Los allanamientos por presunto espionaje, sin información pero con mucha especulación. La intencionalidad política del “elenco estable” del poder provincial, sus antecedentes. Persecución a Sain y la pública enemistad con un fiscal prometedor.
La intencionalidad político-institucional de los allanamientos a las sedes rosarina y santafesina del Ministerio de Seguridad provincial del viernes 26 de noviembre, en una investigación por presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información estatal, quedó expuesta en las declaraciones periodísticas del diputado radical Maximiliano Pullaro, quien afirmó que se trata del “hecho más grave de la democracia santafesina” porque “es una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, aunque aclaró que no conoce la evidencia recolectada por los fiscales del caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, sino que su dictamen se basa en “las crónicas periodísticas” que, por cierto, aportan poco. Es decir, no sabe de qué se trata, pero asegura que es el hecho más grave “de la democracia santafesina”. Los investigados, desde el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain hasta parte de su equipo que continuó en la gestión de Jorge Lagna, están convencidos de que se trata de un caso de lawfare pergeñado por un entramado político-judicial-mediático y ejecutado por el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien mantiene una enemistad pública con el ex funcionario y tiene motivos para ello. El concejal rosarino de Cambiemos, Roy López Molina –y no un legislador oficialista- sostuvo tras el resonante episodio que evoca a la bóveda en la casa de Cristina Fernández Kirchner que sólo se vio en forma de fantasiosa réplica en el programa televisivo de Jorge Lanata, que “en Santa Fe el nuevo objetivo del elenco estable es la construcción de un relato para garantizar que nunca más nadie se atreva a perseguir a las poderosas mafias que explican la violencia: como no alcanzó con la demonización de Sain, ahora pretenden crear la idea de espionaje”.
Si un fiscal federal excavó suelo patagónico en busca del dinero enterrado sin conseguir los resultados deseados, pero parte de la opinión pública aún considera cierto ese relato, el “espionaje ilegal en Santa Fe” sentenciado por parte de los medios de comunicación incluso antes de una audiencia imputativa que certifique cierta apariencia de responsabilidad penal y exponga evidencia al respecto, posee todas las chances de asentarse como una verdad tan inconsistente como irrefutable.
Tan grotesco luce todo que ni la prensa ni las oposiciones políticas se preguntaron sobre la posible responsabilidad del actual ministro Lagna, que ejerce el cargo hace ocho meses, acerca de la supuesta existencia de una estructura de espionaje ilegal que habría funcionado en la cartera que conduce, a pocos metros de su despacho, según las crónicas periodísticas aludidas por Pullaro. ¿No debería ser el ministro el principal sospechoso de lo que ocurre en su cartera? Determinar quién advirtió a los fiscales que el viernes 26 un grupo de seis funcionarios del Ministerio de Seguridad rompía papeles en las oficinas que dejaban, luego de presentar sus renuncias y no antes, tal vez permita aportar un poco de luz sobre la todavía opaca trama.
“Carpetas varias”
Mientras en forma casi simultánea a los allanamientos en Rosario y Santa Fe los medios del más grande multimedio de la provincia publicaban –aunque no fueron los únicos- versiones sobre la presunta existencia de “mil carpetas” con información de políticos, empresarios y periodistas que eran secuestradas en las sedes del Ministerio de Seguridad, en el acta del procedimiento realizado por el Organismo de Investigaciones y supervisado en vivo por los fiscales Hernández y Jiménez, la fantasía de una KGB santafesina se reducía al impreciso “carpetas varias”.
Así quedó plasmado en el acta oficial, de la que los sospechados pudieron obtener copia no sin antes tener que elevar el volumen de sus voces, ante la negativa de los policías a otorgársela. El acto se realizó, para curiosidad de los investigados, sin la presencia de testigos.
En escritos presentados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el martes 30, Sain y los funcionarios involucrados indicaron que el procedimiento estuvo plagado de “irregularidades”, que se realizó “sin orden judicial” y con “absoluta amplitud e indeterminación” del objeto de la medida, es decir, sin detallar lo que la Policía tenía que secuestrar.
