La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) presentó este martes un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal para la creación de un subsidio habitacional a trabajadoras y trabajadores sexuales que estén en situación de calle o riesgo inminente de estarlo. La presentación se realizó a través de la secretaria adjunta de Ammar Rosario, Gabriela Hemela, y se estima que, como mínimo, alcanzará a unas 130 familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en Rosario.

El proyecto busca crear el programa de «Atención habitacional para trabajadoras y trabajadores sexuales y sus familias», con el objetivo de promover y proteger de manera integral los derechos humanos de quienes ejercen el trabajo sexual en Rosario y se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo.

En concreto, el programa implementará el otorgamiento de subsidios para brindar una asistencia que fortalezca el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales. Se establece que la ayuda económica sea de hasta 180 mil pesos a otorgarse en 10 cuotas iguales y consecutivas de hasta 18 mil pesos. También propone la firma de convenios con el Banco Municipal para promover líneas de crédito con tasa preferencial como otra estrategia de solución a la problemática habitacional.

Para acceder a los beneficios, la persona y su familia deben estar en una situación de desamparo habitacional inminente o transitoriamente sin vivienda o refugio sea por desalojo u otra causa. Además, debe ser residente en Rosario con una antigüedad mínima de un año y poseer ingresos menores al monto resultante del índice correspondiente a la canasta básica alimentaria que determina, mes a mes, el INDEC.

Según especificó Gabriela Hemela en diálogo con Redacción Rosario, se estima que en Rosario serán unas 130 familias en extrema vulnerabilidad las beneficiadas con este programa en caso de ser aprobado por el Concejo primero e implementado por la Municipalidad después. La mayoría, mujeres jefas de hogar con niños y niñas a cargo. El proyecto recuerda que en Argentina las trabajadoras y los trabajadores sexuales no cuentan con reconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad social. Una situación que, sumada a la pandemia por el Coronavirus, «llevan a un escenario de emergencia habitacional que debe ser solucionado a través de la implementación de políticas públicas puntuales, herramientas feministas y un enfoque interseccional».

«La necesidad de atender la emergencia en la que se encuentran las compañeras y compañeros que hoy están lidiando con juicios de desalojos es imperante», remarcó Hemela. Y recordó que el año pasado el Concejo Municipal  reconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo. «Esto se debe a la clandestinidad a la que se nos somete por la falta de reconocimiento de nuestros derechos laborales, sociales y previsionales. Esta política es una urgencia que el estado debe atender de inmediato», concluyó la dirigente sindical.

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