La confirmación de la condena al comisario Druetta, modelo policial del ex ministro Pullaro, ratifica los límites de la “lucha contra el narcotráfico” por esos medios y con esos métodos. ¿Vuelta a la autorregulación policial?
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana la condena a 10 años de prisión a un policía antinarcóticos de Santa Fe que encarnó el modelo de “lucha contra el narcotráfico” del ex ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro, ahora deslizado hacia Juntos por el Cambio. El fallo ratifica, una vez más, que sin la férrea conducción política y técnica de las fuerzas de seguridad y un control efectivo de sus integrantes, la eficacia estatal en la persecución de las tramas ilícitas se convierte en una utopía inalcanzable que desemboca en la actual distopía de la principal ciudad de la provincia. La ausencia de un debate serio sobre cómo encarar una política de seguridad pública a largo plazo, que exceda a una gestión de gobierno y apunte a los temas estructurales que siempre quedan relegados por las urgencias que imponen las oscilantes estadísticas sobre homicidios y balaceras, puede permitir un aprovechamiento político de tal o cual situación coyuntural en el corto plazo, pero no más que eso.
Partícipes necesarios
El 19 de abril, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Carlos Carbajo, integrantes de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmaron la sentencia dictada el 11 de marzo del año pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario, por la que fueron condenados Ignacio Actis Caporale, alias Nachito u Ojitos, como jefe de una organización narco que vendía estupefacientes en el centro de la ciudad, junto a otros siete miembros de la organización criminal.
Esa sentencia también supuso el fin de la carrera policial del comisario Alejandro Miguel Druetta, Speedy, que había sido detenido en 2019 como presunto cómplice de la banda de Nachito. Fue condenado a 10 años de prisión al ser considerado “partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público”.
Su compañero de trabajo, el policía Juan Ángel Delmastro, Tiburón, recibió una pena a 7 años de prisión, pero su carrera se interrumpió antes. Había sido condenado a seis años y seis meses como partícipe secundario del crimen de una adolescente, Lourdes Cantero, ocurrido el 14 de mayo de 2013 en el barrio de La Carne.
Esa sentencia estableció que le había otorgado una suerte de permiso oficial a uno de los jefes de la narcobanda Los Monos, Ramón Machuca (alias Monchi Cantero), quien lo había consultado para balear un búnker de venta de drogas competidor de otro suyo, para saber si estaba “habilitado” por la brigada de Drogas Peligrosas, en la que revistaba el suboficial. Tiburón dio el okey y la balacera a la fachada de la vivienda derivó en el asesinato de la adolescente.
Ésa es parte de la policía real de la provincia de Santa Fe, cuyo intento de modernización y reforma impulsado el año pasado ni siquiera fue discutido por la Legislatura.
Al día siguiente de que se conociera el fallo de Casación confirmando la sentencia del TOF3 de Rosario, la jefa de la Policía provincial, Emilse Chimenti, dijo en declaraciones a la prensa que “se perdió mucho el respeto a la policía” y que vestir un uniforme de la fuerza de seguridad “es uno de los trabajos más difíciles”. Cada uno sabrá.
Meteoro policial
Antes de caer en desgracia, el comisario Druetta construyó una ascendente carrera en la fuerza. Se desempeñó como agente entre los años 2007 y 2012 en la Dirección General de Drogas Peligrosas, primero en la Brigada Operativa Departamental II (Rosario), luego en la Brigada Operativa Departamental VI de Villa Constitución y también en la Departamental VIII de Venado Tuerto. En estos dos últimos destinos fue el jefe antinarcóticos y, según la sentencia, fue el período en el que se vinculó al narco Actis Caporale.
En forma sintética, la relación consistió en lo siguiente: según la declaración de Nachito, Druetta lo cruzó en la plaza Pringles de Rosario con drogas en 2007 y, a cambio de no detenerlo, lo puso a “trabajar” para él.
Así, Actis Caporale y su banda se extendieron a Villa Constitución cuando el comisario tuvo ese destino, y según unos llamados incorporados a la causa lo tentó para vender drogas en Venado Tuerto cuando lo enviaron a esa ciudad.
Pero básicamente, el vínculo consistía en que Actis contaba con la cobertura de Druetta y Delmastro –ambos de Drogas Peligrosas– a cambio de entregarles información y nombres de otros presuntos comercializadores de estupefacientes que, en al menos seis casos, fueron detenidos y “embagallados” por los policías.
En la jerga policial-criminal, ese término significa plantar la droga que se secuestra. El objetivo de los uniformados, según la sentencia que los condenó, era presentar casos “positivos” ante sus jefes y ascender en la carrera policial. Druetta lo logró, hasta que todo se malogró.
Uno de los casos consistió en entregar a un hombre llamado Jerónimo Zabala Salinas, en virtud de un conflicto que mantenía con el asesinado Roberto Pimpi Camino, entonces líder de la barrabrava de Newell’s Old Boys, recuerda la sentencia.
Un testigo de los hechos y miembro de la banda de Actis, llamado Leandro Cano, dijo sobre ese episodio que “se había reunido con Delmastro y con Druetta, quienes les dijeron que había un pibe que tenía problemas con la gente hincha de NOB y que al laburo había que hacerlo «sí o sí» porque «éramos o Nacho y yo o Jerónimo, nadie más, o sea que si no iba alguno preso íbamos nosotros dos»”.