Para el abogado que representa al ex ministro, Hernán Martínez, se trató de un caso en el que los investigadores “van de pesca”, término de uso jurídico que significa allanar o requisar un sitio a ver qué se encuentra, procedimiento contrario a lo que indica la ley, que dispone que las órdenes en ese sentido deben ser detalladas y precisas.
En una entrevista con Radio 10, el mismo día que el expresidente Mauricio Macri fue procesado por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, Sain explicó que “lo que requisaron es la oficina donde se hacía el control policial, Asuntos Internos, y esa oficina está a diez metros de la oficina del ministro y se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales”
—¿Vos qué decís, que hay más una maniobra de encubrimiento que otra cosa?—, preguntó el periodista Pablo Duggan.
—Y, no sabemos, porque el acta de secuestro dice «carpetas varias», con ese grado de imprecisión, sin testigos.
—Pero, ¿de dónde sale la versión de que son carpetas en donde vos hacías supuestamente inteligencia y demás?
—La prensa. No, eso lo han dicho autoridades judiciales, lo ha dicho el fiscal Hernández y lo ha dicho el fiscal General (Jorge Baclini), dijo que la carátula del expediente es en relación a la Ley de Inteligencia.
—¿Y qué tenés para contestarle?
—Nosotros siempre hicimos investigaciones dentro del marco de las causas judiciales. No solamente eso, el Ministerio también contribuía a las causas judiciales, de hecho ahí se trabajaba mucho con el Organismo de Investigación, pero siempre en el marco de causas judiciales. Se habló en la prensa, porque fue un gran lawfare, de carpetas sobre periodistas, sobre empresarios: eso lo desmiento rotundamente. Pero, además, yo me fui hace ocho meses del Ministerio, si yo hubiera hecho algo así y formado una gran estructura de inteligencia, ¿hubiera dejado una oficina que está a 20 metros del ministro y el ministro convivido con todo eso durante ocho meses? Es una locura, fíjate que no había terminado el allanamiento el viernes y ya un diario muy importante, La Capital, estaba publicando que había carpetas de inteligencia.
Equitativa distribución
Para entender este presente es necesario hurgar en el pasado reciente. La constitución del MPA como órgano del nuevo sistema penal santafesino, que entró en vigencia a principios de 2014, no estuvo ajena al reparto político por medio de un acuerdo entre el entonces gobernante Frente Progresista y la pata legislativa del justicialismo.
Decenas de exfuncionarios políticos del Frente Progresista, socialistas y radicales, pasaron del gobierno a la estructura del nuevo sistema penal, en fiscalías y defensorías. Algunos de ellos –de una lista mucho más extensa y sin que su mención aquí signifique juicio alguno sobre sus capacidades técnicas ni su estatura ética- fueron Guillermo Rabazzi, Carla Cerliani, Mariano Bufatrini, Fabio Mudry, Diego Poretti, Matías Drivet, Rafael Coria, Rolando Galfrascoli, María Laura Blacich, Gonzalo Basualdo, Hebe Marcogliese y Julia Tonero.
En 2017, cuando se produjo la renovación de autoridades del MPA, el radicalismo propuso a Jorge Baclini –hasta entonces fiscal Regional en Rosario- para ocupar la Fiscalía General en reemplazo de Julio De Olazábal, y el peronismo a Patricio Serjal para la Fiscalía Regional de Rosario.
En un caso que encuentra similitudes con el de Sain, a fines de 2016 había sido suspendido de su cargo como titular del Servicio Público de la Defensa el molesto Gabriel Ganón, cuyo lugar fue ocupado por Jaquelina Balangione, la esposa del miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, primo político de quien lo propuso para ese cargo, el ex gobernador Carlos Reutemann.
También la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales del gobierno de Antonio Bonfatti, María Cecilia Vranicich, una abogada que trabajó durante años en el estudio del exministro de Justicia, Héctor Superti, fue ungida como titular de la Auditoría General de Gestión del MPA.
