El fantasma y la opereta

Diputados cerró el juicio político a Sain, porque no se puede destituir a un ex ministro. Sigue en pie la acusación en el MPA, que para castigarlo en la OI analiza su actuación en el Ejecutivo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados provincial cerró esta semana el proceso que le seguía al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, con la notable comprobación de que no podía destituir a un funcionario que ya había renunciado al Gobierno 90 días antes. Al retirar la denuncia, la diputada nacional de la Coalición Cívica que la impulsó, Lucila Lehmann, se sinceró ante los legisladores de la comisión sobre las motivaciones: “El objetivo está cumplido”, dijo, para agregar que “esto generó que el ministro tome la decisión, o reconociera, que tenía que dar un paso al costado”. Con una parte del operativo cumplido, ahora resta el que compete al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que debe impedir la continuidad del ex ministro en su cargo obtenido por concurso como director del Organismo de Investigaciones (OI), la Policía Judicial que depende orgánicamente del poder acusador de la provincia.

Confesión de parte

Las palabras de Lehmann ofician de confesión de parte, por lo que relevan de la obligación de aportar más pruebas. Sain debía renunciar por las molestias e inquietudes que su acción provocaba a una parte del sistema de poder santafesino, que entrelaza en forma horizontal actores políticos –entre ellos sectores del actual oficialismo- con económicos, mediáticos y judiciales, en un bloque más o menos homogéneo regido por la máxima de Juan Domingo Perón que llamaba a no tirarse las cartas entre gitanos.

No fue la “ola de inseguridad” ni el oscilante número de homicidios –cuyas víctimas mayoritarias a casi nadie importan- lo que motivó el empujón que Perotti no pudo detener, empellón que estuvo aderezado con errores propios y multiplicidad de frentes abiertos.

De hecho, la propia Lehmann dijo el lunes tras participar de la reunión de la comisión de Juicio Político en la que retiró su denuncia que “hoy Sain no es ministro y los problemas de inseguridad continúan”.

Con candidez –si es que fue sincera- la diputada advirtió: “No me gustaría que esto fuera una puja política entre oficialismo y oposición en donde la moneda de cambio sea Sain, cuando en realidad hay que poner el foco, tanto oficialismo como oposición, en el verdadero problema que tenemos como santafesinos, que es la gran inseguridad”.

Ese “verdadero problema” no se alteró sustancialmente con el ingreso del nuevo ministro, Jorge Lagna, que además mantuvo a buena parte del equipo que había designado su antecesor, con el objetivo declarado de dar pelea contra las mafias pero, también, de modernizar el sistema de seguridad santafesino y la institución policial, que hieden feo.

La diputada de la Coalición Cívica señaló además que “en la comisión lo que dijimos es que no tiene sentido continuar con un juicio político cuando esta persona ya no está en un cargo”.

“¿A quién vamos a destituir si ya esa persona no está en el cargo? El artículo 98 de la Constitución es muy claro en ese sentido”, abundó sobre la rigurosa lectura efectuada al texto magno y la comprobación que a los legisladores les insumió casi 90 días.

Un fantasma que postea

Sain ya había planteado ese despropósito de juicio político a un ausente con anterioridad, una vez que dejó el gabinete de Omar Perotti. Aunque sabía que el asunto pasaba por otro lado y no eran sus exaltados audios de WhatsApp –que de todos modos sirvieron el plato en bandeja a la oposición- los que motivaron su paso al costado.

Esta semana, el ex ministro tuiteó: “En Santa Fe, el enchastre institucional que hace el «bloque tradicional de poder» (socialista, radical, peronista y judicial) es grandioso. Por un lado, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continúa con un proceso de juicio político a un ex ministro, es decir, a un fantasma”.

Y siguió: “Por otro lado, el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini, le abre un sumario administrativo en el ámbito del MPA al director del Organismo de Investigaciones por su desempeño como ministro (en otro poder) cuando hacía uso de la licencia en el MPA concedida por aquel”.

El torniquete a Sain se inició a fines de 2020 cuando, sin tratamiento en comisiones ni debate previo, en una misma jornada y sobre tablas las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron dos leyes para condicionar su acción como ministro de Seguridad –una regulatoria de los gastos reservados para investigaciones criminales, como la del juego clandestino que tiene al senador Armando Traferri en la mira- y otra para evitar su regreso a la dirección del OI, que establece como incompatibilidad para ese cargo haber ocupado otro en el Ejecutivo durante los últimos dos años. Si se aplicara retroactivamente, y sin doble vara, pondría en juego las designaciones de varios fiscales y miembros del MPA con pasado reciente en la Casa Gris.

Perotti vetó en diciembre de ese año ambas leyes, denominadas “anti Sain”, y a fines de mayo pasado la Legislatura aceptó la tacha del Ejecutivo en el caso de los gastos reservados y la rechazó en relación a la ley de incompatibilidades.

Sin embargo, la norma que quedó firme es posterior a la asunción de Sain en Seguridad y a la licencia en el OI, que firmó el propio Fiscal General, Jorge Baclini. Como no estableció taxativamente su carácter retroactivo, no es aplicable al caso.

En marzo, para evitar el temido regreso de Sain a la conducción de la OI –que realiza las investigaciones que pusieron en jaque el vínculo entre crimen, negocios y política en Santa Fe–, 27 diputados de la oposición denunciaron al ex ministro, del mismo modo que lo hizo el Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, por hacinamiento en las comisarías, presuntas escuchas ilegales y supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armamento policial.

De acuerdos

La directora de la Auditoria General de Gestión (AGG) del MPA, Cecilia Vranicich, se declaró incompetente para entender en la denuncia de Arietti, quien apeló esa resolución y por la cual el Fiscal General, Jorge Baclini, envió la denuncia al Fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martin.

Si esa instancia avanza en el sentido que espera y empuja el bloque de poder tradicional de la provincia, es decir, que alguna actuación de Sain pueda ser considerada como “falta grave”, la comisión de Acuerdos de la Legislatura podría avocarse al tema y, eventualmente, destituirlo de su cargo en el OI.

La realidad ofrece un escollo: el MPA y la comisión de Acuerdos analizarían actos de Sain como ministro –es decir, producidos en cuanto funcionario del Poder Ejecutivo– para sancionarlo como empleado superior del MPA, que es otro poder. Raro.

O aplicarle en forma retroactiva la ley de incompatibilidades para ejercer cargos superiores del MPA que fue votada –y cuyo veto fue rechazado– luego de que Sain obtuviera el cargo por concurso en la OI en 2018. Todo en nombre de la salvaguarda de la institucionalidad y la transparencia, claro.

Pero como la cuestión es política, y no judicial, es sólo cuestión de Acuerdos. En esa comisión conjunta de ambas cámaras, la oposición goza de amplia mayoría.

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 500 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.