Casi un siglo después de su perpetración, se juzgó la Masacre de Napalpí. Fue declarada crimen de lesa humanidad luego de una investigación que reunió testimonios recogidos por décadas por historiadores, antropólogos y miembros de las comunidades originarias.
A través del follaje leñoso, los habitantes de la Reducción Napalpí escucharon un ruido sordo. Venía del cielo y retumbaba en la mañana del invierno chaqueño de 1924. “Un pájaro de fuego”, explicaron los sobrevivientes de aquel vuelo de la muerte, del primer biplano que el Ejército le había regalado al Aeroclub del por entonces Territorio Nacional. Cuando salieron a mirar, la cacería fue feroz. Artillada con odio y balas, acribillaron desde el aire a unos 500 pobladores qom y mocoví, y persiguieron a machetazos a quienes buscaron refugio en el monte. Al mediodía, la masacre había terminado y el terreno estaba limpio para la explotación algodonera en alza, mientras las fosas comunes incineradas enmudecían para aquella sangrienta jornada.
La memoria de los pueblos la nombró Masacre de Napalpí, la historia oficial la silenció y el pasado 19 de mayo, 98 años después, la justicia la declaró crimen de lesa humanidad. Ese día, cuando la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, leyó el veredicto, con traducción simultánea a las lenguas originarias, saldó en algo el terror de los ojos que un siglo atrás querían entender cómo bajaba la muerte desde el “pájaro de fuego”, y puso otro mojón en los juicios por la Verdad.
La sentencia de Niremperger responsabilizó al Estado por la matanza, ordenó medidas de reparación a favor de las comunidades de pueblos originarios, dispuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice trabajos de excavación en las fosas y estableció que todos los niveles educativos del país incluyan en sus diseños curriculares el estudio de estos hechos ocurridos el sábado 19 de julio de 1924, y probados en el juicio que comenzó en 2014.
Lo primero que reducían las Reducciones, que funcionaron entre 1911 y 1956, era la dignidad de las personas que concentraban, casi en esclavitud, con míseras condiciones de vida. Napalpí, a 140 kilómetros de Resistencia, no era la excepción. Disciplinamiento y control social, con salvoconductos para moverse bajo las órdenes del entonces gobernador y productor algodonero, Fernando Centeno, designado por el presidente Marcelo T. de Alvear. El algodón también jugó un papel importante: los estancieros empleaban a los indios por monedas y querían expandirse en los territorios que ocupaban.
Aquella mañana, que ahora entró en la historia oficial, apareció el “cuervo blanco”, como también recuerdan haberle dicho a la avioneta, arrojando dulces y caramelos para que los niños de la Reducción salieran a los claros del monte, junto con sus padres, y entonces cazarlos como a cualquier presa. Junto con las golosinas, tiraban bombas incendiarias. Del ataque participaban policías, el Ejército, gendarmes y civiles, dueños de las estancias que después posaron con fusiles junto a la avioneta en una fotografía que el antropólogo Robert Lehmann Nistche tituló “Avión contra el levantamiento indígena, 1924”, y que está en el Instituto Iberoamericano de Berlín.
Lo que las autoridades consideraron una rebelión fue el reclamo de los pobladores de la Reducción Napalpí, que tenían prohíbido abandonarla, a quienes les quitaron sus tierras y que debían trabajar casi en condición de esclavitud en las plantaciones de algodón, oro blanco en aquella década. El vaso se colmó cuando Centeno les puso un impuesto del 15 por ciento sobre el anémico jornal que recibían. En esa misma época, circulaban los rumores de otros reclamos de trabajadores de zafras y obrajes en el noreste del país.
Será justicia
El primer juicio por la verdad, por crímenes de lesa humanidad contra una comunidad originaria en Argentina, se inició promovido por el Ministerio Público Fiscal desde la Unidad de Derechos Humanos integrada por los fiscales Diego Vigay y Federico Carniel, de Resistencia, Chaco, y reunió testimonios recogidos por décadas por historiadores, antropólogos y miembros de las comunidades originarias.
Una semana después del veredicto de la jueza Niremperger, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario abrió el ciclo “Voces en torno a comunidades originarias y conflictos”, con “La Masacre de Napalpí: Una reconstrucción judicial”, contando con la presencia del fiscal Federico Carniel y una sala de actos colmada en un encuentro que organizó el Centro de Abordajes Interdisciplinarios de lo Sociocultural y la Dirección de DD.HH y Pluralismo Cultural. La presentación estuvo a cargo del Subsecretario Académico, Federico Donner y el Director de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Santiago Montes.
