este miércoles, Zulma Lugones falleció víctima del Coronavirus. No fue la única. En apenas cinco días fallecieron también Adriana, del Centro Cultural La Gloriosa, en el barrio La Lagunita, y Carlos Mieres, referente cartonero histórico y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Ni Carlos, ni Adriana, ni Zulma, ni las doñas, ni las pibas que todavía ponen el cuerpo a la crisis sanitaria y económica que atraviesa al país recibieron aún el reconocimiento de su tarea esencial. Del 20 de marzo a la fecha, no hubo razones, no hubo chances, de cerrar la puerta de los comedores y merenderos y dejar a miles de pibitos y familia sin un plato de comida. Por el contrario: la demanda se incrementó, no así como la ayuda. Y frente a un nuevo aniversario de la histórica movilización de Ni Una Menos, contra los femicidios y todas las formas de la violencia machista, se renuevan las consignas. Esta vez podría ser: sin merenderos ni comedores no hay Ni Una Menos. Tampoco sin vacunas para las y los trabajadores esenciales que dejan la vida en la crisis.
Comer y contener
Nora Leiva tiene 50 años y trabaja hace 20 en un comedor y merendero del barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad. Las puertas abiertas de su centro comunitario le permiten notar lo que ella dice que ve “como mamá, como abuela, y como persona que pasó la violencia de género”: las mamás, que se nota que tienen un problema. Así, buscar la taza de leche es algo más: es encontrar un lugar donde se aprendió a ayudar. “Hace tanto que milito que ya aprendí a acompañar en muchas situaciones de violencia, sea para acompañar en la denuncia o con un abrazo, un consejo, saliendo adelante”, dice Leiva.
“Con la pandemia, la situación de violencia de género se profundizó más en los barrios, pero en realidad hace más de 6 años que existe. Se profundiza más porque las mujeres conviven con sus enemigos, que son sus esposos, con el maltrato verbal y físico”, señala la mujer, en diálogo con el programa Seamos Libres, emitido por la radio comunitaria Aire Libre. Y agrega: “Últimamente se ha visto mucho maltrato verbal porque saben que si las golpean es más fácil hacer la denuncia y pueden ir presos. Pero la violencia verbal ejerce un golpe que queda grabado para siempre en la mente de las mujeres, ellas se piensan que no sirven para nada, se dejan desvalorizar”.
Según el relato de Nora, la militancia no fue en vano. Ella lo ve todos los días: son cada vez más las mujeres que se animan a contarse cosas. “Ahora trabajamos mucho con la violencia de género porque lo vemos, lo notamos en la gente que viene, y entonces con el correr de los años aprendimos a ayudar a los demás, a las personas, a decir que sí valen, que sí pueden salir”, remarca.
El centro de Nora funciona como comedor dos veces por semana y como merendero todos los días. Reciben 200 chicos y chicas, y a sus familias, y en estos últimos meses de una olla pasaron a hacer magia para estirar lo poco que hay y llenar dos. La pandemia no fue una posibilidad para que la gente que la ayuda a sostener la comida se quede en casa. “No podemos cerrar. ¿Cómo vas a cerrar si tenés chicos que te preguntan si vas a dar la leche o de comer porque anoche no cenaron? No damos a basto. Algunos vecinos nos colaboran con verdura, algunas chicas ponen para el pollo. Siempre comemos todo con pollo porque no alcanza para un pedazo de carne”, explica. “Duele tener que racionar la comida para que alcance, darle un cucharoncito cuando son un montón en la casa. Tampoco me gusta dar sólo a los chicos. ¿Y la mamá? La mamá también come”.
Todas las personas que trabajan con Nora están esperando la vacuna. Y en ellas toma forma el reclamo de que se las considere más esenciales de lo que son y que les den un lugar de prioridad. “Más allá de que tenemos barbijos o alcohol en gel, es necesario que nos llegue la vacuna. Pensamos, sí, que primero están los ancianos, las personas con discapacidad, pero también nos toca, porque la gente se nos acerca todos los días y no sabemos ni podemos preguntar si tienen o no covid”.