Pero más curioso es la antesala de la llegada del cuestionado fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, a ese lugar.
Arietti había sido hasta entonces el jefe de la Regional 5ta del MPA, con sede en Rafaela, bajo cuya autoridad ejerció el rol de fiscal de grado Diego Fernando Vigo, quien lo reemplazaría a partir de 2017.
Vigo estuvo a cargo de una investigación por presuntas irregularidades en la distribución de subsidios del senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), que tuvo causas espejos en Rosario por las mismas sospechas.
Los fiscales rosarinos de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos que investigaron esos legajos fueron apartados de sus funciones apenas asumió como fiscal Regional Patricio Serjal, hoy imputado con prisión por el supuesto cobro de coimas al capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti, en la misma causa en la que todavía está implicado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri.
En marzo de 2017 Vigo archivó la causa a Gramajo. Su entonces jefe Arietti explicó que “no había elementos para continuar la investigación”. En abril, con dictámenes de la comisión de Acuerdos firmados por Gramajo y con su voto en el recinto, Arietti fue designado fiscal Regional de Santa Fe y Vigo de la circunscripción 5ta, Rafaela.
Entonces Arietti pidió “no especular” con la conexión y cercanía temporal de ambos hechos, puesto que “los legisladores votaron” y “nosotros resolvimos lo que vimos”.
Ariete judicial
Arietti es ahora el superior de los fiscales Hernández y Jiménez, los que impulsan la investigación sobre la presunta violación a la ley de Inteligencia por parte –aparentemente- de funcionarios del Ministerio de Seguridad, excepto Lagna.
Cuando Sain renunció en marzo pasado al gabinete de Perotti, Arietti interpuso un planteo para que no pudiera regresar a su cargo concursado como director del Organismo de Investigaciones. No bastaba con que dejara el gabinete, debía dejar la provincia.
El planteo, con el guión ya escrito por la oposición política, fundamentalmente el bloque radical de diputados que preside Pullaro, apuntó al hacinamiento en las comisarías, presuntas escuchas ilegales (ya desde entonces) y supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armamento policial, que finalmente se suspendió, lo que dificulta la consumación de un delito.
Un planteo similar habían realizado los bloques de diputados del Frente Progresista, el PRO y Somos Vida apenas Sain renunció al Ministerio. Unos días después se sublevó el fiscal Regional Vigo, quien ordenó a sus inferiores que no deleguen investigaciones en el OI mientras lo dirija Sain. Para fundamentar la secesión de la Fiscalía Regional 5ta del resto del MPA, se apoyó en la denuncia de Arietti ante la auditoría interna, que se declaró incompetente para entender en el asunto.
La denuncia no prosperó y Baclini aceptó el regreso de Sain al OI, mientras desde la Legislatura el senador de la UCR, Lisandro Enrico, impulsaba su remoción por mal desempeño e incompatibilidad, atento a que había sido ministro de Perotti y ahora podía dirigir investigaciones que alcanzaran a funcionarios públicos. Antes había fracasado un juicio político para destituirlo, pues ya había renunciado.
A fines de diciembre de 2020 Enrico y otros senadores radicales votaron, junto a una de las bancadas del PJ, la que conduce Armando Traferri, contra el desafuero del jefe político del departamento San Lorenzo, requerido por la Justicia como presunto organizador de una red de juego clandestino. Lo que puede leerse como una acción corporativa de autoprotección.
La embestida contra Sain trastabilló con un fallo judicial que dejó sin efecto el impulso removedor, pero Enrico volvió a la carga con el mismo planteo, esta vez basado en los tuits “proselitistas” que publicaba Sain que, según consideró, no maridaban bien con el artículo 89 de la Constitución Provincial, que establece que “los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.
Para poner en evidencia que no era la adhesión partidaria de Sain lo que molestaba sino el alcance de sus investigaciones hasta las complicidades políticas y judiciales, durante la reunión conjunta de diputados y senadores que votó su remoción, el diputado peronista Leandro Busatto leyó los tuits del segundo en orden jerárquico del OI, Víctor Moloeznik: “CFK acaba de superar a Blumberg hablando de los jueces «garantistas». Le está fallando la medicación a la talentosa abogada?”, dice uno.
