La Cámara Federal de Rosario confirmó procesamientos en el caso Oldani, por el descubrimiento de una “cueva” tras su asesinato. La denuncia la hizo Sain, por evaporación de sumas millonarias.

Cuatro días después de que la Legislatura santafesina destituyera por su presunta actividad proselitista en Twitter al director del Organismo de Investigaciones (OI, la policía judicial de la provincia), Marcelo Sain, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de diez personas por el funcionamiento de una “cueva” financiera en la oficina de Turismo Oldani SRL, descubierta tras el crimen de su titular, Hugo Ernesto Oldani, que había sido denunciada por el ex funcionario cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad. De allí se evaporaron 3,1 millones de pesos y 1,1 millón de dólares en efectivo con la aparente anuencia de una fiscal, que permitió a los familiares de la víctima retirar el presumible dinero “negro” de madrugada para evitar lo que, de todos modos, hasta ahora no pudieron eludir: una investigación sobre el origen de los fondos. Con la resolución de la Cámara de esta semana, los imputados irán a juicio por “intermediación financiera no autorizada”, una figura que reúne delitos socialmente aceptados como el cambio de divisas, de cheques y egreso e ingreso de dólares al país, y que por fortuna no motiva linchamientos ni resonantes movilizaciones.

El fallo firmado por los magistrados Fernando Barbará y Aníbal Pineda, de la Cámara rosarina, confirmó el procesamiento dictado en abril por el juez federal Marcelo Bailaque, en base a una minuciosa investigación del fiscal de ese fuero en la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez.

Cuánta plata

La causa se inició el 1º de junio de 2020 con una denuncia del entonces ministro de Seguridad, Sain, por la desaparición del local de Turismo Oldani –ubicado en la Galería Rivadavia de la capital provincial– de un monto estimado en 3,3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares.

En el comercio, situado en Rioja 2441, había sido asesinado el 11 de febrero de ese año su propietario, Hugo Ernesto Oldani, y en los registros fotográficos y fílmicos que la Policía tomó en la escena del crimen quedó documentada la existencia de una caja fuerte con dinero en la que se veía dinero en efectivo, en pesos y en dólares.

Según la denuncia, el hallazgo de ese dinero –que la División Scopometría de la Policía Federal estimó en 3,1 millones de pesos y 1,1 millón de dólares en base a los registros fílmicos y fotográficos– “no se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial, como lo era el nombrado, quien poseía una empresa de servicios minoristas de viajes”.

La presentación judicial de Sain también mencionó que la hija de la víctima, Virginia Oldani, se negó a “proceder a la apertura” de la caja fuerte que, en realidad, era de Pandora.

“En fecha 14 de febrero de 2020, se constituyó nuevamente en el lugar personal policial por orden de la Fiscalía de Homicidios, y verificó que no se hallaban elementos de valor ni el dinero que había sido identificado anteriormente, lo cual demuestra la existencia de una maniobra delictual inicial, integrada por el «levantamiento del servicio de custodia de la escena del crimen» y la alteración de la misma «a través de la sustracción de una suma millonaria de dinero y de otros objetos de valor»”, añade la denuncia.

Foto: Eduardo Seval | Página/12

Una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizó la pesquisa del crimen de Oldani, determinó que unos días después ingresó al local por la noche la hija de la víctima, Virginia, junto a su pareja José Luis Hernández y otras personas de identidad desconocida”. Fueron captados por cámaras de videovigilancia.

El informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, indicó que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso”.

Ante la desaparición del dinero y la modificación de la escena del crimen, Sain realizó la denuncia que derivó en una investigación federal, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, por el presunto funcionamiento de una “cueva”.

La cueva

Para el fiscal, “se comprobó” que al menos desde 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020 –fecha del crimen– el fallecido “desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas”.

