Además de pedir prisión perpetua para los cuatro acusados en la “causa Klotzman”, el fiscal Villate solicitó que el Colegio Inglés señalice en su actual predio el centro clandestino que funcionó allí en dictadura. Y enseñe a sus alumnos sobre lo ocurrido.

Como era esperable por la gravedad de los delitos de los que están acusados, que el derecho internacional de los Derechos Humanos considera ofensivos de la condición humana, el fiscal de la Unidad de Causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, pidió esta semana prisión perpetua para el militar retirado Jorge Fariña y sus secuaces de la Policía Federal, Federico Almeder, Juan Langlois y Enrique Andrés López, en el secuestro y matanza de casi tres decenas de militantes y allegados al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP) ocurridos en agosto de 1976 y agrupados en la denominada “causa Klotzman”. Pero como elemento novedoso –aunque no inédito– del alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó también al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) que enjuicia a los represores de la última dictadura, que “establezca reparaciones simbólicas” a las víctimas del terrorismo de Estado cuyos padecimientos se analizan en ese proceso oral. Entre ellas, Villate pidió que se disponga la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en los diarios de mayor circulación de la ciudad; que se ordene al municipio y a la provincia que repongan el cartel de señalamiento del centro clandestino de detenciones (CCD) “Quinta Operacional de Fisherton” que fue quitado por reparaciones y por donde pasaron las víctimas del caso y, tal vez lo más destacable, que le solicite al Colegio Inglés (San Bartolomé), actual propietario del predio donde funcionó el CCD, que “se señalice del modo que sea más conveniente, dejando en claro que allí funcionó un centro de exterminio durante la dictadura militar y se imponga a sus alumnos de los hechos ocurridos allí como una forma de la memoria”. Algo así como hacer escuela.

La larga y ejemplar lucha del movimiento de derechos humanos de la Argentina posdictadura abarca, además de las batallas político-jurídicas por el juzgamiento de los responsables penales de los crímenes más atroces cometidos en el siglo pasado, la disputa por la construcción de sentido en pos de transformar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en fundamento del pacto civilizatorio para el presente y el futuro.

Una garantía –siempre a prueba, como lo demostraron las conductas negacionistas de funcionarios del macrismo durante su gobierno y el fallo del 2×1 de la Corte Suprema colonizada por el poder económico-mediático– de que el “Nunca más” sea, efectivamente, un límite infranqueable a la planificación estatal de la muerte y la miseria.

Que una escuela de “alta gama” como el Colegio San Bartolomé de Rosario señalice parte de su predio donde funcionó un centro concentracionario y forme a sus alumnos en el ejercicio de la memoria colectiva no se trata de “cosas del pasado”, sino de una irrevocable inversión a futuro.

Actos reparatorios

Durante el último tramo del alegato de clausura de la “causa Klotzman”, cuyo juicio se inició en septiembre del año pasado, el fiscal Villate se refirió a la “reparación simbólica” a las víctimas.  

“Estimamos que es necesario que se establezcan este tipo de reparaciones, más allá de las punitivas”, señaló, para recordar que “hoy son consideradas como derechos indiscutibles de las víctimas” en una concepción amplia de esa categoría.

“Estas medidas no incluyen la responsabilidad penal sino que son complementarias, tiene sustento en distintas convenciones internacionales de Derechos Humanos”, abundó Villate, al remarcar que “los Estados deben garantizar una reparación plena y efectiva” a las víctimas de los delitos cometidos a su amparo.

Entre ellas, se encuentran la restitución, la reparación, la indemnización y la garantía de no repetición.

Tras citar antecedentes en ese sentido, dijo que “no tenemos dudas de que los tribunales tienen la obligación internacional y por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar actos reparatorios simbólicos dirigidos a las víctimas, que deben expresarse en las sentencias y en los fundamentos” de esos fallos.

El fiscal aclaró que “en nada afecta el derecho de defensa de los acusados, lo único que está en juego en este pedido son los derechos de las víctimas”.

Y solicitó, como actos reparadores en términos simbólicos, los enumerados más arriba.

Cárcel común

Al momento de solicitar al tribunal las penas, la Fiscalía pidió prisión perpetua para el ex miembro del Destacamento de Inteligencia de Rosario durante la última dictadura, Jorge Fariña, al señalar que debe ser considerado responsable penal de más de 20 casos de homicidios, privación ilegal de la libertad, tormentos y la supresión de identidad de una menor.

Con variantes en los casos endilgados, el fiscal solicitó la misma pena para los ex policías López, Almeder y Langlois, que prestaron servicios en la delegación local de la fuerza de seguridad federal durante la última dictadura. Además, los acusó por integrar una asociación ilícita y sostuvo que los hechos achacados deben ser “calificados como delitos de lesa humanidad” por cuanto “formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil”.

Foto: Manuel Costa

A la vez, pidió que cumplan la condena –una vez que adquiera firmeza en el que caso de que sean sentenciados en línea con su planteo– “en unidades penitenciarias del servicio federal, en cárcel común, que es lo que corresponde, en las mismas condiciones de quienes cumplen penas para otro tipo de delitos”.

En el mismo sentido, la Fiscalía sostuvo durante su alegato que se revoquen la prisiones domiciliarias de los tres policías, ante la variación de las condiciones por las que fueron otorgadas oportunamente y frente al “peligro de fuga” que implicaría sus permanencias en domicilios particulares si fueran condenados a una pena de prisión perpetua.

