Para que los salarios le ganen a los precios, la actual situación social de la Argentina, en medio de la pandemia, requiere la firme decisión política de afectar intereses de grandes empresas.

Los argentinos llevamos varias décadas conviviendo con altas tasas de inflación, en especial desde mediados de los 70, momento en que se dio el verdadero descarrilamiento de un proyecto de país inclusivo. Debe quedar claro que la alta inflación sistemática no fue fruto de la llegada del peronismo en los 40, como tratan de instalar mediáticamente los factores de poder que apoyaron, en 1976, a la dictadura cívico-militar y a su ministro de Economía, Martínez de Hoz.

Algunas cuestiones centrales respecto del aumento continuado y sostenido de precios que actualmente padece la mayoría de la sociedad argentina, remiten a que dos de las raíces centrales del problema inflacionario actual están representadas por los jugadores económicos paridos en 1976 por Martínez de Hoz y reforzados en los 90 por el ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo (1). Y, por otro lado, la herencia de derechos y protagonismo de los trabajadores que gestó y reforzó el peronismo desde su origen.

Que la inflación es «multicausal» parece, a esta altura, casi una obviedad, el problema es cuáles son las causas de mayor relevancia y qué jugadores económicos, políticos y sociales están detrás de las mismas. Muchos/as comunicadores y economistas, mercenarios/as y auspiciados/as algunos/as, confundidos/as otros/as, vociferan y «argumentan» que las causas más relevantes son: el déficit fiscal y la emisión monetaria para cubrirlo, la suba de los precios internacionales de los granos, la suba del dólar, la suba de salarios y de tarifas, los defectos o altos costos de infraestructura y, por sobre todo, la supuesta alta presión tributaria (2), que nunca falta como caballito de batalla.

Lamentablemente estos personajes no están solos en su prédica y muchos/as funcionarios/as, comunicadores y economistas que manifiestan posiciones ideológicas más cercanas a la gente, se hacen eco de esas supuestas razones clave para la inflación. Esto es resultado no sólo del conocido «miente miente que algo queda», sino también de las anteojeras de diagnóstico que le colocan los centros de formación anglosajona a los funcionarios del Banco Central o de diversos ministerios y la Jefatura de Gabinete que los coordina.

Puja distributiva

Sin embargo, hay una razón que se escucha poco o nada mencionar como causa de la inflación y que es insoslayable en cualquier país del mundo pero especialmente en la Argentina: la puja por la «torta de ingresos» o puja distributiva. Esta razón se combina con otra que, aunque se menciona en reiteradas ocasiones, pocas veces se hace dejando en claro el nivel de relevancia que tiene en nuestro país. Hablo de la existencia de oligopolios y monopolios que además en su mayoría son controlados por multinacionales extranjeras o por «grupos empresarios de origen nacional»(3).

Cuando las multinacionales y los «grupos nacionales» enfrentan su poder monopólico y oligopólico con una casi nula confrontación real de la estructura estatal, el resultado es que pujan sin disimulo ni piedad por apropiarse de los ingresos de la población. Esta situación se ve agravada cuando el Estado lejos de confrontar es cómplice y manejado por sus propios cuadros gerenciales como ocurrió durante la pandemia macrista. Por ello, después de cuatro años de subas descontroladas de precios, tarifas y de devaluación del peso es imposible detener el proceso inflacionario por «las buenas» o «amistosamente» o con «pactos de caballeros» o con pedidos de consideración o solidaridad o con acuerdos que sistemáticamente se incumplen sin dar lugar a sanciones relevantes.

No estamos hablando de relaciones públicas o incluso de política, no estamos tratando con organizaciones sociales o comunitarias, estamos hablando de poder y dinero y tratando con grandes empresas y sus unidades de negocios manejadas con objetivos de ganancia y premios o castigos asociados para quienes las conducen. Pretender resolver con lenguaje humanitario problemas de distribución de poder y dinero en un contexto de negocios no sólo es ineficaz, sino que podría llevar a pensar que los funcionarios y dirigentes que lo hacen o tienen graves falencias en sus diagnósticos y capacidad de diseño e implementación de estrategias. Alternativamente podría pensarse que las capacidades están pero que falta la decisión política de confrontar con grandes jugadores económico-políticos a nivel local e internacional.

La actual situación social de la Argentina pareciera no dar mucho margen para demorar la resolución del problema de la inflación, con 42 por ciento de pobreza y 10,5 por ciento de indigencia, niveles definidos por la canasta básica total y la canasta básica alimentaria(4), cada mes que la inflación le sigue ganando a la suba de ingresos se suman más argentinos al conjunto de pobres e indigentes.

Muchos comunicadores mercenarios o académicos de laboratorio o funcionarios formados en las usinas anglosajonas argumentan que en el resto de Latinoamérica la inflación hace muchos años dejó de ser alta a pesar de tener niveles comparables de concentración en la producción de alimentos y provisión de servicios y en base a esto explican el problema inflacionario argentino con falsos diagnósticos como la irresponsabilidad fiscal estatal y la emisión para cubrir los déficits y/o la interferencia nociva del Estado en el supuesto armonioso juego de las fuerzas del mercado. Para estos argumentos la mejor respuesta es el último año de gestión macrista, donde el mercado era rey y la emisión fue cero pero la inflación anual fue del 53 por ciento.