Rodríguez sintetizó las “distintas maniobras” en cuatro habituales de las “cuevas”: colocar dinero a cambio de un interés con posibilidad de renovación; cambio de cheques con descuentos; colocación de recursos financieros para préstamos inmediatos, para préstamos garantizados contra la entrega de cheques y para préstamos en dólares con devolución en cuotas mensuales; y el ingreso o egreso de divisas al país “a cambio de una comisión de servicio calculada sobre el monto de la operación”, sostuvo.

Por esos hechos, el juez federal Marcelo Bailaque procesó a Virginia Oldani; María José Calle (secretaria del comercio); Carina Amelia Chelmo; Leandro Javier Forchetti; Flavio Damián Giulioni; Ariel Juan Trucco; Marcos Molinas; Eugenio Francisco Alonso; y a los agentes de una mutual vinculada al conocido Grupo Carey de Rosario –casa de cambios y sociedad de bolsa– Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.

Rodríguez sostuvo que los dos últimos, “en su carácter de operadores del Grupo Carey SA”, y de empleados registrados de la mutual 29 de Noviembre, “realizaron aportes jurídicamente relevantes” compatibles con el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”.

Para el fiscal, la intervención de los operadores de Carey se refleja “en la gestión de cuentas en pesos y en dólares que Hugo Oldani tenía en las firmas referenciadas (la sociedad de bolsa de Carey y la mutual), la percepción y entrega de sumas de dinero, la constitución de plazos fijos, compra y venta de divisas, recepción, cambio y cobro de cheques y realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, todo ello a cambio de generosas comisiones”.

Al negarse a declarar –pero haciendo uso de la palabra–, Ciochetto y Bacigaluppo aclararon que no eran operadores del Grupo Carey; y que no cometieron ningún delito.

Sin embargo, el fiscal señaló que “las expresiones de los desmemoriados imputados se encuentran controvertidas por el contenido de numerosas conversaciones” que mantuvieron con Oldani.

En ese móvil se encontraron mensajes enviados por Oldani a los de Ciochetto y Bacigaluppo, el de este último “registrado a nombre del Grupo Carey Sociedad de Bolsa”, y que “resultan reveladores de cada una de las actividades ilícitas descriptas”.

El vínculo entre la Mutual 29 de Noviembre –a la que están ligados Ciochetto y Bacigaluppo– y el Grupo Carey también fue puesto en evidencia por Oldani, en una conversación con el contacto “Tope”.

De quién es esa mutual

El 22 diciembre de 2018 esta persona le pide a Oldani un número de cuenta para hacer un depósito. El operador turístico responde: “Tienen que ir a Córdoba 1438 3er piso Mutual 29 de Noviembre, preguntan por Carlos Ciochetto y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani (…) si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conoce porque esto es la mutual que tienen…que tiene Carey para hacer algunas cosas en este color”.

En su web, la Mutual ofrece a sus asociados beneficios en Turismo Carey y Estancia La Rinconada, un emprendimiento inmobiliario del Grupo en Ibarlucea.

El presidente del Club Estancia La Rinconada Polo & Golf es Patricio Carey, Pato, quien en la red Linkedin también se presenta como gerente del Grupo Carey entre febrero de 2014 y agosto de 2017, asesor financiero de la Mutual 29 de Noviembre entre septiembre de 2017 y agosto de 2019 y vicepresidente de Cofyrco SA.

Esa financiera fue allanada en 2020 por la venta de dólares ilegales comprados por el narco asesinado Marcelo Coto Medrano, una de cuyas operaciones por 17.600 la hizo el día que lo mataron, el 10 de septiembre pasado. En los meses previos había adquirido unos 35 mil en divisas, mientras la Justicia determinó que jamás tuvo actividad lícita declarada.

Por esa razón Carey fue imputado junto al presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, y a otras tres personas, por lavado de activos y encubrimiento.

Tras los procesamientos de Bailaque en abril, las defensas de los acusados apelaron. Esta semana, la Cámara Federal rosarina confirmó la resolución de primera instancia, que considera a Virginia Oldani y María José Calle como “brazos ejecutores de las maniobras delictivas”.

La ratificación, implica que los acusados irán a juicio por “intermediación financiera no autorizada”.

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