El Congreso sancionó nueva ley de biocombustibles. Entre otros puntos, reduce el porcentaje de mezcla entre biodiésel y gasoil. Rechazo de agroexportadoras y respaldo entre pymes del sector.
De un lado, provincias petroleras del Sur y compañías productoras de crudo y gas. También de ese mismo lado provincias norteñas y los ingenios azucareros. Del otro, provincias agroindustriales como Santa Fe y Córdoba y el lobby de las agroexportadoras radicadas en el Gran Rosario. Empresas gigantescas critican, medianas y pequeñas acompañan. Un “avance” para legisladores oficialistas, un “retroceso” según opositores, aunque algunos opositores votaron en consonancia con oficialistas, y algunos oficialistas acompañaron con “peros” y tuvieron coincidencias con opositores. Así de enrevesado y complejo es el escenario para la nueva ley de biocombustibles, sancionada días atrás en el Congreso.
Los biocombustibles (bioetanol, biodiésel, biogás) son fuente de energía renovable que se producen a partir de cultivos y derivados o de desechos orgánicos. El biodiésel se elabora a base de un compuesto químico que extrae aceite de semillas oleaginosas, como soja o maíz, mientras que el bioetanol se obtiene de la fermentación de vegetales, como la caña de azúcar o también el maíz.
La mirada ambientalista sobre el tema pone en debate la seguridad alimentaria, la matriz energética y el modelo de producción agrícola. Hay varias disyuntivas entre la generación de combustibles limpios y el cambio climático, el uso de los suelos y el desplazamiento de otros cultivos, y también entre la utilización de granos para alimentarse o como combustible, con impacto en los precios de los alimentos.
En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se estableció que los combustibles convencionales, nafta y gasoil, que se comercialicen en el país deben ser mezclados con biodiésel en el caso del gasoil o bioetanol en las naftas.
La industria de los biocombustibles lleva quince años de ruedo y si bien está en expansión gracias al potencial de las energías renovables, la pandemia hizo retroceder la demanda ante la menor circulación vehicular y la consiguiente caída en el consumo de nafta y gasoil, en un contexto de crisis económica.
La producción de biocombustibles mantiene un importante desarrollo en la provincia de Santa Fe, que elabora el 80 por ciento del biodiésel nacional. El mundo bio funcionará bajo un nuevo sistema de regulación y promoción a partir de la ley en cuestión, que espera ser reglamentada.
La normativa que impulsó el oficialismo, que regirá hasta 2030 y viene a actualizar la ley 26.093 de 2006, contempla en función de presentes condiciones de mercado e industria nuevos porcentajes de cortes obligatorios para nafta y gasoil: en el caso de la nafta, sigue la mezcla mínima de 12 por ciento de bioetanol (6 por ciento caña de azúcar, 6 por ciento a base de maíz), aunque con una eventual reducción al 9 por ciento.
Para el gasoil, en tanto, el corte mínimo de biodiésel será de un 5 por ciento en lugar del 10 por ciento actual, con una posible rebaja al 3 por ciento, en caso de que los costos de los insumos para la producción de biodiésel distorsionaran los precios finales en el surtidor. A la inversa, el proyecto habilita elevar el porcentaje obligatorio de mezcla si la demanda lo requiere.
De acuerdo a datos oficiales, hay 55 empresas de biocombustibles repartidas en diez provincias: 33 producen biodiésel y 22 plantas fabrican bioetanol. Como se señaló, Santa Fe concentra la mayoría. Se estima que el sector genera, entre directos e indirectos, unos 70 mil empleos.
Casi la totalidad de las empresas producen para el mercado interno. Las que exportan grandes cantidades de biocombustibles a Europa y Estados Unidos son las cerealeras como Cargill, Aceitera General Deheza, Vicentin o Bunge, las mismas compañías que concentran la producción de aceite de soja y la venta de granos, que con la nueva ley seguirán sin poder participar en el mercado interno.
Corte que divide
La ley de biocombustibles metió ruido político. El nuevo esquema de cortes, con la reducción para el biodiésel, fue el punto de mayor conflicto. Desde el Frente de Todos argumentaron que disminuir el porcentaje en la mezcla entre biodiésel y gasoil “les permitirá a las empresas tener precio” y destacaron que el proyecto fue “consensuado entre todos los actores de la cadena productiva”. También, durante el debate legislativo, desde el oficialismo se dijo que «la discusión de fondo es entre libre mercado o Estado presente en la economía».
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, autoridad de aplicación de la nueva ley, defendió el proyecto que regula el mercado de los biocombustibles. “Estamos en una transición energética. La ley busca evitar la concentración en el sector, promueve inversiones, busca sostener e incrementar la actividad, además de alentar el trabajo y la producción, pensando en las economías regionales, en el federalismo y en el medio ambiente”, sostuvo el funcionario.
La norma que aprobó el Senado con 43 votos afirmativos y 19 negativos crea una comisión de biocombustibles con la participación de organismos nacionales y de un Consejo de provincias productoras, dos instancias que permitirán monitorear el estado de la actividad. Así, y sobre todo a partir de las posiciones encontradas frente a la nueva ley, se rompió la Liga Bioenergética que agrupaba a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, donde pisa fuerte el ingenio azucarero Ledesma de la familia Blaquier.
El asunto que generó mayor tensión en la política y dentro de la industria del sector fue, como se dijo, los niveles de cortes. Puesto de relieve en Santa Fe, principal provincia productora de biodiésel, donde se promueve su uso progresivo en la actividad agropecuaria, transporte de pasajeros, de carga, en obras públicas.
De los tres senadores santafesinos, la macrista Alejandra Vucasovich, que reemplazó a Carlos Reutemann, votó en contra. Roberto Mirabella, del perottismo, acompañó aunque dejó en claro que la ley no le gustaba para nada. La kirchnerista María de los Ángeles Sacnun votó a favor, defendió la norma a capa y espada y dijo que las y los legisladores no se iban a someter a presiones cruzadas entre el lobby petrolero y el lobby agroexportador.
En la industria santafesina de los biocombustibles también hubo diferentes miradas. El polo agroexportador que maneja el grueso del negocio mostró su descontento con la nueva ley. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), representante de grandes cerealeras productoras y exportadoras de biodiésel, muchas de ellas multinacionales, consideraron que el proyecto «elimina la posibilidad de desarrollo futuro de los biocombustibles» y que la normativa “beneficia a empresas que se muestran como pymes” en contra de “las verdaderas” compañías del sector.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), la nueva ley es “muy buena” porque “desconcentra” el mercado. Entre los que salieron a respaldar estuvo el grupo santafesino Essential Energy Holding, que tiene cuatro plantas: Rosario Bioenergy, Bionogoyá, Establecimiento Albardón y Héctor Bolzán y Cia.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) celebró la sanción de la nueva ley porque “apuntala a pequeñas y medianas empresas que constituyen un vector fundamental en el agregado de valor de la agroindustria y en la diversificación de la matriz energética”.
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