“Trajimos al fiscal Carniel para iniciar un ciclo de voces que implique a las comunidades originarias y sus conflictos. Fue una excelente y prolongada reunión en la que interactuamos y además tuvimos oportunidad de ver imágenes que trajo el expositor”, explicó la Directora del Centro de Abordajes, Edith Cámpora, sobre la presencia del portavoz de la fiscalía de Resistencia en Rosario, auspiciada por la FHyA y su Decano, Alejandro Isla. Actividad de la que también participaron los Departamentos de Etnolingüística, Arqueología y Bioantropología.
La verdad histórica
En diálogo con El Eslabón, el fiscal Carniel dio detalles sobre el juicio por la Verdad y sobre la Masacre de Napalpí. “Que es una matanza que se conoce muy poco, y ese es uno de los interrogantes”, explicó sobre el hecho que tuvo lugar el sábado 19 de julio de 1924, perpetrado, según lo que se pudo obtener en la investigación, por el propio Estado Nacional. Dijo que se trató de una respuesta violenta a un reclamo legítimo por parte de los pueblos originarios mocoví y qom, luego de haber sido confinados en las Reducciones, justamente para poder ser explotados, trabajando la tierra a cambio de una compensación mínima.
“Cuando ellos comienzan a reclamar, la respuesta del Estado fue una brutal masacre en la que murieron más de 400 personas, entre mujeres, niños, adultos y ancianos. Eso es lo que nosotros fijamos como hecho en el juicio y después también analizamos los momentos previos a la masacre, cómo se fue gestando y, de los momentos posteriores, cómo el Estado mismo silenció la matanza por entender que, como ellos habían sido los responsables, no debía difundirse semejante atrocidad”, relató Carniel.
“Estamos hablando de comunidades que una década antes vivían en forma nómade, de la caza y de la pesca, con una cultura diferente, y contra ellos utilizaron un avión para perpetrar la masacre, lo cual es más tremendamente espectacular. Además, hubo antes un reconocimiento de terreno en el que incluso tiraron caramelos para que la gente se aglutine y, una vez identificado el lugar, dispararles con ametralladoras y fusiles”, explicó.
Según Carniel, fue la primera vez que la Fuerza Aérea Argentina avanzó contra la población civil: “Tristemente, después tenemos lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, y luego los llamados vuelos de la muerte. Son los tres episodios donde se utilizaron aviones contra la población civil”.
¿Cómo nace la necesidad de enjuiciar ahora estos episodios? “Junto con el equipo de la Secretaria de Derechos Humanos, de la Fiscalía a mi cargo teníamos una noción sobre la masacre a través de material bibliográfico y literario y, entendiendo que nunca se había tocado la cuestión jurídica de los hechos, comenzamos a recopilar información”, explicó. Y dijo que fue un integrante de la comunidad y descendiente de las víctimas, Juan Chico, recientemente fallecido por Covid, quien más los ayudó e incentivó.
La tarea incluyó recoger los testimonios de sobrevivientes y descendientes y allí “entendimos que podíamos tener un caso y que ese caso era un delito de lesa humanidad, por lo cual era imprescriptible. Entonces se comenzó a dar forma a esto que terminó con la sentencia definitiva”, enfatizó. Además dijo que se utilizó el formato del Juicio por la Verdad, porque son instancias que buscan un reconocimiento de la verdad histórica, con características jurídicas y cuya sentencia, si bien no se puede aplicar contra nadie porque están todos muertos, sí se dan una serie de pautas o medidas hacia el Estado, quien terminó siendo responsable en definitiva.
Entre las medidas dispuestas, en el sitio de Napalpí, que en lengua aborigen significa “gente muerta”, deberán levantar un museo por la memoria. “Son más que nada de orden declarativo, no económico ni patrimoniales”, explicó Carniel. El juicio incluyó testigos declarando bajo juramento, pruebas y alegatos. “Fue una enorme responsabilidad por un lado, porque lo que hacíamos era tratar de ser lo más objetivos y rigurosos posibles en el análisis de la información, porque cuando se estudia la historia, la impronta de cada uno puede influir a la hora de hacer un análisis”, dijo el fiscal, con respecto al devenir de la causa que encabezó. Claro que después de la sentencia sienten “una enorme satisfacción de haber contribuido a dejar un testimonio que será analizado y visto por las próximas generaciones para poner sobre la superficie semejante tragedia y que nunca más se oculte ni se vuelva a repetir”, enfatizó.
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