Tiempos judiciales

El juicio de la “causa Klotzman” ventiló el accionar represivo conjunto entre el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino, entonces con asiento en Rosario, y las tareas operativas de la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos integrantes durante la última dictadura no habían recibido hasta ahora reproche penal por su actuación en el terrorismo de Estado, que llamaban “lucha contra la subversión”.

La causa fue elevada a juicio por el juzgado de instrucción en 2015. En 2018 se pautó el inicio del debate oral pero, por varias dilaciones, recién comenzó más de dos años después, una forma indirecta de garantizar impunidad a los genocidas, tres de los cuales estaban imputadas en el caso pero fallecieron sin ser juzgados.

“Tales dilaciones han obstaculizado no sólo la búsqueda de justicia de familiares, víctimas y los sobrevivientes que pueden dar cuenta de lo ocurrido, sino que en este lapso han fallecido tres imputados, Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib, que se suman así a la larga lista de genocidas que no se han sentado siquiera en el banquillo de los acusados por sus aberrantes crímenes”, denunció al inicio del proceso una publicación de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las caídas

En las audiencias se ventilaron los casos de 29 víctimas, la mayoría militantes o allegados a miembros de la izquierda guevarista del PRT-ERP de Rosario.

Como particularidad, la investigación demostró una serie de “caídas” sucesivas de miembros de esa agrupación política y su brazo armado en la primera quincena de agosto de 1976.

La pareja compuesta por Ricardo Klotzman y Cecilia Barral fue secuestrada el 2 de agosto de ese año en su casa de Necochea 2050 de Rosario junto a otros miembros del sector “Propaganda” del PRT que a nivel nacional guiaba Mario Roberto Santucho.  

Allí también “cayeron” Juan Alberto Tumbetta y Edgardo Silva.

Al día siguiente fueron secuestrados en “operativos conjuntos” Ricardo José Machado y Elvira Estela Márquez y apareció asesinado Silva. El 4 de agosto fue el turno del militante Osvaldo Aníbal Matosky, también del sector de “Propaganda” del partido, “lo que hace más claro que los hechos estaban concatenados”, dijo Villate.

El 5 se produjo un nuevo secuestro, el 6 fue detenida ilegalmente María Teresa Vidal, el 7 allanaron la casa de Celeste Montecchiarini pero no la encuentran.

De acuerdo a la investigación, la mayoría de los secuestrados fue llevada a un centro clandestino de detenciones que funcionó en un chalet ubicado en San José de Calazans al 9100, conocido como “Quinta Operacional de Fisherton”.

El único sobreviviente del grupo, Fernando Patricio Brarda, reconoció el lugar y su testimonio resultó clave para identificar a algunas de las víctimas que pudo ver en ese sitio durante su cautiverio.

Ya en democracia, el chalet comenzó a ser demolido, una vez que la Asociación Civil Churchill compró ese predio para destinarlo al Colegio San Bartolomé. Un empleado del establecimiento escolar reconoció, 40 años después de ocurridos los hechos, que había estado detenido ilegalmente allí y de ese modo se convirtió en el segundo sobreviviente del CCD.

Se trata de Daniel Guibes, secuestrado “por error” a los 19 años y torturado en la quinta a la que su empleo lo hizo volver cuatro décadas después, descubrimiento que lo motivó a contar, por primera vez, aquella horrible historia de la dictadura. Su caso fue narrado en extenso por El Eslabón en octubre del año pasado en la nota “Arqueología de una aparición”.

El resto de las víctimas son María Laura González, Liliana Girardi, Julio Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Castañeda, Alejandro Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Inchaurraga, José Maciel, Elena Marques, Dante Vidali, Isabel Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor González, Juan Carlos Lieby, Daniel Garrera, María Victoria Gazzano y Oscar Medina.

¿Dónde están?

Además de los delitos de homicidio, secuestro, aplicación de tormentos y asociación ilícita, el juicio analiza un caso de supresión de identidad, el de la hija de Klotzman y Barral.

Cecilia cursaba un embarazo de 9 meses cuando fue secuestrada el 2 de agosto de 1976 junto a su pareja. Tenía fecha de parto, justamente, para esos días.

El sobreviviente Brarda relató que pudo reconocerla en la “Quinta Operacional de Fisherton” al menos hasta el 11 de agosto y que luego fue trasladada para el parto.

“Su hija fue entregada en adopción días más tarde por el juez Luis Vera Candiotti, quien en 2016 fue condenado a 15 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la supresión de identidad de otra de nuestras nietas”, recordó Abuelas de Plaza de Mayo.

Una hija de Klotzman, producto de una relación anterior, buscó a su hermana arrebatada tras el parto en la clandestinidad. Esa tarea dio sus frutos 35 años más tarde cuando, en 2011, los resultados de los estudios comparativos en el Banco Nacional de Datos Genéticos de una joven que podría ser la hija de la pareja confirmaron que se trataba de ella, la nieta Nº 104 restituida por Abuelas, María Pía Josefina Kerz.

Pero entre las víctimas de esta causa hubo otras tres mujeres que cursaban embarazos cuando fueron privadas ilegalmente de la libertad: Isabel Ángela Carlucci, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi. “Desde Abuelas todavía buscamos a los hijos/as”, indicó la asociación.

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