Un factor diferencial entre la inflación argentina y la de la mayoría de los países latinoamericanos son los derechos de los trabajadores argentinos y las estructuras sindicales construidas por el peronismo y el hecho de que Argentina, junto a Alemania, sean los dos países con mayor nivel de sindicalización de su fuerza de trabajo del mundo.

Como se dijo, la inflación puede tener muchas razones pero jamás deja de ser una puja distributiva, una guerra por el reparto de la «torta» de ingresos. Y en esa lucha hay una de las partes que, en la mayoría de los países latinoamericanos, ha sido derrotada o incluso nunca pudo dar lucha por la inmensa disparidad de fuerzas efectivas. Es decir, en Argentina, aún en un contexto de pandemia macrista o del Covid 19, los trabajadores y sus sindicalistas más honestos o perspicaces han dado la lucha y por eso la inflación no se detiene.

El Estado es un jugador de importancia clave en esta pelea. No existe una posible postura neutral o de árbitro para este factor de poder institucional y político, ni hay falta de herramientas o poder para tomar partido e influir profundamente en el resultado para cualquiera de ambas partes. De 2003 a 2015 el Estado estuvo claramente del lado de los trabajadores, lo cual no excluyó inmensas ganancias empresariales a todo nivel. De 2016 a 2019 el Estado claramente jugó fuerte del lado de las empresas más concentradas, no del lado de «el capital» porque cientos de miles de pymes perdieron o quebraron durante los últimos cuatro años y ganaron durante los doce previos.

El problema es que el actual gobierno manifiesta la intención de estar del lado de los trabajadores y algunos funcionarios declaran que «les gustaría» que los salarios le ganen a los precios en 2021. Saben que eso es necesario no sólo para que la situación social deje de agravarse peligrosamente sino también para que el mercado interno realmente se reactive para todos y no «para cuatro o cinco vivos» y obviamente saben que en las elecciones el bolsillo y la heladera pesa siempre más que las declaraciones de deseos loables.

No es lo mismo decir que «me gustaría» que los salarios le ganen a la inflación y manejarse con tibieza en los hechos, que decir que «deben ganarle» y tomar medidas contundentes para que así sea. Es entre infantil e insultante tratar de que los buenos deseos se cumplan permitiendo paritarias «libres» cuando esa posición se acerca a una «cuasi neutralidad» al permitir, de hecho, que las empresas monopólicas no dejen de subir los precios de los alimentos en el marco de una pandemia y niveles de pobreza e indigencia graves.

Carne

La suspensión de la exportación de carne vacuna es una medida que parece patear ligeramente el tablero, sin embargo, por sí misma no resuelve el problema y puede incluso ayudar a mantener la concentración en el mercado en manos de pocos jugadores que manejan el precio interno de la carne, pero sobre todo quieren mantener su oligopolio en el negocio de vender afuera.

La única forma de detener la alta inflación es con decisión política de afectar los intereses de las grandes empresas formadoras de precios e implementar medidas acordes en base a las sobradas normas legales vigentes que habilitan al Estado y a sus diversos organismos a revisar costos y beneficios de esas empresas y a discutirlos. No es una confrontación fácil ni exenta de costos para los funcionarios y conductores políticos que los instruyan, pero no hacerlo sin duda tendrá costos no sólo para estos mismos protagonistas sino para los 44 millones de argentinos y en especial para los 19 millones que ya son pobres o los casi 5 millones de indigentes.

Argentina y el mundo viven una situación excepcional debido al coronavirus y a la acumulación de inconsistencias en el sistema económico mundial globalizado. Esa situación puede usarse como excusa para prescindir del Estado como herramienta al servicio de las mayorías o para habilitarlo en la aplicación de las medidas excepcionales necesarias para mejorar el bienestar de la casi totalidad de los argentinos.

Muchos países desarrollados aprovecharon las grandes guerras mundiales para esta última opción con éxito, la definición no depende de si se trata de la guerra contra otros países o contra un virus, sino de qué rol quiere jugar en la historia la conducción del gobierno que afronte este giro del destino. La historia nos muestra que mientras las grandes potencias tomaban medidas excepcionales de control de precios internos durante la segunda guerra mundial en Argentina se gestaba el peronismo. Está por verse qué dirá la historia de quienes guiaron el destino del país durante la pandemia.

* Economista, docente de Macroeconomía, magister en Finanzas Públicas, ex asesor de presidencias de BCRA, Banco Nación, UIF y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación y ex consejero del Consejo Asesor de Afip.

(1)      Existen dos leyes clave vigentes que fueron gestadas por Martínez de Hoz en 1976/7: la ley de Entidades Financieras, intacta y definiendo el destino de los ahorros de los argentinos y del crédito posible con los mismos y la ley de Inversión Extranjera que define las condiciones en que se ha entregado el sistema productivo y mercado interno y en que se puede mantener o agravar dicha situación, esta ley no está intacta sino que Cavallo se encargó de empeorarla para habilitar las privatizaciones en los 90.

(2)      En la siguiente nota el autor desnuda la mentira instalada respecto de que argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo:  https://www.elcohetealaluna.com/falso-como-billete-de-siete-pesos/

(3)      Los propietarios y gestores de los grandes grupos económicos de «origen nacional» tienen como única ligazón con la gran mayoría de los argentinos la coincidencia del suelo en que nacieron, accidente que salvan normalmente viviendo en el extranjero y fugando tantos capitales como sea posible fuera de la Argentina.

(4)      Para preguntas básicas sobre CBT y CBA ver documento Indec https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/preguntas_frecuentes_cba_cbt.pdf

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