El laburo era arrestar a Jerónimo para que no interfiriera en los planes del jefe de la barra Leprosa. El vínculo de los polis con Camino estaba ligado a la situación de vecindad de la suegra del Delmastro con Pimpi, según contó Nachito.
En Villa Constitución ocurrió algo similar. Un joven que festejaba un cumpleaños con amigos fue detenido cuando bajó a comprar bebidas. Tenía dos porros en el auto, pero terminó embagallado.
“Estuve diez días detenido, con terapia porque no quedé bien de lo que pasó. Estuve once años viniendo a firmar (al tribunal). El año pasado en una audiencia me hice cargo. El defensor me dijo que era lo más conveniente”, relató en el juicio, en el que terminó autoincriminándose.
“Cómo voy a hacer yo para ir en contra de la policía, no le iba a ganar a la ley así nomás. Yo no quería ir preso porque tengo dos hijos. Yo no iba a declarar por miedo a esta gente, porque tengo miedo que me pase de vuelta”, abundó el testigo.
Dijo que “Galli, Druetta son todos de Villa Constitución, que es donde yo vivo”. ¿Quién es Galli?, le preguntó el tribunal. “El socio de Druetta, el que le movía todo el estupefaciente en Villa. Lo sé porque yo iba y les compraba a ellos”.
Modus operandi
Pero antes de que se conociera su modus operandi, el comisario condenado por conductas opuestas a la función encomendada, se convirtió en una suerte de mano derecha del entonces ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz, el ahora diputado Pullaro.
Druetta constituía un modelo eficaz de policía que cuajaba con el discurso de “lucha contra el narcotráfico” de aquella gestión –y de anteriores y posteriores–, que por lo general circunscribe su acción a la respuesta policial de un fenómeno multicausal y por demás complejo.
Speedy garantizaba “positivos” y cuando fue trasladado a Venado Tuerto, como jefe, debutó con la detención de Andrés Ascaíni, el Vasco, un narco de Villa Cañás conocido pero no perseguido judicialmente, que el propio Pullaro había señalado siendo diputado provincial en una sesión de la Cámara.
Aquella denuncia pública –que sumaba el nombre de Aldo Totola Orozco, con la misma actividad pero en Firmat– supuso el salto de Pullaro hacia los temas de seguridad, y unos años después significó su inclusión como ministro del área en el gabinete de Lifschitz.
Druetta siguió sumando puntos y confianza con quien luego sería ministro y quien lo convirtió en su hombre de confianza desde el área de contrainteligencia de la entonces PDI de Rosario.
Hasta que se conoció que la eficacia del robocop antinarcóticos radicaba en plantar drogas, armar falsos positivos y encubrir a una banda criminal.
En el mismo lodo
Por eso, cuando Speedy fue condenado, la refriega política se encargó de enrostrarle a Pullaro aquél estrecho vínculo.
El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, respondió en febrero pasado a un tuit del diputado que criticaba su gestión: “Mirá lo que dice Maximiliano Pullaro: «Aníbal Fernández no sabe lo que es combatir el narcotráfico»”.
Tras adjuntar una fotografía que muestra a Pullaro y Druetta juntos, remató: “Qué pedazo de rufián”. Fernández recordó que Druetta fue la “vedette de la lucha contra el narcotráfico en el sur de la provincia de Santa Fe, durante toda su gestión ministerial”, y que había sido condenado.
“Lo más interesante es que Maximiliano Pullaro lo designó al frente de la división narcotráfico sur de la provincia de Santa Fe, después que Druetta fuera denunciado por el fiscal provincial Lagos, por sus vinculaciones con el narcotráfico en el año 2012”, siguió.
El diputado radical se defendió. Dijo que “es una foto de mi trabajo en el territorio. Además, debo haber nombrado más de 1.000 jefes de diferentes áreas en toda la provincia de Santa Fe. Obviamente con muchos me equivoqué y con muchos acerté”.
El muerto en el placard de Pullaro debería llamarlo a una serena reflexión sobre las cuestiones de seguridad pública, cuya complejidad conoce de primera mano, así como su uso político en manos opositoras sin responsabilidad de gestión.
El problema de los homicidios y la violencia altamente lesiva –como la designa el lenguaje académico– asociada a los mercados ilegales como el narcomenudeo lleva casi una década en Rosario y Santa Fe.
Enrostrarse estadísticas que a veces disminuyen insensiblemente y otras veces experimentan esporádicos saltitos es de una inutilidad superlativa. Sirve, acaso, para obtener rédito político de corto plazo, que en ocasiones pareciera ser el único plazo existente en el horizonte político de la provincia, aunque no sólo en ella.
Los cambios que se avecinan en la Policía provincial, iniciados al cierre de esta edición con el relevo del jefe de Rosario, Natalio Marciani, preanuncian un posible regreso a la conducción de la fuerza de sectores comprometidos con sus peores prácticas y deseosos de recuperar el auto(des)control. La salida de Marcelo Sain del ministerio de Seguridad primero, y de su equipo más tarde, supuso el abandono de la conducción política policial, deseosa de regresar a los tiempos de la autorregulación corporativa.
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 500 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