En otro trata de “chorizos” a los adherentes a la agrupación La Cámpora y en uno más, entre varios, sostuvo: “Escucho a Perotti decir «el estado se administra como una casa». Concepto neoliberal, pero además, sobre todo, de pedorro vuelo intelectual”. También bregó en la red social por “Bonfatti gobernador, Lamberto diputado!!”.
Antes de ser subdirector del OI, Moloeznik fue un ascético asesor del Ministerio de Justicia durante la gobernación de Hermes Binner y subsecretario en la cartera de Seguridad, con Raúl Lamberto como su conductor, en la gestión de Bonfatti.
Las enemistades cosechadas por Sain en poco más de dos años en el corazón del bloque de poder histórico de la provincia –el que el concejal López Molina llama “elenco estable”- se unieron finalmente en una votación que lo removió del cargo como director del OI. Pero la historia no había terminado.
“Hechos relevantes”
En los escritos que Sain y los integrantes de su equipo presentaron esta semana al MPA, en el que denuncian “irregularidades” en los procedimientos del viernes 26 y solicitan el apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez de la investigación por “falta de objetividad”, trazan el mapa de la “enemistad evidente” que el fiscal Regional Arietti posee con ellos. Y que, en el caso de Sain, se señala que es “recíproca”.
La presentación, a la que accedió El Eslabón, señala que en 2020 en Santa Fe se produjeron “tres hechos de relevancia institucional”.
El primero fue el caso “Peiti”, una investigación que “reveló los vínculos de integrantes del Poder Legislativo, así también como de policías provinciales y dirigentes políticos” con una organización ilícita.
Por esa megacausa fue imputado el ex diputado provincial y asesor legislativo del PJ, Darío Scataglini, por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones”, al alentar el ingreso de la empresa Wildar Gaming SRL, de Peiti, para que la Lotería de Santa Fe le otorgue la explotación de terminales virtuales de juegos de azar.
Del otro lado del mostrador apareció un ex funcionario del Frente Progresista, el secretario de Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes, quien como apoderado de la firma de Peiti hizo la solicitud a Lotería. Luego, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Peiti le cedió “simuladamente” cuotas accionarias de la firma a Fernández Chemes, porque el prontuario del empresario resultaba un escollo para acceder al negocio lícito.
Finalmente, el abogado fue imputado junto a Peiti y el exconcejal de Rosario y empresario frigorífico, Oscar “Popy” Larrauri, en una causa por presunta “estafa procesal con lavado de activos” por maniobras con lotes en Funes y Casilda.
Volviendo al escrito de Sain, reseña que en la causa por juego clandestino “Peiti dio cuenta de una instancia superior comandada por un senador provincial, quien presuntamente se desempeñaba como organizador de dicha red de juego clandestino y a quien, a su vez, Peiti debía abonarle determinada cantidad mensual de dinero”.
Traferri, el senador en cuestión, fue convocado a audiencia imputativa pero, por mayoría, el Senado rechazó su desafuero y el asunto se discute ahora en la Corte Suprema de Justicia provincial, luego de que un camarista declarara inconstitucional un artículo de la norma procesal y de la Constitución provincial que legislan sobre la “inmunidad de proceso”.
El segundo hecho de “relevancia institucional” mencionado por el ex ministro es el caso Oldani, la investigación por el asesinato en febrero del año pasado del empresario turístico santafesino Hugo Oldani, que derivó en una causa federal con diez procesados por intermediación financiera no autorizada.
Sain confrontó entonces con el fiscal Regional Arietti al entender que, además del homicidio, debía investigarse la desaparición de la escena del crimen –que, luego se supo, fue con la anuencia de la subordinada de Arietti, la fiscal Cristina Ferraro- de más de 3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares, que pusieron en evidencia el funcionamiento en el lugar de una cueva financiera.
