De un disco rígido aportado para incriminar a funcionarios de Sain, se recuperaron archivos eliminados con informes patrimoniales a Molina (UPCN) y su familia, realizados durante la gestión de Pullaro.

Un disco rígido aportado como prueba por una testigo de identidad reservada a la causa que investiga presuntas irregularidades en la recopilación de información por parte de funciones del Ministerio de Seguridad provincial –o “espionaje ilegal”, según el fiscal general Jorge Baclini–, puede convertirse en una caja de Pandora y resultar un tiro por la culata para dos querellantes del caso, el diputado Maximiliano Pullaro y el secretario general de UPCN, Jorge Molina. Los peritos que analizaron el disco duro recuperaron elementos que habían sido borrados, que fueron agrupados en una carpeta con el nombre de “archivos eliminados”. Entre ellos hay “perfiles” del capo del sindicato estatal e informes patrimoniales sobre los bienes de sus familiares y allegados realizados por la Subsecretaría de Delitos Económicos de la cartera de Seguridad entre fines de 2017 y principios de 2018, cuando el ex progresista Pullaro era su titular.

En la documentación no se hace referencia a la existencia de orden judicial o pedido de un fiscal que justifiquen las búsquedas efectuadas en bases de datos abiertas y cerradas y la confección de los perfiles, es decir, lo mismo que le reprochan judicialmente a parte del que fuera el equipo de Marcelo Sain en Seguridad. Aunque, en rigor, a un año del inicio de la investigación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, los funcionarios bajo investigación aún no fueron acusados. Sólo vilipendiados públicamente.

En la audiencia de Cámara sobre la constitución como querellante de UPCN celebrada el martes 16 de agosto pasado, en la que se debatió sobre la recuperación de los archivos borrados del disco rígido, nada se dijo sobre circunstancias que justificaran su confección. De ser así, Pullaro quedaría preso de los mismos cargos de los que acusó públicamente a los ex funcionarios de Sain –aunque en este caso con prueba contundente–, y Molina encontraría razones para enconarse con el actual diputado de Juntos por el Cambio y constituirse en querellante de una eventual investigación judicial. Podría presumirse que nada de eso va a ocurrir.

Sin novedades

A un año de la denuncia presentada por el director del Organismo de Investigaciones (OI), el tuitero bueno Víctor Moloeznik, sobre presuntas irregularidades en la recopilación de información por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sain, los fiscales Hernández y Jiménez no han acusado formalmente en una audiencia a los investigados.

La causa fue iniciada en agosto de 2021 con la denuncia del ex funcionario del Frente Progresista, Moloeznik, y alimentada por las declaraciones de un grupo de militantes de la UCR seguidores de Pullaro, que en su momento el ministro hizo ingresar a dedo al Organismo de Investigaciones, la policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Organismo que también fue generosamente nutrido con la militancia y el funcionariado frentista.

Sin novedades sobre las acusaciones y luego de nueve meses de los allanamientos realizados el 26 de noviembre del año pasado en las sedes Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, los fiscales Hernández y Jiménez centran su estrategia ahora en darle “volumen” al caso por medio de la constitución de nuevos querellantes particulares.

Así se sumaron el diputado Pullaro, luego el presidente del multimedios La Capital y Televisión Litoral, Gustavo Scaglione, más tarde el abogado penalista rosarino Jorge Bedouret y el titular de UPCN, Molina. Y la provincia de Santa Fe, claro, a través de su fiscal de Estado.

El disco

Paradójicamente, en ese proceso aparecieron evidencias acerca de la presunta recolección ilegal de información por parte del Estado, pero durante la gestión de Pullaro como ministro.

Una testigo de identidad reservada aportó a la causa un disco rígido en el que había grabado un audio que le envió Pablo Álvarez, funcionario de la cartera de Seguridad durante la gestión de Sain.

En la charla grabada hablan sobre si es oportuno “peinar” a Molina, jefe de UPCN, acción que en la jerga significa buscar información sobre una persona o un hecho.

El audio hace referencia al posible vínculo de UPCN con el dinero hallado en la oficina del asesinado empresario turístico Hugo Oldani, más de 3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares en efectivo, cuyo origen no estaba acreditado.

El abogado de Molina señaló como “especulación” intentar investigar a su cliente en relación al dinero negro secuestrado –y desaparecido con la anuencia de la fiscal santafesina Cristina Ferraro– en las oficinas de Turismo Oldani, cuyos directivos luego fueron procesados en la Justicia Federal por “intermediación financiera no autorizada”.

Dijo en la audiencia de Cámara del martes que a Molina “nunca lo indagaron por ese hecho”.

Lewis, representante de Álvarez, repuso que “la sospecha era tan evidente que hasta había artículos periodísticos que hablaban de eso”, según recordó a El Eslabón, y en la audiencia leyó una nota de La Política Online.

“Cuando se investiga no sólo se lo hace a personas que terminan imputadas, sino en ocasiones para ver si se lo puede imputar o no”, sostuvo Lewis, y aclaró que además del audio de Álvarez en referencia a “peinar” a Molina, no existe otra evidencia de que eso se hubiese llevado a cabo.