Ramona somos todas
En junio de 2020, el diputado nacional por el Movimiento Evita, Leonardo Grosso, presentó el proyecto de la “Ley Ramona”, que buscaba reconocer simbólica y económicamente a las Ramonas, Zulmas, Adrianas, Noras de todo el país. El proyecto buscaba otorgarle un bono de 5 mil pesos a cada una de ellas hasta que finalice la emergencia sanitaria por Covid 19. Nunca salió del Congreso. El presidente Alberto Fernández, sin embargo, anunció en diciembre el pago de un plus de cinco mil pesos por un año en el Salario Social Complementario de 50 mil trabajadoras y trabajadores comunitarios de todo el país.
“El planteo de la Ley Ramona tiene que ver con reconocer el valor económico y social de las tareas de cuidado sociocomunitario que son ejercidas por mujeres que ponen su tiempo, su esfuerzo, sus casas, todo lo que tienen para trabajar para la comunidad. Históricamente esto fue visto sólo como una vocación solidaria y afectiva, lo cual también existe, pero esto no debe soslayar el valor que estas tareas representan para asegurar la reproducción social y el Estado es quien debe empezar por reconocer esto”, remarcó, en diálogo con este semanario, la diputada provincial Lucila De Ponti, también del Movimiento Evita.
De Ponti hizo hincapié en que “son mayoritariamente las mujeres quienes están sosteniendo el funcionamiento de todos los espacios comunitarios, que se volvieron indispensables para garantizar derechos básicos como la alimentación y los cuidados. Y que lo hacen en condiciones de mucha precariedad y desprotección porque los efectos de la pandemia se producen sobre contextos sociales de mucha desigualdad, donde el acceso a la salud, a la higiene y las condiciones materiales son absolutamente desfavorables”.
A la ley Ramona se le sumó el pedido para vacunar a colaboradoras y colaboradores de merenderos y comedores en todo el país. Si bien se anunció una reserva de 70 mil dosis para el reclamo, aún no hubo indicaciones concretas. Los movimientos sociales, de hecho, ya hacen entrega de dos registros: quienes entrarían en el plan de vacunación y quienes fallecieron por la demora en la respuesta.
En ese sentido, y de cara al 3 de junio, la diputada De Ponti coincidió en la importancia de reconocer el trabajo de estas mujeres dándoles acceso a la vacuna contra el coronavirus. “Hemos llorado en estos meses a muchas compañeras y compañeros que se contagiaron de Covid cumpliendo estas tareas, y fallecieron”, dijo, resumiendo con simpleza los motivos del reclamo. “Su rol es absolutamente esencial, como el de muchos otros trabajadores, y es una obligación del Estado protegerlas porque están cumpliendo el rol y ocupando el lugar que las instituciones deberían ocupar. Allí donde nadie llega, están las compañeras de los movimientos sociales, porque esos son sus barrios y ellas disponen sus vidas para apaciguar la necesidad que se vive en el territorio”.
Seis años, 1733 muertes evitables
Los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, indican que desde el 3 de junio de 2015, el día de la masiva e histórica movilización por Ni Una Menos, al 2 de junio de 2021, se contabilizaron 1.733 femicidios de mujeres, niñas, travestis y trans. Y suman otro dato: son 2015 las hijas e hijos que quedaron sin madre. De ese total, el 64 por ciento son menores de edad.
A estos datos se le suman los de la pandemia, que, entre días de aislamiento y de distanciamiento, y pese a las condiciones de cuarentena y disposiciones sanitarias vigentes que variaron de acuerdo al contexto epidemiológico, los femicidios y feminicidios no cesaron. Durante este periodo (del 20 de marzo de 2020, al 31 de mayo de 2021), se contabilizaron en total 33 mujeres asesinadas en Santa Fe, ocho de ellas este año. En Argentina, en los 151 días del año 2021, la cifra se eleva a 106. Estas cifras se desprenden del relevamiento en base a datos periodísticos que lleva adelante el Observatorio de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres, e incluye los femicidios en contextos de criminalidad según el Protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Según el informe, en esta etapa de aislamiento y distanciamiento hubo más femicidios ocasionados por parejas y disminuyeron los femicidas ex parejas y/o conocidos, precisamente por estar más tiempo en los hogares. También cabe destacar que, en los feminicidios en contextos de criminalidad y travesticidios, aparece por primera vez la figura del sicario, es decir, un asesino a sueldo que ejecuta el crimen. Las crónicas policiales y las investigaciones judiciales antes hablaban de “muertes por balaceras” mientras que, en la actualidad, dan cuenta del “sicariato”. De los 8 femicidios de este año en Santa Fe, 5 fueron en el departamento Rosario y la mayoría se produjeron en contextos de criminalidad.
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