Finalmente, el entonces ministro logró que la causa fuera al fuero federal, donde el fiscal Walter Rodríguez desentrañó la madeja y consiguió diez procesamientos.
Por un informe de la fiscal Jiménez, Arietti supo de la actuación irregular de Ferraro un mes antes de apartarla del caso, cuando el escándalo ya se había hecho público. La investigación provincial por el crimen está estancada. El vínculo entre el fiscal Regional y el ministro de Seguridad comenzó a agrietarse.
El tercer hecho subrayado en el escrito de Sain es la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad en agosto del año pasado por la “utilización por parte de la gestión del Frente Progresista –encabezada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro- de fondos reservados para la defensa de policías imputados por el homicidio de Franco Casco, un caso de gatillo fácil”.
Según la investigación que realizó Asuntos Internos, hubo desembolsos de hasta un millón de pesos de fondo reservados de Seguridad para pagar los honorarios de los abogados que asistían jurídicamente a los policías implicados en el caso.
La denuncia cayó en manos de la fiscal Jiménez –la misma de los allanamientos a la cartera de Seguridad- y, según el escrito de Sain, más de un año después la investigación “se encuentra estancada”.
Traferri, Arietti y Pullaro conforman el tridente al que apunta el ex ministro y ahora asesor de Aníbal Fernández en la cartera de Seguridad de la Nación –lo que es probable que produzca nerviosos cosquilleos- para lo que considera una persecución política por sus investigaciones.
Al concejal rosarino del Frente de Todos y diputado nacional electo, Eduardo Toniolli, la causa por presunto espionaje no le parece “seria”.
“Espero que el valor probatorio sea efectivo y real para el despliegue que han hecho, aunque no lo creo por quiénes son los actores y por cómo se han movido, y esto huele mucho a una especie de vuelto por dónde han llegado algunas investigaciones que involucran al poder económico, político y judicial, como el caso Oldani”, dijo a Radio UNR (ver aparte).
Rivalidad pública
Sain y parte de su equipo pidieron en varias presentaciones al MPA, como se dijo, que aparte a los fiscales que los investigan por “falta de objetividad”.
“Resulta evidente (y de hecho es pública y notoria) la rivalidad entre el señor fiscal Regional, Carlos Arietti, y el suscripto”, señala Sain.
Recuerda que “el propio Arietti fue quien solicitó mi destitución” como director del OI y agrega que “si bien en dicha oportunidad el pedido no prosperó, finalmente fueron los mismos legisladores oportunamente investigados quienes la determinaron por sí y ante sí en el ámbito de la Asamblea Legislativa, situación que aún se encuentra judicializada”.
También recuerda que “se hizo conocida” la instrucción de Arietti a sus subordinados de “no dar información ni acceso a los legajos al OI mientras me encuentre como director”, sigue el escrito.
Y agrega que “la situación es recíproca: he acusado –con sólidos fundamentos y evidencias- en reiteradas oportunidades al doctor Arietti por no investigar las causas” mencionadas, “en una abierta crítica al funcionario”.
Así, Sain considera que “en tal contexto, resulta imposible pensar en el cumplimiento del deber de objetividad por parte de cualquier funcionario que responda jerárquicamente al docto Arietti”, por lo que solicita el apartamento de Hernández y Jiménez “sin desmedro del alto criterio que ellos merecen al suscripto, a fin de preservar el principio rector de objetividad que debe primar en la investigación”.
La carencia de información oficial sobre los allanamientos al Ministerio de Seguridad torna difícil brindar precisiones sobre el caso. Los investigados desmienten haber violado la ley, los investigadores se llamaron a silencio, prudente decisión por la resonancia política de la causa.
Perotti solicitó al Fiscal de Estado una auditoría de la cartera de Seguridad y dijo que pondrá sus resultados a disposición de los fiscales del MPA que instruyen el legajo penal.
Sin información veraz, el escenario se vuelve propicio para el rumor, los trascendidos, los siempre interesados off the record. Por ahora, sólo es posible analizar las acciones conocidas de los actores en juego, que contextualizan el escenario en el que se desenvuelven los hechos.
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