Además, remarcó, había una causa judicial en trámite, la investigación por el dinero negro encontrado en la cueva de Oldani, que derivó en el procesamiento de su hija y otras diez personas, que irán a juicio.

Sorpresa

Pero el disco rígido aportado por la testigo de identidad reservada para incriminar a Álvarez, resultó ser una caja de sorpresas.

Al ser peritado por la Justicia, se determinó que había una serie de archivos eliminados que los técnicos informáticos recuperaron.

Según pudo saber este semanario, se trata de “perfiles” realizados a Molina a fines de 2017 y, con mayor énfasis, en febrero de 2018, mientras transcurrían las paritarias estatales de ese año.

Lewis había puesto en conocimiento de los fiscales del hallazgo de esa información en la audiencia de primera instancia por la constitución de querellante de UPCN en la causa seguida a los funcionarios del equipo de Sain.

En la audiencia de Cámara del último martes, realizada a raíz de la apelación de las defensas a la decisión de primera instancia de aceptar como querellante al jefe del sindicato estatal, Lewis leyó en detalle la información contenida en los “archivos eliminados”, pero recuperados.

Se trata de informes patrimoniales de Jorge Molina, su esposa, sus hijos y personas allegadas a él en UPCN. En total fueron 15 los “peinados” entre 2017 y 2018, cuando Pullaro era ministro de Seguridad.

Los informes fueron elaborados por la Subsecretaría de Delitos Económicos de la cartera. Las búsquedas, según consta en la documentación digitalizada, fueron efectuadas por personal del ministerio con sus usuarios en bases de datos abiertas y cerradas.

Por medio de esos “perfilamientos”, la gestión Pullaro supo que dos hijos de Jorge Molina, constituyeron en el año 2009, junto a otros dos socios, la firma Casiraghi SA, con domicilio en la provincia de Mendoza.

Los mismos hijos constituyeron al año siguiente Viñas del Trébol SA, también en Mendoza, dedicada al cultivo de vid para la elaboración de vinos.

También pudieron determinar los funcionarios de Pullaro que los hijos de Molina tenían 19 y 22 años cuando conformaron la primera sociedad cuyana. Dos jóvenes emprendedores.

Y supieron que un tercer hijo del jefe sindical, que trabaja en la Cámara de Diputados de la provincia y recibe pagos “alternadamente” de UPCN, se asoció con otra persona cuando tenía 21 años, en 2013, en la firma Inversiones Hoteleras SRL, para brindar servicio de alojamiento.

El 9 de febrero de 2018, por ejemplo, funcionarios de Delitos Económicos realizaron una consulta a la base de datos Nosis –a la que se accede por un módico pago mensual– por número de cuit. La búsqueda quedó registrada en la carpeta “Molina Adriana. Ver si es familiar”, eliminada del disco sorpresa.

Las deudas que Jorge Molina tenía por entonces con el Nuevo Banco de Santa Fe, el Macro y el Hipotecario, entre otras entidades financieras, también quedaron registradas en el perfilamiento, del mismo modo que los dos lotes que tenía en Desvío Arijón, uno de ellos de 15.663 metros cuadrados compartido al 50 por ciento con su pareja, Rosanna Veneziano.

Lo que se dice, un rastrillaje exhaustivo.

Sin respaldo

Lewis dijo que, a diferencia del audio con el que se pretende incriminar a Álvarez, relativo a la causa Oldani, en los “perfilamientos” realizados a Molina por Pullaro “no consta en ningún lado que hubiese investigación, ni se remiten los informes a ningún fiscal ni ningún juez”.

“Hay perfiles patrimoniales muy detallados, pero no surge que se corresponda con ninguna causa” en trámite, abundó el abogado defensor.

El representante legal de Molina en la audiencia se quejó: consideró “improcedente” la lectura de esos informes durante la audiencia de Cámara por constitución de querellante.

El fiscal Hernández, por su parte, protestó al señalar que lo que Lewis hacía era justificar el presunto accionar de sus defendidos en conductas homologables pero realizadas con anterioridad por otros funcionarios del Ministerio de Seguridad.

“Considero que lo que hicieron mis defendidos no es espionaje, porque no hay evidencia y existía una causa judicial. Lo que decimos es que los elementos que ellos están trayendo a la causa no son incriminantes para los ahora imputados, sino para los funcionarios de Pullaro”, sostuvo Lewis.

El 26 de noviembre de 2021, antes de que concluyeran los allanamientos sin orden ni testigos –según consta en el acta– encabezados por los fiscales Hernández y Jiménez a las oficinas de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, el diputado Pullaro puso en evidencia la intencionalidad político-institucional del caso al asegurar a la prensa que lo que estaba sucediendo constituía el “hecho más grave de la democracia santafesina”, porque “es una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado” con el fin de “carpetear a políticos de la oposición”.

En aquél entonces sus declaraciones fueron interpretadas como un señalamiento –precoz, por cierto– a los funcionarios de Sain que estaban siendo requisados. Es lógico, todavía no se conocían los archivos eliminados del disco rígido sorpresa, que ahora podrían poner en evidencia un posible caso de proyección en términos psicológicos.

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