Un grupo de personas destruyó y prendió fuego a las precarias carpas y las pocas pertenencias de inmigrantes venezolanos en Iquique. Atacaron niñas, niños, ancianas y ancianos. Hicieron una marcha para que los echen, los persiguieron y propusieron linchamientos.

Primero agitaron por las redes sociales, con la ya conocida violencia de la derecha racista y xenófoba que anida en determinados grupos en todos los países del mundo. Después pasaron al acto, y entregaron imágenes de una gran crueldad: personas destruyendo las pocas y paupérrimas pertenencias de familias hambreadas, exhaustas y desesperadas. Pañales y ropa de bebés pateados, arrastrados por el barro y quemados, al igual que las precarias carpas. Enfrentamientos a golpes entre inmigrantes y habitantes de Iquique, con toda la tristeza de esa guerra que la derecha ama y promueve: pobres contra pobres. También hicieron una marcha pidiéndole “mano dura” y deportaciones a las autoridades de la ciudad de Iquique, al norte de Chile. Y además salieron a cazar inmigrantes. Furiosos y enceguecidos por el odio, corrieron a mujeres con bebés en brazos, niñas y niños llorando, hombres, ancianas y ancianos, para hacer realidad los linchamientos por los que venían militando.   

Medios de prensa locales indicaron que tras un llamado a manifestaciones hecho por grupos antimigración prendieron fuego a las carpas y las pocas pertenencias de las familias que estaban a la espera de una respuesta humanitaria de parte del Estado en avenida Aeropuerto con Las Rosas, de Iquique, según informó el sitio de noticias venezolano Telesur.

Según la página del medio venezolano, las fuentes indicaron que luego de esos hechos los inmigrantes, entre los que había mujeres y menores de edad, fueron perseguidos por varias calles.

La Fiscalía de la Región de Tarapacá, cuya capital es Iquique, giró instrucciones a la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones (PDI) para que inicie las pesquisas del hecho y dé con los responsables, señala Telesur.

La fiscal de turno de Iquique, Jócelyn Pacheco, dispuso medidas de protección para las víctimas y solicitó a la Policía de Investigaciones realizar las primeras diligencias.

Pacheco indicó que son 16 personas las que resultaron afectadas por la quema de sus pertenencias. Debido a los hechos, se abrió una causa por el delito de incendio y daños.

La situación fue repudiada incluso por el relator especial sobre los derechos humanos de los inmigrantes de la ONU, quien calificó lo ocurrido como una “inadmisible humillación”.

Un grupo de abogados y abogadas de Tarapacá, hizo un emplazamiento a “las autoridades de la ciudad y región, para que asuman sus responsabilidades y proporcionen albergue mínimo adecuado, a los inmigrantes”.

“Como profesionales del Derecho, no podemos guardar silencio ante esta flagrante vulneración de garantías tan fundamentales como la dignidad humana, integridad física, no discriminación arbitraria, asilo, y otros, que está afectando a estos inmigrantes”, señala la declaración.

Por su parte, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció que se pondrá a disposición de quien lo desee un autobús que trasladará a los inmigrantes a otras zonas del país.

“No se trata de colocar a disposición un autobús y llevárselos de la región, sino que al contrario, es apoyar y colaborar en lo que ellos están buscando, que es llegar a otro lugar en nuestro país”, indicó Carvajal.

El gobernador afirmó que esta decisión también está motivada en la petición de diversas entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Cortina de humo

El viernes 25 de septiembre, agentes de la militarizada policía de Carabineros desalojaron a unas 150 familias que acampaban en la céntrica Plaza Brasil, de Iquique, a la espera de viajar a Santiago de Chile, la capital del país, en busca de trabajo.

Para el alcalde de esa ciudad, el independiente Mauricio Soria, el desalojo de los inmigrantes irregulares fue una “cortina de humo” del gobierno del presidente Sebastián Piñera para desviar la atención del fracaso de la política migratoria.

Venezuela se respeta

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó activar el Plan Vuelta a la Patria para el retorno de connacionales en Chile.

La información la dio a conocer, a través de la plataforma Twitter, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. “El presidente Nicolás Maduro ordenó activar el Plan Vuelta a la Patria de nuestros hermanos y hermanas”, precisó. 

Respecto a la xenofobia, Rodríguez recalcó que Venezuela repudia el hecho y las agresiones contra inmigrantes venezolanos, y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de los connacionales.

Las máscaras de Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó el ataque xenófobo contra inmigrantes ocurrido el sábado pasado aunque insistió en frenar el ingreso ilegal de extranjeros al país bajo el lema de “ordenar la casa”, informó Página 12.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó las primeras diligencias en el marco de la causa abierta por la quema de pertenencias de venezolanos acampados en la localidad de Iquique. Los agentes realizaron un registro de las personas afectadas y evaluaron los objetos quemados.

“Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de inmigrantes irregulares, estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune”, dijo Piñera en declaraciones que reproduce Página 12

“Como gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los inmigrantes”, agregó el mandatario de derecha, el mismo que, con el objetivo de desincentivar la inmigración ilegal, impulsó este año una nueva Ley de Migraciones más estricta y anunció un proceso de deportaciones con el que pretende echar a 1.500 extranjeros durante 2021. Esa medida recibió duras críticas de organizaciones como Amnistía Internacional o la ONU que alertaron que las expulsiones no cuentan con las garantías judiciales.

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